Un acuerdo con la OEA sobre derechos humanos compromete al Estado a modificar la legislación

El Estado se comprometió ante la OEA a modificar la legislación a partir del caso llevado por la madre de Sergio Schiavini, víctima de la violencia policial. Las reformas establecen la obligación de realizar autopsias en casos de muertes violentas o sospechosas de criminalidad y prohíbe que las fuerzas de seguridad intervengan si están implicadas en el hecho.

Por Elisabet Contrera

(AUNO-Tercer Sector*) Cuando tiempo atrás todo parecía señalar un nuevo retroceso en su reclamo fronteras afuera, María Teresa Schanck se preguntaba ¿ Se hará justicia o seguirá la impunidad?. Hoy, a cumplirse 14 años de la muerte de su hijo, Sergio Schiavini, al quedar en medio de un tiroteo entre policías y delincuentes, el Estado argentino firmó un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), a partir del cual se compromete a realizar reformas en el
Código Penal y Procesal Penal a fin de garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos humanos en casos de violencia institucional.
Auque pasó inadvertido por los principales medios de información del país, el último 2 de marzo representantes de la administración actual ante la CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA)firmaron un acuerdo mediante el cual el Estado argentino reconoció su responsabilidad no sólo por la muerte del joven, sino por haber incumplido su deber de investigar adecuadamente este homicidio, y denegar, de esta forma, el derecho de justicia para la familia de la víctima.
En líneas generales, el organismo internacional instituye plazos para la ejecución de una serie de reformas en materia punitiva y medidas a favor de la denunciante, la madre del joven asesinado. A pesar de este acuerdo, en caso de incumplimiento la peticionante tiene vía libre para abandonar el diálogo con el Gobierno y abrir el camino a una condena de la OEA.
Con respecto a las modificaciones en el Código Procesal Penal, se establece la obligatoriedad en la realización de autopsias en los casos de muertes violentas o sospechosas de criminalidad, como así también, prohíbe la intervención de los integrantes de las fuerzas de seguridad en el caso de verse implicados en los hechos.
En sintonía con esta medida, las familiares de las víctimas tendrán la opción de designar un perito de parte para que participe del primer examen del cuerpo. Y además, podrán exigir
ante la Justicia la revisión de la sentencia en el caso de haber habido violación a los derechos humanos.
En tanto, entre las modificaciones previstas en el Código Penal, próximamente el Ejecutivo enviará a los legisladores un proyecto de ley que permita interrumpir la prescripción de una causa con sólo hecho de que la CIDH haya admitido una denuncia
por violación de los derechos humanos.
Con referencia a la causa Schiavini, el acta de compromiso determina que en el caso de que la Sala III de la Cámara de Casación Penal bonaerense no haga lugar al Recurso de Revisión presentado por el Procurador General de la Provincia, se constituirá la Comisión de la Verdad, encargada de investigar los hechos que produjeron la muerte de la víctima, la conducta de las fuerzas de seguridad, la actuación de los jueces de instrucción y el juicio oral, así como todas la causas conexas.
Concluida la investigación, los expertos dictaminarán el grado de participación de todos los actores intervinientes en el proceso aunque no incidirá sobre la sentencia, ya que la idea es obtener un “sanción moral y ética”, indicó la madre del joven asesinado.
Como último punto, a través de un decreto presidencial, se creará un Tribunal Arbitral, integrado por expertos independientes con reconocida trayectoria en el tópico, que en el término de 60 días deberán fijar el monto de reparación económica por la perdida de su hijo.
En 1991, Sergio Schiavini murió durante un enfrentamiento entre miembros de la bonaerense y asaltantes que tomaron como rehenes a varias personas que se encontraban en una confitería de Lomas de Zamora. De los 40 policías que intervinieron en el hecho, solo quedaron procesados 15, nunca fueron detenidos y todavía siguen perteneciendo a la institución. Su madre María Teresa Schnack no abandonó la lucha por la verdad y creó la Comisión de Familiares de Víctimas indefensas de la Violencia Social-Policial-Judicial e Institucional (Cofavi) que llevó a la OEA el caso.
Más allá de que ahora es el momento de esperar los resultados, este acuerdo significa un precedente no sólo para todos los otros casos denunciados ante la OEA, sino para futuras violaciones a los derechos por parte del Estado.

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Cómo cumunicarse:
Cofavi: www.cofavi.org.ar

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*Agencia Universitaria de Noticias y Opinión
Revista Tercer Sector

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