Las irregularidades del Progresar

Reducción presupuestaria, montos licuados por inflación y dificultades en las inscripciones afectan el funcionamiento del programa, de acuerdo a las denuncias de dirigentes universitarios.

Gabriel Santana

Lomas de Zamora, agosto 3 (AUNO).- Dirigentes universitarios denuncian irregulares en el Progresar: dificultades en las inscripciones, reducción presupuestaria del programa y montos que quedaron licuados por la inflación. “Desde que asumió el macrismo, todos los años atacaron las becas y los estudiantes tienen cada vez más incertidumbre”, advirtieron.

Según el último informe del Centro de Estudios de la Ciudad (CEC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), casi medio millón de estudiantes dejó de recibir la beca Progresar y este año habrá un poco más de 500 mil beneficiarios. Estas cifras demuestran que habrá casi 200 mil menos titulares de los que había en 2015, y prácticamente la mitad de los que el programa había logrado cubrir en su mejor trimestre del año 2016.

María Laura Lombardía, autora del estudio, afirmó a AUNO que durante los dos primeros años de la gestión, Cambiemos “congeló el programa” y cuando el año pasado lo modificó “se dio la caída más fuerte” tanto en el número de titulares como en las partidas presupuestarias. Además se dejaron de hacer operativos territoriales y de difundir la iniciativa.

En 2018 el Gobierno relanzó el programa mediante un decreto, pero con objetivos y requisitos más restrictivos. Ese año se hizo la primera actualización de montos de manera diferencial: un 16 por ciento para secundarios, primarios y talleres de oficio y un 50 para los universitarios. De esta manera se dio prioridad a los estudiantes de los niveles superiores en detrimento de la población que no concluyó la educación obligatoria, a quienes estaba apuntado principalmente el programa desde su origen en 2014.

Lombardía analizó que el aumento destinado a la población que cursa los niveles de educación obligatoria “es igual que dejarlo morir (al programa)”, si se tiene en cuenta que la inflación acumulada entre 2016 y 2017 superó el 60 por ciento. Mientras que el adjudicado a los titulares del nivel superior, a pesar de la fuerte suba, tampoco alcanzó a equiparar el poder adquisitivo que tenía el monto de la prestación en 2015. Además, remarcó que “no tener en perspectiva aumentarlo en 2019 hace que el poder adquisitivo siga en picada”.

Con las modificaciones del año pasado también bajaron las cantidades de cuotas anuales que se pagan, ya que de 12 pasaron a 10. Los montos comenzaron a ser de 1600 a 2300 pesos para los universitarios, 1800 a 4900 para las carreras estratégicas y 1200 para los estudiantes del nivel primario, secundario y talleres de oficio.

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Constanza Bossio, secretaria general de la Federación Universitaria Argentina(FUA), subrayó que “el aumento nunca equiparó los niveles de inflación” y que “cada vez les cuesta más a los estudiantes viajar y comprar apuntes”.

La Universidad de Lomas de Zamora no escapa a la realidad. Nicolás Escudero, vicepresidente de la Federación de Universitarios de Lomas de Zamora (FULZ), sostuvo que se incrementó la cantidad de alumnos con problemas para cobrar. Como consecuencia “se anotan a menos materias y leen apuntes en formato digital porque las plata no les alcanza”.

La inversión presupuestaria al Programa también cayó. En 2016 las partidas disminuyeron 6 por ciento con respecto a 2015; en 2017 la reducción fue del 28; en 2018 de un quince y para este año se estima que la inversión disminuya un 22. Esto significa que el Gobierno este año invertirá menos de la mitad de lo que se hacía en 2015.

El Programa de Respaldo para Estudiantes de Argentina, conocido popularmente como Progresar, fue creado en 2014 para incentivar a las personas mayores de 18 que no habían completado sus estudios y con él pudieran terminar la primaria, la secundaria o asistir a talleres de formación. También surgió para jóvenes de sectores populares que habían alcanzado la universidad o los niveles superiores y necesitaban una ayuda para poder mantenerse.

En 2018, cuando el Gobierno relanzó el programa con el nombre de Becas Progresar, dejó la órbita del Anses para pasar al Ministerio de Educación y comenzó a englobar diferentes líneas de becas. Bossio señaló que sólo conservó el nombre “ya que tiene una perspectiva excluyente tanto en los requisitos académicos como económicos”. Antes bastaba con ser alumno regular para ser beneficiario, mientras que ahora existe un esquema de premios y castigos: los universitarios deben aprobar la mitad más una de las asignaturas del programa de estudios y en caso de no cumplir dejarán de cobrar la beca por un año. A su vez, el Gobierno premia a quienes aprueben todas las materias con promedio de 8 o más con un pago a fin de año.

