La provincia de Buenos Aires se acopla al impacto recesivo por coronavirus y ya sufrió un desplome del 34,8 por ciento en la recaudación fiscal de marzo, en comparación al mismo mes del año pasado y al índice inflacionario de 2019 que se ubicó en 53,8 por ciento. En consonancia con la baja en el tributo, acentúa su dependencia a la Casa Rosada, lo que termina limitando su capacidad de refinanciar los pasivos bonaerenses.
Después de más de 50 días del inicio del confinamiento, los perspectivas sobre las actividades productivas no alientan repuntes a mediano plazo, y las negociaciones con acreedores extranjeros se encuentra empantanada por lo que suceda con la deuda nacional.
Mercado financiero: una negativa heredada y anticipada
La calificadora Moody´s bajó en abril el status de los títulos de deuda de la Provincia a nivel global y nacional, llevándolos a Ca, una escala previa al grado más bajo. De esta forma, los bonos con los que debe sortear la gestión del gobernador bonaerense Axel Kicillof se encuentran en un estadio “altamente especulativos con generalidad de incumplimiento en el pago”.
La revisión se dio a conocer un día posterior a la presentación oficial del proyecto de reestructuación lanzado desde La Plata por un monto total de 7148 millones de dólares bajo ley extranjera, y que ya recibió el primer rechazo de “El Grupo”, titulares del 40 por ciento de los bonos que se aprestan a negociar. Con la fecha límite este lunes, la gobernación se muestra expectante al nivel de conciliación a la que se arribe en la propuesta nacional que impacta de lleno en los pasivos bonaerense, uno de los motivos por los que Moody’s acentuó el desplome en la calificación.
Con la imposibilidad de acceder al mercado crediticio a tasas convenientes, la Provincia vuelve a estrechar dependencia con la Casa Rosada y las transferencias en carácter de Coparticipación Federal que sumaron a los fondos de salvataje por el contexto pandémico, representó sólo en marzo un repunte del 33 por ciento en la expansión monetaria del Banco Central, lo que elevó un total de 600.000 millones inyectados en circulación.
El intento fallido en enero “pre coronavirus” de reperfilar el vencimiento por 257 millones de pesos anticiparon un proceso de negociación trunco, con resultados asfixiante para las cuentas bonaerenses. Según se desprende del Informe de Estado de Situación de Deuda de 2019, la gestión de María Eugenia Vidal dejó como herencia un repunte del 16,6 por ciento del stock en pasivos, mientras que el porcentaje de obligaciones en moneda extranjera se aceleró a 5050 millones de pesos, lo que representó el 87,1 por ciento de alza. Además, el 76 por ciento de los vencimientos de deuda para 2020-2023 se corresponde a obligaciones contraídas durante la antigua gobernación.
El escenario se muestra aún más adverso por las previsiones de caídas recaudatorias del 40 por ciento promedio en lo 135 partidos para el mes de abril, que se suma al parate de la cadena productiva nacional, que hoy mantiene en funcionamiento sólo el 20 por ciento de su capacidad.
Industria bonaerense: contagio pesimista y auxilio de ATP
El titular de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPA), Martín Rappallini, calificó en diálogo con AUNO al estado que atraviesa el sector como “momento crucial”, en donde no sólo se debe sortear con el congelamiento de las actividades, sino que además con las tardanzas en la otorgación de líneas crediticias al 24 por ciento para lograr paliar el desplome y “no terminar con las empresas que se encuentran paralizadas”.
Las múltiples instrumentaciones que se han puesto en marcha desde el inicio del confinamiento marcaron, sólo en lo que respecta al Plan Impulso dispuesto por el Banco Provincia, un descubierto de 2200 millones, que ya asistieron 2200 pymes, con la posibilidad de financiación a 90 días.
A esto se le suma el programa de Emergencia de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) bajo la órbita de la AFIP y que contempla el pago de la mitad de los salarios para más de dos millones de empresas en todo el país, de las cuáles sólo 25000 firmas son representadas por la UIPBA, algunas de ellas asentadas en los más de 79 parques industriales ubicados en territorio bonaerense.
Sin embargo, el estadio pandémico y a pesar de la excepción de limitadas actividades esenciales sintieron el impacto recesivo en los balances del tercer mes del año. La industria metalúrgica bonaerense operó en marzo sólo con el 42,5 por ciento de la capacidad instalada lo que demarca un golpe al segundo motor económico provincial después de los servicios, que representó en 2019 el 47,2 por ciento de participación en la economía bonaerense.
Además, el informe de situación de la Asociación de Empresarios Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) dio cuenta que la caída de la actividad de las empresas del sector radicadas en el AMBA, en un 26,3 por ciento en relación a marzo de 2019, mientras que en el interior de la Provincia el número se ubicó en 21 por ciento.
Mercado laboral: la inevitable debacle y salvoconducto IFE
Otro factor estructural que la Provincia verá desacelerar es el indicador laboral. El Fondo Monetario Internacional prevè una caìda del -5,7 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) nacional y un aumento en el desempleo y subempleo informal, que ya en último cuatrimestre de 2019 representó en el territorio bonaerense el 10,8 por ciento.
La suerte de los asalariados formales no será muy distinta. En Argentina, los empleados del sector privado culminaron diciembre con una reducción del 2,7 por ciento interanual, en tanto que los monotributistas sólo pudieron sortear la tendencia hacia la baja con un repunte ínfimo del 4,3 por ciento, sector que hoy se muestra como el más golpeado y engrosa el nùmero de 2,9 millones de alcanzados en la provincia de Buenos Aires para el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) – este universo lo componen asalariados y cuentapropistas informales, monotributistas de bajos recursos y trabajadores de casas particulares.
Con estos números pre pandemia, la vulnerabilidad del asalariado público y privado ya prevé un agravamiento. Según el informe sobre Impacto del Aislamiento en el Mercado de Trabajo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los hechos vinculados a la ruptura contractual o al riesgo de ruptura contractual en abril estuvieron al borde de duplicar los casos registrados en marzo (de 23 a 41 casos), acompañados por un proceso similar en la cantidad de trabajadores afectados (de 4.716 a 7.893).
En cuanto al riesgo salarial –atraso en el pago de salarios, casos de reducción salarial, suspensiones con reducción salarial y acuerdos con gremios consistentes en reducción de salarios e imposibilidad de despidos– se produjo un salto en la primera quincena de abril, de 9 a 81 casos, afectando a 9.830 trabajadores en marzo y 287.233 trabajadores en abril.
En el sector privado la amplia mayoría (58 por ciento) de los despidos y suspensiones corresponden al sector servicios, seguido por construcción (19 por ciento), industria (14 por ciento), comercio (5 por ciento) y sector primario (4 por ciento), esquema de orden que se corresponde con la participación de estos rubros en el motor económico bonaerense.
Sin aún contabilizar los agujeros fiscales que impondrá la lógica del contagio del covid-19, en territorio bonaerense se evidenció además durante el segundo semestre de 2019 un repunte en la pobreza, que afectó al 35,2 por ciento de las personas en los partidos del Gran Buenos Aires (13 millones de personas) y el 26,1 de los hogares.
La tasa de indigencia también prevé un agravamiento que logrará sobrepasar los indicadores con lo que selló el año pasado: 8,6 de hogares bajo esa nómina, y 11,3 de personas en la mismo estadio (variable ingreso).
AUNO-11-05-20
EM-SAM
