Todas las miradas sobre el juez

En medio de las supuestas confesiones de gendarmes, Guido Otranto fue recusado y su continuidad en el caso Maldonado está por resolverse. El Gobierno lanzó nuevas hipótesis para despegarse de la desaparición. Un panorama de otra semana sin Santiago.

Rodrigo Núñez

Lomas de Zamora, septiembre 8 (AUNO)- A la semana marcada por el giro del Gobierno sobre la desaparición de Santiago Maldonado le siguió otra donde los rumbos del caso pusieron en el blanco al juez de la causa, Guido Otranto. Su rol en la investigación fue cuestionado por la familia del joven y su continuidad quedó en manos de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

El lunes, la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, anticipó que se reuniría con representantes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU para pedir la conformación de un grupo de expertos independientes que aporten su experiencia a la investigación. El objetivo, “romper el pacto de impunidad” entre la Justicia y el Gobierno, dijo.

Entre sus fundamentos, la abogada remarcó que los datos que brindó la administración de Mauricio Macri sobre los siete gendarmes que habrían tenido responsabilidad en la desaparición de Santiago Maldonado “no es nueva”, ya que ese dato consta en el expediente desde el 4 de agosto.

Paralelamente, el ingeniero en telecomunicaciones Ariel Garbarz, perito propuesto por la querella de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), reveló que uno de los teléfonos de Maldonado fue usado el 2 de agosto, un día después de la represión tras la cual desapareció.

Ese dato de esa fecha coincide con el testimonio de Ariel Garzi, amigo de Santiago, quien había afirmado haber llamado a Maldonado ese día sin recibir respuesta a pesar de que el celular fue atendido. Sin embargo, Otranto y la fiscal Silvina Ávila no aceptaron la participación de Garbarz y, por ende, tampoco su información.

Finalmente, sobre la denuncia por “encubrimiento” contra el Gobierno impulsada la semana pasada por el fiscal Federico Delgado, el juez Rodolfo Canicoba Corral se declaró incompetente al considerar que el caso debe investigarse “exclusivamente” en la ciudad chubutense de Esquel, donde sucedieron los hechos. Delgado apeló y pidió que la denuncia quede en Comodoro Py.

UN GIRO SUSPENDIDO EN EL AIRE
El martes, el Juzgado Federal de Esquel comunicó que las pericias de objetos tomados en las camionetas en las que se sospecha que Maldonado pudo haber sido trasladado el 1 de agosto arrojaron un resultado negativo. Los estudios de compatibilidad se realizaron con una mochila del joven, secuestrada durante un allanamiento en su casa de Esquel.

Estos resultados envalentonaron al Gobierno para reforzar la hipótesis que despega a la Gendarmería de la “desaparición forzada”. Luego, sorpresivamente el ministro de Justicia, Germán Garavano, le informó al Alto Comisionado que no incorporarían a sus expertos a la investigación.

El defensor oficial Jorge Machado había denunciado que las camionetas fueron lavadas antes de que se tomaran las muestras genéticas. Sin embargo, el juez desestimó la presentación y avanzó con el cotejo.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Seguridad y sus medios afines circuló la teoría del subalférez Emmanuel Echazú, quien el día de la represión fue herido. La hipótesis oficial es que este hombre, “movido por la furia y la adrenalina”, pudo “golpear a Maldonado hasta llevarlo a la muerte”, publicó Clarín. O sea, la denominada hipótesis del “lobo solitario” o del mero “exceso” de un gendarme que abona la teoría del homicidio en lugar de la desaparición forzada.

Ya a mitad de semana, hubo más novedades en esa dirección. Trascendió la supuesta confesión de un efectivo de Gendarmería que dijo haberle tirado un piedrazo a un manifestante durante la represión. Luego, otro miembro de esa fuerza reconoció haber disparado balas de goma en la zona donde el joven fue visto por última vez.

Y más: los gendarmes Walter Ruiz Díaz, César Peralta y Juan Carlos Pelozo declararon ante Otranto. Los dos primeros relataron que estuvieron en los cruces de las rutas 40 y ex 70, cerca del río Chubut, y allí escucharon que uno de sus camaradas, Neri Robledo, había herido con un piedrazo a uno de los manifestantes.
En tanto, Pelozo describió cómo Gendarmería ingresó al predio recuperado por los mapuches por orden del comandante Pablo Escola “para tratar de que dejen de tirarles piedras”, mientras algunos de los perseguidos cruzaban el río.

Estas declaraciones desmintieron al comandante Escola, quien había afirmado que nunca estuvieron “a 40 metros del río” durante el operativo. Varios de estos datos estaban incluidos en el informe interno de Gendarmería que la ministra Patricia Bullrich tuvo en sus manos desde antes de su presentación en el Senado, el 16 de agosto, pero no los informó.

En una conferencia de prensa junto a Madres de Plaza de Mayo en Rosario, el hermano de Santiago, Sergio Maldonado, se manifestó sobre las últimas novedades y remarcó que “no son tres gendarmes, son todos culpables, incluyendo a la ministra (Patricia) Bullrich”.
RASTRILLAJES
Antes de que termine la semana, la Policía Federal y la Prefectura, ambas fuerzas encargadas del rastrillaje en las zonas donde ocurrió la represión, realizaron un operativo de remoción de tierra cercana a la comunidad mapuche de Pu Lof de Cushamen. No hubo datos positivos sobre Maldonado.

Producto de las idas y vueltas de la causa, la familia Maldonado recusó a Otranto por “irregularidades” en la investigación y una presunta “parcialidad” en la conducción del caso. Andrea Antico, cuñada de Maldonado, expresó la necesidad de que haya una “investigación seria” y “un nuevo juez”.

En la presentación, la abogada Heredia había citado una nota periodística en la que el magistrado reconoció haberse reunido con el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, pero se negó a citarlo a que declarar. Otranto rechazó la recusación.
La querella solicitó hoy unificar los dos expedientes (la “desaparición forzada” y el “hábeas corpus”). Ahora, la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia deberá decidir si se aparta o no al magistrado de Esquel.

La última jugada del Gobierno fue sentar su nueva postura a través del secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, quien ratificó que la decisión del juez de impedir el ingreso de fuerzas de seguridad al territorio ocupado por miembros de la comunidad mapuche “entorpeció la investigación”.

En medio de las idas y vueltas, nuevos gendarmes declararon en el caso que conmueve a la sociedad. Y al final de la jornada, se confirmó que seis miembros de esa fuerza pidieron licencia luego de haber participado del operativo y la represión de aquel día en que no se lo vio más a Santiago.

RN-AFD
AUNO-15-09-17

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