Además, la evaluación socioeconómica está a cargo del ANSES, pero no da a conocer los motivos por los cuales los aspirantes son rechazados. “Si logras que te atiendan, se pasan la pelota unos a otros y no te dan ninguna respuesta satisfactoria”, aseguró Bossio. En la misma línea, Escudero afirmó que los reclamos que se resuelven con éxito “son contados con los dedos de la mano”, que a partir de 2018 se acentuó la problemática y no existen espacios para realizar quejas cuando “antes alcanzaba con acercarse al Anses de tu barrio”.

Otras de las modificaciones que sufrió fueron la exigencia de reinscripción anual de los beneficiarios y la incompatibilidad de la beca con otros derechos como la Asignación Universal por Hijo.

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Para Bossio los cambios se explican desde “la cuestión ideológica”, ya que considera está destinado al “tipo de estudiante que quiere construir el macrismo”. “Tiene una perspectiva meritocrática, que busca un estudiante joven, que puede ser mantenido por los padres y sólo tiene que estudiar. Mientras que el estudiante en situación de vulnerabilidad, en líneas generales, es el que más apoyo necesita y es al que por ahí no le va tan bien en las notas”, señaló.

Lombardía precisó que el programa fue “apropiado principalmente por lo jóvenes que accedieron al nivel superior”. Antes, “la preocupación estaba en cómo poder integrar a los pibes en todos los niveles”. Para la investigadora, ahora el programa “tiende más a expulsar” y desatiende “una de las problemáticas más importantes que tiene el país, como la deserción escolar”.

Un fenómeno que el Gobierno planea combatir a través del anunciado Servicio Cívico Voluntario y que desde el análisis de la investigadora “significa cambiar la escuela por los cuarteles”.

“Hablan de población ‘ni ni’, término peyorativo para promover este tipo de políticas. La idea es: ‘prefiero que esté en el cuartel y no en la esquina tomando una cerveza’. Existe una problemática de pibes interesados, pero estadísticamente no son la mayoría”, detalló la socióloga.

“Además, hay estudios que demuestran que dos terceras partes son mujeres jóvenes de sectores populares que lejos de no estudiar o trabajar, están ocupándose de las tareas del hogar, de cuidar hermanos, hijos y que tuvieron que abandonar la escuela por ocuparse de esa tarea” agregó.

Situación en Sociales

Este año en la Facultad de Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora hubo alrededor de 800 nuevos inscriptos a las becas Progresar y hasta el momento sólo la cobran cuatro de cada diez. Es decir menos de la mitad de los solicitantes.

Los reinscriptos tuvieron aún más inconvenientes y, según Escudero, la mayoría fueron rechazados. Además, denunció que no hay una regularidad en la fechas de cobros y que este año aumentaron los reclamos que recibieron como federación.

El dirigente de la FULZ explicó que la misma situación se replica en las demás facultades de la universidad en proporción a los estudiantes de cada una. “Existen casos muy extremos y el hecho de tener que informarle a un alumno que quedó afuera es muy difícil, porque es probable que tenga que dejar de cursar”, reflexionó.

Además a los inconvenientes con el Progresar, también este año hubo dificultades con la correcta acreditación del boleto estudiantil. Aunque logró resolverse. “El tema del boleto fue más satisfactorio, creo que tiene con ver algo electoral y que le genera un costo menor a la Provincia”, manifestó.

Además hizo hincapié en el “desmanejo administrativo”, ya que algunos estudiantes quedaron afuera del Progresar, pero continuaron teniendo tarifa diferencial para sus pasajes como si continuaran cobrando.

Para Escudero, los recortes en las becas constituyen un “ataque del Gobierno” para desgastar “la universidad pública”. “Más allá del rumor de volver al arancelamiento, hubo otras cuestiones como es el caso del aumento del transporte, el cual impactó de manera significativa en la Universidad de Lomas”, detalló.

“Otra cosa que comenzó a suceder en último tiempo es que comenzaron a inscribirse alumnos provenientes de facultades privadas que no podían seguir pagando cuotas y exámenes. ¿Qué le queda al que se esforzaba para cursar en la universidad pública y dejó de cobrar el Progresar?”, concluyó.

AUNO-03-08-2019
GS-MDY

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