(AUNO-Tercer Sector*) En los últimos tres meses se registró un incremento de la cantidad de chicos que sobreviven a la pobreza en las calles porteñas y que fueron privados de su libertad y trasladados a instituciones judiciales o policiales. La acusación que les da el pasaje para viajar en patrullero “#8220;esposados, en algunos casos es la de infringir el cuestionado Código Contravencional, vigente desde enero de este año. Para Ana Chávez, miembro del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) “esto no es nada nuevo”. En diálogo con AUNO-Tercer sector analizó que el incremento del acoso policial tiene base “en una sociedad que no quiere ver al pobre”.
¿Cuáles son las razones del aumento de la detención de menores por considerarse “#732;contraventores”#8482;?
Por un lado, porque hay una impronta de la sociedad más “#732;incluida”#8482; y con mayores recursos de no aceptar a los excluidos, especialmente a los que están en la calle. Por otro lado, esa misma sociedad “#732;incluida”#8482; siente que hace algo por los pibes en la medida que aplican alguna medida a través de un efector público. Y para cualquier mente militarizada post-dictatorial, la primera impronta es la de llamar al efector público con una 9 milímetros y esposas para solucionar un conflicto social.
Sería algo similar a la criminalización de la pobreza…
Cuando uno habla de la penalización del conflicto social habla de la mujer que pasa por Recoleta y no tolera que un chico esté comiendo en el espacio público porque considera que ese espacio le pertenece a ella y no al excluido. Entonces llama al efector público/fuerza de seguridad, quien no se siente un guardián de la seguridad del excluido sino del incluido con mayores recursos y actúa en consecuencia. Esto muestra cómo hay delitos estructurales que cristalizan la dominación.
El Código Contravencional establece la edad de imputabilidad a los 18 años y no habilita a la detención. Una de las explicaciones que dan los fiscales contravencionales es que el acto de aprehender a un chico y llevarlo a una comisaría es “para protegerlos” de sus explotadores. “Una gran mayoría de funcionarios de la Justicia Civil aduce que en la medida que se controla a la víctima, el victimario va a desaparecer “#8220;dice Chávez-. Entonces, se toma al chico y se lo priva de la libertad. Este argumento perverso ha atravesado el siglo, lo sigue atravesando y va más allá de las leyes. Estas mentes son capaces de hacerle decir cualquier cosa a la ley con tal de generar jurisprudencia en ese sentido. En verdad, lo único que hace la policía y la justicia es, como buenos representantes del conservadurismo, hacerse cargo de quiénes son sus jefes. Nosotros no somos sus jefes”.
El fin del acoso a los menores tiene necesariamente que pasar por distintas áreas. Desde la sociedad hasta la justicia, pasando por la policía. “En realidad depende de todos “#8220;asegura la representante de Serpaj-. El policía se cuida: cuando hace una detención llama a una fiscalía o asesoría de menores para ponerla en conocimiento. Pero si esos funcionarios judiciales fueran a las comisarías y le dijera “#732;no, usted acaba de cometer un delito (al policía)”#8482;, esto se acaba mañana. No necesitaríamos ninguna reforma contravencional. Si los funcionarios no convalidaran esas detenciones esto se frenaría. Ahora bien, no tenemos agentes judiciales de ese tipo.
Otra de las explicaciones que se dan para detenerlos por “infractores” es que limpiar vidrios o hacer malabares es una “actividad lucrativa no autorizada por el Código Contravencional”, como figura en el artículo 83. Según Chávez, “cuando estaban los edictos policiales, los tipos contravencionales eran claros, contundentes, le daban el poder a la policía y regulaba el conflicto la misma comisaría. Con la reforma del Código se pidió que no hubiera tipos contravencionales abiertos, es decir, que puedan ser interpretados de cualquier manera. Y la figura de ese artículo es un tipo contravencional abierto. Por eso, el actual Código es un retroceso”.
En este nuevo contexto de una mayor ofensiva policial ¿notó cambios en la actitud de los chicos?, ¿desconfían de ustedes ante este la posibilidad de que sean “buchones” de la policía?
No desconfían de nosotros. Eso sí, lo que no quieren es que vayamos a hablar a las comisarías. Les da pánico. Ya ni le decimos que vamos a hacer una denuncia penal, sino que vamos a hablar con el comisario para ver qué pasó y ver si puede frenar esto. Y los pibes nos dicen “#732;no, no, después es peor; esta vez dejémoslo así”#8482;. Una de las estrategias es la detención por contravenciones, pero la mayor es la de los golpes en la calle.
¿Se llegó hasta ese punto?
Claro que sí. Hay que andar “#732;negociando”#8482; con el personal policial las denuncias de las clases altas contra los pibes. No los quieren ver en el espacio público porque hay personas que cree que ese espacio es de ellas y no de los otros que no tienen casa ni comida. Para ellos, el “#732;semejante”#8482; es aquel que tiene casa, comida, etc.
¿En qué puede terminar esta escalada de violencia contra los chicos?
No soy pesimista. Los medios, esta vez, ayudaron mucho. Tal vez porque se conoció el caso de un nene de dos años que fue detenido (por pedir limosna). Ahora, no me quiero imaginar qué hubiera pasado si a ese nene de dos años lo hubieran sorprendido cometiendo el “#732;delito”#8482; de robar un sandwich.
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Cómo contactarse:
Servicio Paz y Justicia (Serpaj): 4371-5745. Piedras 730, Capital Federal.
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*Agencia Universitaria de Noticias y Opinión
Revista Tercer Sector
