(AUNO-TERCER SECTOR*) A días de las elecciones para jefe de Gobierno, la ciudad de Buenos Aires se convierte en escenario de ruidosas luchas por espacios de poder y la elección del defensor del Pueblo no está ajena a estos conflictos. En este marco, organizaciones dedicadas a defender los derechos ciudadanos cuestionan algunos procedimientos y advierten que monitorearán el proceso electivo.
“El proceso para designar al próximo defensor no tiene la transparencia ni tampoco la difusión de otras elecciones”, arrancó Andrea Pochak del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las ong´s firmantes de un documento en reclamo de “mayor transparencia y publicidad” en la Junta de Política de la Legislatura porteña.
Junto al CELS, Poder Ciudadano, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Unión de Usuarios y Consumidores y Asociación por los Derechos Civiles, entre otras, están estudiando la posibilidad de presentar una “denuncia formal” en la misma Junta; aunque, técnicamente, no se está violando ninguna ley.
Sucede que la Ley 3 de la Ciudad Autónoma establece que serán candidatos al cargo de Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma aquellos que sean propuestos por los propios legisladores y consigan reunir 40 de los 60 votos de la Legislatura, lo que, para las ONGs, es una insinuación de arreglos y manejos políticos. Basta tan solo un dato: seis de los 34 candidatos son actualmente legisladores de la ciudad. “Así corremos el riesgo de contar con una persona poco capacitada o con poca voluntad política para controlar a los otros poderes en representación de la gente”, afirmó Pochak.
“Queremos resaltar que no estamos denunciando ninguna ilegalidad, sino falencias que no garantizan un proceso electoral creíble y confiable”, remarcó la representante del CELS.
Por su parte, Andrés Nápoli, de FARN, lanzó una crítica más incisiva: “Es la primera vez que hay legisladores que se proclaman autocandidatos para esta elección”, haciendo referencia a los representantes porteños Alicia Pierini (PJ), Roque Bellomo (Frente Grande), Marcela Larrosa (UCR), Claudia Serio (UCR), Atilio Alimena (Demócrata), y Eduardo Peduto Pardo del ARI.
En este contexto, las organizaciones civiles tienen decidido monitorear este proceso “al asistir a cada sesión pública y en la presentación de impugnaciones”. Desde el CELS, aclararon que “nosotros pudimos haber presentado nuestro propio candidato, no hubiera habido ningún impedimento, pero sería avalar algo que cuestionamos”.
Más allá de la controversia del “filtro político” que representa el apoyo de un legislador, que genera desigualdad en una práctica democrática como ésta, las organizaciones civiles también consideran que la falta de difusión, a través de una campaña publicitaria que de a conocer este trámite, crea un desconocimiento en la sociedad civil “que no sabe que puede elegir a los candidatos ni que puede presentar impugnaciones”. Es decir, los legisladores al cumplir los pasos formales de publicidad solo tres solicitadas en los diarios “le están evitando la participación a la gente que tiene el derecho de elegir quien los representará”, sostuvo Nápoli.
La elección del próximo Defensor del Pueblo está prevista para el 30 de septiembre. Hay 34 candidatos inscriptos para 5 cargos que serán elegidos por la Legislatura en una sesión especial. Con el monitoreo y las presentaciones de las distintas ONGs, el objetivo de máxima es que dentro de 5 años, cuando se renueve el cargo, se logre una elección más orientada a la idoneidad y capacidad que a los actuales mecanismos de la ´vieja política´. La postura de Pochak sintetiza la discusión: “Hay que prestar más importancia a las formas que a los nombres”.
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Cómo comunicarse:
Centro de Estudios Legales y Sociales. Teléfono: 4334-4200.
Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Teléfono: 4788-4266.
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