Lomas de Zamora, mayo 16 (AUNO).- El área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es el epicentro del Covid-19 en el país. A casi dos meses del aislamiento obligatorio, informes realizados por el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS) reflejan el acatamiento de la cuarentena, la falta de ingresos y la violencia de género en los barrios populares del Conurbano. Mientras tanto, algunas organizaciones sociales de zona sur son tajantes: “Todo se agravó”.
El 8 de mayo el presidente Alberto Fernández anunció la permanencia del AMBA en la fase 3 de la cuarentena. Es decir, la continuación del aislamiento bajo los mismos criterios que hasta el momento: un 50 por ciento de movilidad de la población como máximo, autorización para salir bajo criterios provinciales y con una tasa de duplicación de contagiados cada 25 días.
Tres días antes, el Instituto había publicado un segundo relevamiento realizado sobre los barrios más humildes del conurbano bonaerense. De acuerdo a Gonzalo Vázquez, uno de los investigadores, los resultados publicados el 5 de mayo “confirmaron las interrogantes” que surgieron en el primero.
El primer relevamiento ocurrió entre el 22 y 23 de marzo, en el marco de un relevamiento nacional impulsado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MinCyT) y coordinado por la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus.
En esa investigación se buscó tener una idea del nivel de acatamiento del Aislamiento Social Obligatorio y Preventivo (ASOP) de los barrios más humildes del conurbano y conocer las razones de por qué no se acataba de ser así, entre otros temáticas.
Solo el 15 por ciento de los encuestados informó un “nivel bajo” de acatamiento en los barrios. Un 42 por ciento indicó un “nivel medio” y otro 42, “nivel alto”. Resultados similares se encontraron en el segundo informe, con 45 por ciento de nivel alto de acatamiento y un 40 de aislamiento “parcial”.
En el segundo relevamiento se realizaron un total de 165 entrevistas, más del doble que en el primero, y se incluyó a trabajadores de la economía popular, profesionales de la salud y dirigentes sindicales. Provenían de 20 de las 24 localidades del Conurbano y de distritos aledaños como Zárate, San Vicente, Pilar, Luján, Escobar, General Rodríguez y La Plata.
Fue en este segundo estudio en que quedaron marcadas, hasta ese momento, las principales problemáticas de los barrios populares: la discontinuidad de ingresos laborales de los hogares, la dificultad de acceso a la alimentación básica y el agravamiento de la violencia de género y contra lxs niñxs.
Un riesgo mayor al coronavirus
Durante la primera investigación surgieron problemáticas que fueron incluidas en el segundo relevamiento, el cual ocurrió entre el 22 y el 26 de abril. El tema que más apareció en las encuestas fue el de la violencia de género. “Cuando nosotros hicimos una pregunta específica a los referentes un 40 por ciento nos dijo que conocen casos de este tipo”, indicó Vázquez a AUNO.
Uno de los testimonios del informe es esclarecedor respecto a cómo se percibe la violencia machista: “Para las mujeres parece mayor el riesgo a la violencia del encierro que al contagio del coronavirus”, sintetizó una referente barrial. Los femicidios son el único delito que no descendió con el inicio de la cuarentena. Desde el 12 de marzo se registraron 50 y más de 45 intentos en todo el país.
En el mismo apartado se indica que los referentes consultados consideran que “se agravó especialmente” la violencia psicológica y económica hacia las mujeres pero también hacia niñas y niños. El 20 por ciento de los consultados aclaró que la violencia intrafamiliar es un problema en el barrio, a pesar de no conocer casos concretos.
Ingresos per(didos) cápita
Desgraciadamente la violencia intrafamiliar no es la única problemática que permanece.
De acuerdo al segundo relevamiento, la discontinuidad de los ingresos laborales y la dificultad de acceder a alimentos como consecuencia de la falta de ingresos fueron las preocupaciones que más se acrecentaron en los barrios más humildes durante la cuarentena, con un porcentaje del 40 y el 30 por ciento, respectivamente.
Vázquez indicó que la preocupación por la ausencia de ingresos no solo apareció entre las personas cuentapropistas, lo cual era esperable, sino también entre los trabajadores en relación de dependencia: “Tenemos constancia de que hubo suspensiones y despidos a pesar de lo decretado por el presidente Alberto Fernández”, detalló el investigador de la UNGS.
La raíz de este problema puede comprenderse mejor con algunos datos. Durante la medición de empleo disponible realizada el año pasado los datos reflejaron que el 23,1 por ciento de la población laboral activa del conurbano era cuentrapropista, la mayoría sin calificación profesional, y el 26, 6 por ciento eran trabajadores “en negro”. A ese total se agrega un 12,1 por ciento de desocupados.
