Masacre de Budge: la violencia institucional, deuda de la democracia

A tres décadas de los asesinatos, la violencia institucional no sólo que se acrecentó sino que incorporó una compleja trama de complicidades, con la corrupción como estigma extendido en todos los niveles.

María Fernanda Berti

“Te agarran, no tenés DNI o los documentos de la moto y te llevan.”

“Volvés de la feria, de laburar, y porque te ven con la capucha del buzo puesta, te paran los guachos.”

“Las minas gendarmes te ponen la bota en el pecho y no te dejan respirar… y los pelados, los gendarmes pelados, te rompen los huesos.”

A 30 años de la masacre que popularizó la triste frase “gatillo fácil”, quienes estamos a diario en el barrio donde ocurrió el hecho observamos la continuidad de la violencia institucional. Aquellas frases se repiten como ecos de la matanza de hace tres décadas.

Hoy aparecen las diferencias propias de las modificaciones territoriales –La Salada, por ejemplo–, que transformó las prácticas delictivas y visibilizó la complicidad policial en el delito.

El Estado extiende su brazo punitivo –la policía–, como una forma de regular la pobreza, y en forma intermitente, selectiva y segmentada, porque interviene en algunos delitos –no en todos–, como el tráfico de drogas, pero mira para otro lado cuando hay violencia doméstica o sexual. Es una presencia contradictoria: el mismo Estado que interviene es el que está produciendo delito.

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El huevo de la serpiente
El viernes 8 de mayo de 1987, Agustín Olivera (el Negro, 20 años) y Roberto Argañaraz (Willy, 24 años) tomaban cerveza desde temprano. Al caer la tarde, los dos amigos –con Daniel Mortes, otro conocido– pasaron por el bar La Angiulina, discutieron con la dueña porque no los quiso atender y patearon la puerta del negocio. Un vidrio quedó roto. El hijo de la dueña del bar fue a la comisaría de Puente La Noria, para denunciar lo ocurrido. Era conocido del suboficial mayor Juan Ramón Balmaceda, “El capanga del barrio”, según contaban y cuentan hoy los vecinos.

“Yo era chica, pero me acuerdo el miedo que le tenían a Balmaceda acá en la cuadra, era como el dueño de Budge”, cuenta Cristina, vecina y maestra del barrio.

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En una Ford F100 y en un Fiat 125 amarillo, cuatro policías salieron para el negocio con el hijo de la dueña y un cliente. En el camino, se llevaron detenido al amigo del Negro y Willy, que había vuelto a su trabajo. Lo levantaron en el depósito en el que era empleado.

Desde el bar, los policías salieron a buscar a los otros dos. En la esquina de Figueredo y Guaminí, se detuvieron: allí estaban el Negro, Willy y Oscar Aredes (19 años) tomando una cerveza. A Mortes y al cliente del bar, que iba como testigo, los hicieron tirarse al piso. Balmaceda fue el primero en bajar. “¡Al suelo, señores!”, gritó el suboficial mayor. Cuentan que tropezó y salió el primer tiro de su arma reglamentaria. Detrás de ese disparo llegó la lluvia de plomo y la masacre.

El cabo Isidro Romero disparó con una ametralladora. El cabo primero Jorge Miño, con su 9 milímetros. Cuando las balas les cayeron encima, el Negro Olivera y Willy Argañaraz estaban recostados contra la pared y no tuvieron tiempo a moverse.
Oscar llegó a gritar algo. Pero los policías lo tiraron al piso de un culatazo y también le dispararon.

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“Yo volvía de la escuela y, de golpe, todo el barrio se quedó a oscuras. Ellos mandaron a cortar la luz para que no viésemos nada. Mi viejo me fue a buscar a la parada del colectivo. No me olvido más la cara de mi papá. ‘Mataron a los pibes, al hijo de Ramona. Fue el hijo de puta de Balmaceda’, decía mi viejo apurado por llevarme a casa”, recuerda Cristina.

En el juicio, al menos tres testigos dijeron a los jueces que habían visto cuando a Willy Argañaraz lo subían vivo a la camioneta Ford. Dijeron que tenía sólo una herida en una pierna y que puteaba a los policías que lo cargaban en la caja de la F100.

A partir de ese momento, todo cambió en uno de los barrios más relegados del Conurbano bonaerense.
Budge empezó a movilizarse reclamando justicia y fue tanto que la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, DIPBA registró 3 tomos con un total de 560 carillas.

No sólo era visible el encubrimiento de la Bonaerense a los tres policías asesinos, en un claro mensaje de perpetuar sus prácticas violentas e ilegales de amedrentamiento a los jóvenes de los sectores populares, sino también las sistemáticas y constantes persecuciones a los familiares, amigos, abogados, organismos de derechos humanos, quienes colectivamente se enfrentaron al poder policial y judicial.

La causa judicial tuvo tantas complicidades políticas que Romero fue capturado en 1999 y Balmaceda y Miño, siete años más tarde.

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El Estado ausente/presente
Que la Bonaerense funciona como una organización cuasi mafiosa y extorsiva no es novedad para nadie. Esto se observa en el robo de autos y el tráfico de drogas. No es que el Estado haya mirado para otro lado. El Estado ha reproducido la violencia y es cómplice del delito, hostigando en muchos casos a los jóvenes para delinquir para la fuerza o armando causas que ponen en riesgo sus vidas y la de sus familias.

Por lo tanto, decir que el Estado está totalmente ausente y que la policía sólo reprime es simplificar una realidad mucho más compleja que abarca grados de corrupción y violencia inimaginables hace 30 años.

*Docente. Coautora del libro La violencia en los márgenes.

(Salvo la tapa de Clarín, el resto del material gráfico es gentileza del Archivo de la DIPBA)

MFB-GDF

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