(AUNO-TERCER SECTOR*) La situación de un millón y medio de alumnos que abandonaron la escuela porque viven en situación de riesgo social, podría cambiar si se aprueba un proyecto de ley denominado “Plan de inclusión escolar total, plena y oportuna” presentado en el Congreso de la Nación. En caso de convertirse en ley, en un periodo de seis años podrán incorporarse a la escolaridad chicos que por diferentes razones abandonan las aulas.
“Es necesario que exista una ley que establezca un fondo para que niños, adolescentes y jóvenes vuelvan a gozar del derecho a la escolaridad”, –señaló la autora de la iniciativa, Blanca Osuna-. Así se tendría el respaldo legal para que los recursos realmente sean asignados a este objetivo”.
El plan se propone como meta “el logro de la inclusión escolar total en tanto abarque a la totalidad de los niños y jóvenes, plena -en cuanto implique experiencias de aprendizaje de alta calidad, y no se reduzca a la ‘asistencia a la escuela’ – y oportuna -en tanto se apunte a que los alumnos recorran un itinerario escolar sin demoras, en tiempo y forma”.
Según el proyecto, la financiación del plan surgiría de la creación de un Fondo Especial para la Inclusión Escolar proveniente del Estado, ya sea del Tesoro Nacional, de Afectación Específica o de Crédito Externo; de recursos provinciales; y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aunque no excluye la movilización de fondos del sector privado y de organismos de cooperación internacional.
El peso de las cifras urge los plazos de aprobación. Son 609.651 chicos entre 10 y 17 años que están fuera de la escuela y 871.148 que repitieron por lo menos dos veces o tuvieron situaciones temporarias de abandono escolar, según datos del Censo Nacional de Población realizado en 2001 por el INDEC.
La diputada –quien fuera ex ministra de Educación de Entre Ríos- aseguró que “los recursos que las provincias asignan anualmente a los servicios educativos ascienden a 10 mil millones de pesos y los recursos nacionales que se estiman tienen un piso de 500 millones de pesos, lo cual implica un 5% de esa inversión provincial. Progresivamente continuó se prevé llegar al 7% de la misma como base para la inversión nacional en educación básica”.
Según el proyecto, una vez convertido en ley se podrá: “financiar planes que presenten las provincias, atender el pedido de recursos didácticos para alumnos y docentes, destinar recursos para la asignación de becas estudiantiles, construir o refaccionar espacios educativos, brindar equipamiento, mobiliario escolar e instalaciones para servicios básicos de electricidad, agua potable, sanitarios, calefacción en las escuelas”, entre otros.
“Necesitamos una política en esta dirección, ya que en estos momentos aunque existen los recursos en el Ministerio de Educación, no hay una legislación que proteja legalmente tales recursos”, manifestó Osuna.
En uno de los artículos, el proyecto adjudica al Estado el compromiso de instalar en la agenda pública la prioridad en torno a la inclusión escolar hasta su cumplimiento; promover y articular los recursos técnicos, financieros y humanos del sistema educativo nacional; ejecutar el Fondo Especial de Inclusión Escolar y establecer un sistema de monitoreo, informando periódicamente sobre los logros y desafíos pendientes.
La iniciativa también contempla la provisión de material didáctico, útiles y transporte para alumnos que vivan lejos y en situación de pobreza lo mismo que la detección temprana de las situaciones de maltrato o de trabajo infantil y una cobertura integral en materia de salud.
El Plan de Inclusión Escolar fue respaldado por diferentes organizaciones e instituciones vinculadas a la problemática de la educación y la niñez y cuenta con el aval del Ministerio de Educación de la Nación y de Unicef.
Tras haber obtenido la conformidad de la Comisión de Educación, donde estuvo desde su presentación, el 17 de julio de este año, en la actualidad el proyecto está en tratamiento por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se acordará el origen de los fondos que darán sustento al plan. Posteriormente será tratado en Diputados para luego pasar a la instancia final en el Senado.
*Agencia Universitaria de Noticias y Opinión
Revista Tercer Sector
