A casi dos años de que la Corte Suprema instara a las autoridades gubernamentales a poner en práctica la limpieza de la Cuenca Matanza-Riachuelo, aún se aguardan resultados. Impartió órdenes y sanciones sobre intendentes, organismos de Estado, empresas e industrias cuyas consecuencias, según un fallo dictado esta semana, deberán explicitadas en un informe de los gobiernos nacional, provincial y municipal que debe estar listo dentro de los próximos 15 días sobre el cumplimiento de lo decidido en julio de 2008.
El máximo tribunal otorgó el mismo plazo a la Autoridad de Cuenca (Acumar)—órgano integrado por funcionarios de los ejecutivos nacional, provincial y municipal— para que elabore su propio documento sobre las acciones realizadas para reparar los daños provocados por la contaminación hídrica. AUNO hizo un compendio de lo hecho y lo omitido durante este lapso para sanear ese ecosistema.
EL INFORME DE ACUMAR
Acumar nació a partir de la intimación del Máximo Tribunal en 2008. Por entonces, presentó un plan de saneamiento que, una vez analizado por la Corte, fue la guía para las acciones que debían cumplir los tres gobiernos para recomponer la situación de contaminación de la cuenca.
Este fallo unánime de la Corte estipuló una lista de acciones y plazos como también de multas en el caso de incumplir con los tiempos estipulados, accionar delegado al titular del Juzgado Federal de Quilmes, Luis Antonio Armella.
En 2008, el tribunal daba seis meses a la Autoridad de Cuenca para que impidiera que se siguieran volcando residuos en los basurales que se cerraría para prevenir la formación de nuevos basurales, y le daba 90 días para hacer un mapeo de los factores ambientales en riesgo, población vulnerable y trastornos de salud existentes.
Recopilada esta información, en un máximo de 60 días debía elaborar y ejecutar un programa sanitario para atender a los pobladores. Este informe es el que debe entregarse en las próximas dos semanas.
UNA MULTA A LOS INTENDENTES
En octubre del año pasado, Armella multó a los intendentes de Lanús, Darío Díaz Pérez; y al entonces jefe comunal de Lomas de Zamora, Jorge Rossi; al titular de Acumar, Homero Bibiloni; y al director de Vialidad provincial, Arcángel José Curto, por “incumplir” con las obras de saneamiento.
Por primera vez, como ejecutor de las sanciones al incumplimiento por lo estipulado en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, el tribunal quilmeño intimó a Bibiloni por no realizar un muro perimetral en el Parque industrial ACUBA; y a Díaz Pérez por la falta de utilización del dinero que previsto para esa obra.
Cinco días fueron los que el juez concedió para que se realizara el muro y 48 horas para que el intendente de Lanús devolviera esa suma, que eran 2.270.000 de pesos. En caso contrario, impuso una multa operativa de 5 mil pesos por cada día de incumplimiento, incrementando la cifra en otros 5 mil pesos por cada semana demorada.
Rossi, por su parte, recibió el 27 de octubre la intimación de desalojar en 30 días los asentamientos y cualquier obra edificada de los márgenes linderos al Riachuelo ubicados sobre el predio conocido como Feria La Salada, de esa localidad, con la misma multa que su colega lanusense en caso de demorarse.
La misma semana de esta sanción, Rossi renunció “por motivos personales” a la intendencia y asumió el cargo y las responsabilidades para el cumplimento de la multa su secretario de Gobierno, Martín Insaurralde.
De todas maneras, la última información emitida por el municipio data de noviembre de 2009, en la que anuncia un acuerdo entre intendentes distritales y la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) en el que, además, estaría contemplada la integración del plan Argentina Trabaja en el que se harían tareas de “limpieza, corte de pasto y parquización en la zona de influencia del Riachuelo, los arroyos y canales a cielo abierto, así como en sectores aledaños a los cursos de agua entubados que requieren una intervención diferente”.
INDUSTRIAS SANCIONADAS
Según un informe presentado en diciembre de 2009 por el Cuerpo Colegiado integrado por las ONG Greenpeace, Asociación Amigos de La Boca, CELS y Acción Ciudadana por los Derechos Humanos, a cargo de controlar el accionar de la Acumar en la cuenca, el organismo no habría cumplido con la constitución de un “auténtico” sistema de información pública.
Lo que hizo Acumar en estos dos años fue inspeccionar menos de un tercio de las industrias localizadas dentro de los partidos que conforman la cuenca y declaró a 51 de ellas como agentes contaminantes.
“Para la realización de las inspecciones exigidas por la Corte se ha delimitado un universo de industrias que no abarca a la totalidad de las existentes en la Cuenca”, afirma el documento, y señala que mientras la Acumar confeccionó una lista de 4103 establecimientos, el Censo Económico 2005 indica que sólo en los partidos de la cuenca, la cifra se triplicaría.
Por otra parte, el documento emitido por este cuerpo legal denuncia la ausencia de un “Plan Integrador que contemple la temática a nivel de cuenca hidrográfica”, es decir, que coordine en un formato claro las obras proyectadas y la información requerida en todas las jurisdicciones afectadas.
OBRAS PARALIZADAS EN LOMAS DE ZAMORA
Vecinos de Cuartel IX, en Lomas de Zamora, pidieron el mes pasado a la Defensoría del Pueblo de la Nación que sea mediadora ante la Justicia para que retomen las obras paralizadas desde diciembre del año pasado sobre el Camino de La Ribera, en el margen del Riachuelo, desde Puente La Noria hasta Camino de Cintura, para que los barrios afectados recuperaran una conexión rápida con los principales accesos dentro y fuera del distrito.
En el petitorio que exige la finalización completa de la obra, firmado por el Foro Hídrico lomense, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), entidades sociales y empresas de colectivos que se ven perjudicadas en sus habituales recorridos, le solicitan al Defensor del Pueblo, Anselmo Sella, y al Cuerpo Colegiado que intercedan ante Armella.
Además de argumentar la necesidad para el uso personal de estas calles, la falta de mantenimiento de las calles imposibilitó el traslado de ambulancias y de transporte público, volviendo inaccesibles a los centros de salud de la zona.
No obstante, las obras de saneamiento de los arroyos que desembocan en el Riachuelo, avanzaron. De hecho, el intendente lomense, Martín Insaurralde, para este año una inversión de 500 millones de pesos para la continuación de esas obras en el Arroyo del Rey y sus aliviadores.
Según afirmó, los frentes de trabajo en el arroyo se duplicaron de ser tres a seis, y el aliviador Carriego aumentó los propios de uno a dos, mientras que se planifica también el saneamiento del arroyo Galíndez de Temperley, en el cual se invertirán 750 mil pesos con fondos municipales.
RM-LR-RC-CP-AFD
AUNO-09-04-10