Estrategias populares y ayuda estatal
Otra de las dificultades que surgieron en el segundo informe fueron las fluctuaciones del Gobierno para hacer llegar el apoyo económico. De acuerdo a la investigadora de la UNGS Verónica Maceira, se registró una “dificultad para la implementación de asistencia por parte del Estado”.
La medida más importante de parte del Gobierno en este aspecto fue la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), por 10 mil pesos, que en su primera convocatoria fueron concedidos a casi 8 millones de personas. El 35 por ciento eran de Buenos Aires.
La disposición fue recibida con entusiasmo en los barrios populares, casi el 70 por ciento de les referentes evaluó positivo o muy positivamente su impacto. “Fue muy esperanzador para esa franja de vecinos que nunca habían recibido ayuda del Estado por tener un trabajo”, explicó el documento.
La frustración por haber sido rechazada la postulación al IFE también se hizo presente en las entrevistas, como también las dificultades de los trámites online para solicitarla. Se calcula que más de 4 millones de personas quedaron fuera de la solicitud por no cumplir con los requisitos.
Como consecuencia, surgieron diferentes “changas” para complementar y compensar la merma de ingresos. Entre las mas nombradas estuvieron las vinculadas a la albañilería, venta de comida casera, artículos usados y confección de barbijos para vender.
La asistencia alimentaria forma parte esencial de la cooperación entre las organizaciones, los vecinos y el Estado. Se articuló de diferentes formas y con diversos grados de intensidad: ollas populares, comedores comunitarios y bolsones de alimentos son las de mayor presencia en los barrios.
Testimonios de Villa Fiorito
Villa Fiorito fue una de las ciudades relevadas en el segundo informe. En diálogo con AUNO algunos referentes de la localidad lomense compartieron detalles de las problemáticas descritas por la UNGS. “Todo se agravó”, se lamentó el cofundandor de la organización “Che Pibe” Sergio Val.
La agrupación desde hace 23 años ofrece comida, juegos y apoyo escolar en el barrio. Para Val, a pesar de que las medidas del Gobierno fueron “acertadas”, mucha gente “se ha quedado fuera del IFE” y debe recurrir a otras formas para subsistir. “Hay gente que no tiene otra opción que salir (a trabajar), sino no morfa”, enfatizó.
Las ollas populares y los comedores son de las opciones más comunes para palear el hambre en la localidad. Por ejemplo, Val relató que las ollas populares en Fiorito se realizan cuatro veces por semana como consecuencia de la crisis. Sin embargo, el apoyo estatal se dificultó y con él la tarea de dar de comer a lxs niñxs.
Desde hace meses que el comedor de la organización Chicos del Sur no recibe los suministros alimenticios que requiere por parte del Estado. De acuerdo a su fundadora, Estela Rojas, el último envío de alimentos fue en marzo y de “muy poca cantidad”.
Para Rojas, en la situación actual les niñes se encuentran sin “posibilidades de defender sus derechos”.
“Lo que más nos está preocupando es la violencia y el abuso en la infancia”, subrayó la fundadora de la ONG que desde hace 22 años funciona en la localidad lomense de Fiorito.
A pesar de que no tienen confirmación de casos, desde la agrupación que brinda comidas, actividades recreativas y educativas, los vínculos que mantienen con los chicos les permiten “inferir” a través de “gestos” y “actitudes una “situación de vulneración de derechos”.
Inseguridad y violencia institucional
Una de las problemáticas que no tuvo mucha relevancia en ninguno de los dos informes fue la cuestión de la inseguridad. La mayoría de los 160 entrevistados para el segundo relevamiento no ubicó entre sus principales problemáticas los delitos. Por otra parte, la violencia institucional recibió una mención del 20 por ciento de los referentes.
Sin embargo, esto no significa que hallan cesado por completo, al menos en Fiorito. En la opinión de Val, la violencia institucional y los robos se calmaron “un poco” pero en los últimos días comenzaron “de nuevo”, principalmente los robos. “Falta la presencia policial en las calles”, denunció.
En este sentido, relató varios hechos de inseguridad que ocurrieron los últimos días. Como el de un vecino al que le robaron la camioneta en el momento en que se acercó al comedor de la Fundación. Otro caso de robo sucedió mientras se realizaba la entrevista por teléfono con Val. «Se está poniendo complicado», consideró.
AUNO-16-05-2020
JP-MDY
