(AUNO-Tercer Sector*) A menos de dos semanas de la llegada a Plaza de Mayo de los 350 niños y adolescentes que durante once días recorrieron ocho provincias argentinas denunciando que “el hambre es un crimen” y en defensa de sus propios derechos, las respuestas concretas de la clase política argentina siguen pendientes. La tercera marcha nacional del Movimiento de los Chicos del Pueblo sacudió a lo largo de 4.500 kilómetros cuanta ciudad o pueblo del “interior” pisó dando a conocer el número de la vergüenza: 9,5 millones de niños que viven debajo de la línea de la pobreza. La cifra que dimensiona esa situación fue producto de un estudio de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) sobre una base de datos del Indec, institución estatal que, sin embargo, admite esa misma realidad pero la grafica con números inferiores.
El estudio “El hambre es un crimen, la infantilización de la pobreza en la Argentina” elaborado por el Instituto de Estudios y Formación de la CTA a fines de junio último destaca que según los datos oficiales el 56,4 por ciento de los menores de 18 años del país son pobres. Pero ese promedio nacional sobrepasa el 60 por ciento en nueve provincias del noroeste; así como también en los grandes centros urbanos de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba con un promedio del 48 por ciento, es decir que más de la mitad de chicos pobres de la Argentina está concentrada en esos tres distritos: casi 6 millones de pibes.
Ahora bien, el Indec reconoce a esta última cifra como la del total del país. Lo que ocurre, siempre según la CTA, es que el organismo estatal sigue aplicando para su metodología estadística la información suministrada por la Encuesta de Gastos de Hogares (ENGH aquella que señala los parámetros del consumo de la población y con la cual se mide la indigencia) de 1988 en lugar de las más recientes, de 1996 y 1997.
Para notar las diferencias: la ENGH/88 dice que hay 56,4 por ciento de chicos pobres. Pero si se aplicaran datos de la ENGH/96 o 97, el porcentaje oscilaría entre el 60 y 70,4 por ciento. Y esa friolera de promedios significaría la existencia de entre 8,3 y 9,6 millones de pobres menores de 18 años.
De esta manera, los economistas de la organización gremial sostienen que de esos números se desprende que el 17 por ciento de ese universo es indigente. Y una de las propuestas para paliar esta realidad que impulsan desde hace años es el subsidio universal de 60 pesos por hijo para cada padre con o sin trabajo, con lo que los índices de indigencia bajarían a un 8,5 por ciento.
“Los fondos para entregar ese subsidio existen porque implica un movimiento de partidas en el presupuesto 2005, sin que el Estado tenga que aumentar los gastos previstos para este año”, explicó en diálogo con AUNO-Tercer Sector, el diputado Claudio Lozano. Otra de las soluciones, aunque a mayores plazos, sería que la asignación se elevara a 150 pesos. De ser así, los cálculos indican que el 17 por ciento de indigencia descendería hasta un 1 por ciento, “es decir que desaparecería”, observó el economista.
No obstante, los efectos del subsidio por 60 pesos, según Lozano, serían básicamente dos: “Primero, llegaría a todo el mundo porque los hijos son más en las familias pobres; con lo cual el reparto sería absolutamente justo porque esas familia recibirían más. Y segundo, le pondría equilibrio a los planes Jefes y Jefas de Hogar Desocupado que da la misma cantidad de dinero a alguien que tiene un pibe como a quien tiene diez”, resumió.
“A nivel institucional se solucionarían otras dos cosas: el problema de la discusión con el poder económico, porque levantar el ingreso en los hogares le permite al trabajador discutir mejor su nivel de ingreso ante las empresas; y eliminaría el sistema de clientelismo político actual, en el que un personaje decide quién recibe y quien no”, apuntó Lozano.
La propuesta fue presentada en la sesión especial del 5 de julio en la Cámara de Diputados de la Nación a pedido del Grupo de Acción Parlamentaria, integrado por 15 diputados de distintas fuerzas políticas. En esa sesión se incluyó, además, el tratamiento de la media sanción para la derogación de la Ley de Patronato, la norma que, entre otras cosas, mantiene el polémico sistema de internación en institutos de menores para los envueltos en conflictos con la ley. La idea fue dar respuesta a la marcha por los derechos de los niños que convocó a miles de chicos en distintas provincias y a 20 mil personas en su acto de cierre, en Plaza de Mayo, el 1º de julio. La sesión se hizo a duras penas en medio de un clima de disputas internas de cara a las próximas elecciones legislativas. Nada pudo ser tratado ni tampoco quedó prevista una fecha para un próximo debate.
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