(AUNO-Tercer Sector*) El trabajo de las organizaciones de base suele desarrollarse en lugares afectados por problemas sociales y económicos. Pero en el centro comunitario La Alameda, en el barrio porteño de Parque Avellaneda, tienen que luchar no sólo con los conflictos de cada uno de las personas a las que asiste, sino también con los vecinos que no los quieren ahí. Argumentan que su presencia baja el valor de sus propiedades y propicia que por el barrio deambulen “delincuentes” y “drogadictos” que hicieron que “creciera la inseguridad en el barrio” y “la mugre”. La indignación de estos vecinos no se queda en las palabras. Con aceitadas relaciones en círculos políticos de derecha y en la Liga de Rematadores, buscaron maniobras legales que les ayudaran a cerrar la ONG. Hasta el momento, La Alameda sufrió un intento de desalojo y pasó por una inspección judicial post Cromañón que no pudo realizar objeciones al funcionamiento del comedor y de los diversos emprendimientos laborales que funcionan allí. Pero a su coordinador, Gustavo Vera, se lo procesó por el delito de “usurpación”. Por esta situación, Vera denuncia que en la entidad “fuimos víctimas de una estafa”, y afirma que quienes no quieren a la ONG en el barrio “son racistas que están molestos por la participación social de bolivianos y peruanos”. Mientras tanto, esperan que de una vez por todas la Legislatura porteña sancione la ley de expropiación que ponga punto final al conflicto.
La Alameda fue concebida en diciembre de 2001, cuando “los del barrio nos juntábamos para ver cómo íbamos a Plaza de Mayo”, cuenta Vera a AUNO-Tercer Sector. Con sus ganas de discutir y de construir formaron la Asamblea 20 de Diciembre, hoy integrada por 60 vecinos. En ese momento, en la esquina de Lacarra y Directorio, había una antigua casa desocupada y derruida. Sus 240 metros cuadrados eran el escenario ideal para sus proyectos laborales destinados a los numerosos desocupados de la zona. Sólo tuvieron que hablar con los ocho propietarios del inmueble y obtuvieron las llaves. “Hemos entrado con contrato de alquiler “#8220;dice Vera-, pero fuimos víctimas de un estafa”, ya que “nosotros y los dueños estábamos hablando con la jueza Mónica Atucha de Ares para que se dictaminara la expropiación por parte del Estado del inmueble y a ellos se les pagara su valor, que es de 350 mil pesos”.
Pero dos factores ajenos a La Alameda hicieron que esta situación que les era favorable se diera vuelta. Primero está la Legislatura porteña, que “se atrasó dos años en tratar la expropiación. Es que en ese momento a ninguno de los legisladores le interesaba colaborar con una ONG independiente”, observa Vera. La segunda causa fue “la mafia de los rematadores, que empezaron a comerle la cabeza a los dueños. Los visitaban y les decían que a la plata de la expropiación no la iban a cobrar nunca”. Con notable facilidad de palabra, los rematadores a los que acusa Vera “le compraron la propiedad a los dueños por el precio vil de 90 mil pesos, cuando vale 350 mil”, sostiene.
“Con la devaluación se hicieron muchas operaciones desesperadas de este tipo, en las que una propiedad se vendía por dos mangos. Para los rematadores es como la timba: ponen muy pocos manguitos cada uno y van detrás de una operación”. Por este manejo se convirtió en propietario “Mauricio De Marco, uno de los testaferros de esa mafia”. Para esta época, aún estaba el trámite parlamentario de expropiación, que llegó a destiempo: el 24 de junio del año pasado. Lo que motivó que se desempolvara el proyecto fue el intento de desalojo que La Alameda sufrió el 16 de junio pasado. “Como la Liga de Rematadores maneja mucho dinero, confiaba en poder pagar policías, jueces, síndicos y oficiales de justicia para desalojarnos. Pero fracasó por la movilización vecinal”, indica Vera. Con todo este gran conflicto de fondo, el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, prefirió vetar la expropiación “y se comprometió en uno de los considerandos del veto a conseguir otro lugar alternativo en el barrio para La Alameda”, cuenta Vera.
Ese otro lugar “todavía no apareció. Y dudo que aparezca, porque construcciones de esas dimensiones no hay disponibles en la zona”, agrega. Porque La Alameda necesita mucho espacio para tener el comedor al que asisten 140 personas; el taller textil, la parrilla, el centro de copiado, la panadería, el taller de artesanías y la librería, todos emprendimientos cooperativos.
El auge de las inspecciones post Cromañón le llegó a La Alameda el 10 de febrero, mediante orden del juez penal Domingo Montanaro. Del día anterior, los integrantes de la ONG habían dialogado y llegado al acuerdo de que “sólo estaría presente el personal policial que el juez creyera necesario”. Al otro día se dieron cuenta de que Montanaro “consideró que hacían falta 70 efectivos de infantería”, dice Vera. Estaban al lado del vallado que cercó a la sede de la ONG. Adentro había cinco asistentes sociales de la Federal, personal de planimetría, video, fotografía, bomberos a cargo de incendio y de infraestructura, técnicos de Edesur monitoreando el cableado y bromatólogos.
“Todo lo que no mandaron en su momento los políticos a Cromañón y a tantos comercios que funcionaban irregularmente gracias a la coima, lo mandaron a un humilde comedor comunitario”, considera Vera. Tras cinco horas de inspecciones, el juez labró el acta en la que consta que el funcionamiento general de la entidad y su edificio es adecuado. Afuera, entre la gente que apoyaba a La Alameda estaba el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y varios legisladores porteños.
También había “quince vecinos que nos calumniaban en los medios. Eran simples provocadores, mentirosos, pagados quién sabe por quién para denigrarnos. Entre ellos había un operador de los rematadores, un puntero de Recrear y un puñado de comerciantes que dudamos puedan soportar una inspección como la que pasamos nosotros”, manifiesta Vera.
En los próximos días empieza la indagatoria al coordinador por “usurpación”. Además tiene una causa “por robo de energía”, pero en la ONG “tenemos las actas que el Gobierno porteño tiene con Edesur en las que le pide que no corte la luz, que por ello se hace responsable el gobierno. Porque es así: a un comedor comunitario le tiene que pagar la luz el Estado o tiene que darle subsidio para que lo haga la organización”, evalúa Vera. En la actualidad hay dos proyectos en la Legislatura para que se expropie de una vez La Alameda. Cuentan con el apoyo de 19 legisladores tanto de izquierda como de derecha. Vera espera que en esta ocasión Ibarra no la vete, y “esperemos que no vuelvan con la infantería. Nosotros no nos pensamos mover de aquí”. Mientras tanto, convocan para el viernes 22 a las 19 a vecinos, organizaciones sociales, agrupaciones de la colectividad boliviana del barrio, dirigentes y legisladores a participar de una asamblea abierta en defensa de la continuidad de La Alameda.
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Cómo comunicarse:
La Alameda. Teléfono: 1556354903.
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*Agencia Universitaria de Noticias y Opinión
Revista Tercer Sector
