Lomas de Zamora, junio 4 (AUNO).- Mabel Remón, la coordinadora del programa nacional ADAJUS, que trabaja en la asistencia de personas con discapacidad en relación a la administración de justicia, afirmó que el trabajo de este equipo es “fortalecer el cumplimiento de los derechos” para que se cumpla con “el efectivo acceso a la Justicia en igualdad de condiciones”.
El programa ADAJUS articula con el Centro de Acceso a la justicia, el Servicio Penitenciario Federal, INFOJUS y el INADI. Y fue creado por la presidenta Cristina Fernández “a partir del vacío que existía dentro de este marco jurídico”, explicó Remón en una entrevista con AUNO.
Hasta ahora, más de tres mil personas asistieron a las jornadas de capacitación y sensibilización que se llevaron a cabo en 16 jurisdicciones a lo largo del país con el fin de promover la correcta intervención de los agentes del Estado en cada una de las situaciones civiles, familiares, policiales o judiciales en que se encuentre una persona con discapacidad.
¿Cuál es el alcance que tiene el programa?
Asistimos no sólo a la persona con discapacidad sino también a los actores de la Justicia: operadores judiciales, agentes penitenciarios, fuerzas de seguridad, funcionarios de la administración pública y colegios profesionales, porque muchas veces no saben cómo obrar o cómo enfrentar ciertas situaciones para poder interactuar como la ley lo indica con una persona con discapacidad, cualquiera sea.
¿Cuántas personas se encuentran al frente de ADAJUS?
El equipo interdisciplinario cuenta con 18 personas trabajando, entre ellas, abogados, asistentes sociales, politólogos y periodistas. Trabajamos para que los actores de la Justicia cumplan con los ordenamientos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad (CDPCD) .
¿Cuál es el mayor inconveniente con el ámbito de la Justicia para aplicar la ley en estos casos?
El desconocimiento de cómo trabajar con personas con discapacidad es el mayor problema. Hay una amplia variedad del grado de dificultad de la capacidad auditiva y visual. No todos comprenden lenguaje de señas o lectura labial, no todos están oralizados o saben leer y escribir o, lo que es peor, dan por sentado que tienen comprensión del castellano y en eso casos sobrevienen los malos entendidos. Muchas veces, debido a la condición socioeconómica, tienen un vocabulario reducido y no logran comunicarse.
¿Cuál es el tipo de capacitación para estos actores que intervienen?
Hacemos la capacitación brindando información donde nos piden. Hacemos un trabajo territorial, vamos con el equipo interdisciplinario a los lugares donde no hay acceso a la información. Buscamos todos los espacios que sean posibles para difundir y que se replique en la mayor cantidad de gente posible.
¿Articulan con algún otro organismo o institución?
Si, sobre todo en el marco de la provincia de Buenos Aires, donde empezamos a hacer la difusión en las escuelas porque es el foco de difusión más conocido para que los padres se enteren y sepan con qué herramientas cuentan. También trabajamos con los penales, ya que muchas veces la persona adquiere la discapacidad en el acto delictivo y lo que buscamos es que la discapacidad no agrave o reduzca la pena sino que se cumpla en igualdad de condiciones.
¿Trabajan con los docentes?
Con los docentes universitarios, porque la educación especial tiene una dirección nacional que es de escuela primaria. Nosotros tratamos de adaptar el ámbito universitario a las personas con discapacidad. Desde Nación se concursa, se entregan subsidios, se investiga qué tipo de adaptaciones edilicias requiere. Hace poco se creó una carrera de complementación curricular en la Universidad Nacional de Lanús con horarios flexibles para que todos los profesionales que quieran actuar en Justicia obtengan la licenciatura en comunicación no verbal.
¿Qué es lo que se busca con la implementación de este programa?
Fortalecer el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Buscamos el efectivo acceso a la justicia en igualdad de condiciones mediante la información, la comunicación y los procedimientos adecuados.
En este sentido, ADAJUS contribuye a combatir la reprobación social.
ADAJUS fue creado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner justamente a partir del vacío que existía dentro de este marco jurídico. No se puede imponer una actitud social desde una norma. La comprensión de la norma no escrita no está para las personas con discapacidad auditiva. Esa regulación social que nos indica cómo comportarnos, lo que está mal visto o aquello que no debe hacerse, está oralizada y muchas veces terminan siendo reprobados por el tipo de inconducta desde la mirada del otro. Somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos y ADAJUS debe garantizarlos.
AUNO 04-06-14
CB-AFG
