(AUNO) El Comité Nacional de Política en la Ciencia y la Tecnología (CECTE) se pronunció mediante una resolución, sobre la convocatoria al premio denominado “Animarse a emprender”, que otorga 30 mil dólares al mejor proyecto en el área de biotecnología y medio ambiente, fruto de un convenio entre Conicet y Monsanto aprobado el 13 de diciembre de 2004.
Tras recibir las inquietudes formuladas por algunos investigadores, el CECTE “juzgó pertinente el examen de esta convocatoria en tanto atañe a la ética de las relaciones entre instituciones públicas de la ciencia y empresas privadas”.
En ese sentido, el comité consideró “inconveniente” que una institución pública de la ciencia y la tecnología “se asocie en el otorgamiento de premios a la investigación científica o tecnológica a organizaciones o empresas nacionales o internacionales que son objeto de cuestionamientos éticos por sus responsabilidades y acciones concretas en detrimento del bienestar general y el medio ambiente”.
En efecto, la transnacional Monsanto es duramente cuestionada por asociaciones ambientalistas de todo el mundo por la producción de semillas transgénicas y agroquímicos, así como por la posición dominante que ejerce en el mercado agropecuario en detrimento de los pequeños productores locales.
Para adoptar esta resolución, el Comité de Etica tuvo en cuenta que las instituciones públicas de investigación científica y tecnológica, como el Conicet “gozan de un prestigio social que resulta de la calidad del trabajo históricamente acumulado de muchos de los investigadores que se han desempeñado en ellas, y que dicho prestigio es un patrimonio de la comunidad científica que debe ser perfeccionado y preservado y no puede ser puesto en juego sin las debidas precauciones”.
Consideró además que la institución está obligada a “promover las condiciones que resulten más favorables para la integridad de la investigación” y que debe constituirse en “garante de la dignidad de las distinciones que los investigadores alcanzan según la excelencia de su desempeño en concursos cuyo carácter estricto y transparente es regulado por estas instituciones”.
En consecuencia, el Comité recomendó que “la condición previa para toda asociación de instituciones públicas de investigación científica y tecnológica con organizaciones o empresas nacionales o internacionales sea la evaluación ética de sus antecedentes por la instancia correspondiente”.
El Comité Nacional de Política en la Ciencia y la Tecnología esta integrado por los académicos Roberto Fernández Prini (químico, miembro de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales); Samuel Finkielman (médico, director del Hospital Lanari, de la UBA); Stella González Cappa (médica e investigadora del Conicet); Noé Jitrik (escritor, director del Instituto de Literatura Latinoamericana); Aída Kemelmajer de Carlucci (miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales y ministro de la Suprema Corte de Mendoza); Alberto Kornblihtt (biólogo e investigador del Conicet); Ernesto Maqueda (físico, investigador en la Comisión Nacional de Energía Atómica); Eduardo Rapoport (ecólogo, investigador de la Universidad Nacional del comahue) y Fernando Ulloa (psicoanalista UBA), con la coordinación de Otilia Vainstok (socióloga, profesora del centro de Estudios Avanzado de la UBA).
AUNO 17-01-05
