Lomas de Zamora, marzo 14 (AUNO).- El Ministerio de Seguridad, encabezado por Nilda Garré, dio a conocer el lunes un protocolo de intervención policial para ejecutar los mandatos ordenados por el fallo de la Corte Suprema para el saneamiento de la cuenca Matanza – Riachuelo, en el marco de la ocupación de un complejo de 200 departamentos en edificios en el Bajo Flores.
Si bien el protocolo es una decisión de la coyuntura derivada por la toma de viviendas, se prevé que en el futuro sea utilizado en conflictos que tengan que ver con la problemática de la cuenca, como la que se registran en predios de Lomas de Zamora y Lanús.
Luego de que el juez Federal de Quilmes Luis Armella ordenara el allanamiento y desalojo del predio donde se reubicarán al menos 204 familias que habitan en las inmediaciones del Riachuelo, la cartera de Seguridad desarrolló un programa que intentará “adecuar las reglas de actuación de las Fuerzas de Seguridad a los nuevos y complejos escenarios sociales de la cuenca”, según precisó un comunicado.
En medio de la disputa entre los gobiernos nacional y porteño por la relocalización de quienes viven sobre la cuenca y el desalojo de los edificios del Bajo Flores, Garré indicó que el protocolo apuntará a la resolución de “contingencias” como “nuevos asentamientos ilegales” u “obstaculización del dragado de a cuenca”.
De esta forma, la creación del plan, que será presentado al presidente de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Juan José Mussi, se encuadra en la resolución de Armella, que requirió a ese organismo y a los gobiernos involucrados la planificación de un nuevo sistema de información para la asignación de viviendas y el desarrollo de medidas para la custodia y preservación de los predios.
En referencia a la ocupación de casi diez días en el Bajo Flores perteneciente a ACUMAR, Garré recalcó que el protocolo policial se adecua “efectivamente” a lo determinado por la Justicia y aseguró que “quienes pretenden no tener parte en el problema, no van a obtener del Gobierno nacional reacciones espasmódicas”.
Por otra parte, informó que investigadores dependientes del Ministerio de Seguridad intentan identificar a “los instigadores de la usurpación de las viviendas del Bajo Flores”.
“Quines delinquen e instigan a delinquir a famitas desfavorecidas, abusándose de la falta de políticas públicas para el sur de a Ciudad de Buenos Aires, deberán rendir cuentas ante la justicia”, sentenció Garré.
Por otra parte, las directivas, que estarán vigentes a partir de la próxima semana, fueron confeccionadas por un comité integrado por la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Nava, bajo la coordinación de la secretaria de Seguridad Operativa, Cristina Caamaño.
DR-AFD
AUNO-14-03-11
