“Esta lucha es un orgullo”

Lo dijo Alberto Santillán, padre de Darío, en el acto por el 15º aniversario de la Masacre de Avellaneda.

Fernanda Cartolano

Lomas de Zamora, junio 27 (AUNO).- Organizaciones barriales, partidos de izquierda y familiares y amigos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki recordaron la lucha piquetera con una marcha multitudinaria y un acto de denuncia. “No fue un mero hecho policial, sino algo perpetrado por el Estado”, aseguró Alberto Santillán, padre de Darío, al cumplirse quince años de la masacre de Avellaneda.

La mañana del despertó a cada compañero y compañera, luego de una noche sin viento y sin luna, tan agradable para estar en la calle, gracias a una primavera imprevista e inusual.

Se propusieron acomodar los trapos y los bombos para subir al puente al mediodía. La mañana pasó muy rápido; la multitud de la noche anterior se hizo cada vez más inmensa.

Con la lucha

A las 12, la enorme columna sobre la avenida Hipólito Yrigoyen estaba desbordada de banderas de organizaciones barriales, partidos de izquierda y organismos de derechos humanos. “A Darío y a Maxi los vamos a vengar con la lucha popular”, cantaban antes y durante el recorrido hacia el puente.

El Puente Pueyrredón estaba repleto. El acceso desde la calle Mitre en Avellaneda estaba tapado por banderas inmensas, como las del MST, CTA, Izquierda Socialista, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, entre otros sectores.

Y el acceso al puente desde la Avenida Hipólito Yrigoyen estaba también copado por organizaciones, como Quebracho, con sus militantes de porte piquetero: pañuelos en sus caras y palos que golpeaban con la intención de hacer ruido contra el vallado que divide los carriles del puente.

“Y dale alegría, alegría, a mi corazón / la sangre de los caídos en rebelión. / Ya vas a ver, las balas que vos tiraste van a volver / Y sí, señor, vamos a llenar de ratis el paredón”, cantaban.

La hermana de Maximiliano Kosteki, Vanina, no pudo estar porque “no se sentía bien”, informó Alberto Santillán, que expresó que la entendía.

Una vez sobre el puente, con 26 grados primaverales en pleno invierno, los manifestantes esperaron la lectura del documento, entre un paisaje de un Riachuelo tranquilo, de nubes grisáceas tornasoladas, música de bombos y los colores de las banderas.

La murga del Frente Popular Darío Santillán fue la que más fuerte sonó mientras terminaba de llegar el resto de los manifestantes.

“Lucha lucha. Yuta trucha. Lucha lucha. Yuta transa y asesina. Oh, lucha y organización”, cantaba la multitud frente al escenario en el que estaban Alberto y Leonardo Santillán.

Estaba allí también el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH La Matanza), Pablo Pimentel; la abogada y dirigente de CORREPI María del Carmen Verdú; y familiares y amigos de víctimas de violencia institucional y casos de gatillo fácil.

Contra el ajuste

“A 15 años seguimos reclamando Justicia con las banderas de Darío y Maxi. Contra el ajuste y la política represiva del gobierno de Macri y los gobernadores. Darío y Maxi viven en la lucha del pueblo”. Así comenzó la lectura del documento, leído por dos oradores de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.

Como eje, se señaló al Estado como principal responsable de la represión de 2002 y que, en estos 15 años, “se garantizó la impunidad”. “Exigimos juicio y castigo a los responsables de la masacre de Avellaneda. Eduardo Duhalde, Aníbal Fernández, Felipe Solá, Juan José Álvarez, Alfredo Atanasof”, leía con fervor el orador, lo que causó el silbido por parte de los militantes.

“Si es preciso, vamos a dejar la vida para que los responsables políticos paguen”, afirmó Leonardo Santillán, en una de las pocas veces que tomó el micrófono para hablar a la multitud.

El cierre de la jornada estuvo en manos de Alberto Santillán, que se emocionó en el escenario sin poder creer del todo el paso de los años. Se lo vio sensible pero fuerte, con seguridad de que la causa señalará a los responsables políticos y los va a enjuiciar.

El símbolo de lealtad hacia la lucha de Darío y de Maxi por parte de la militancia allí presente, a cada segundo dejaba una respuesta con un canto emblemático: “Como a los nazis les va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar”. Alberto cantó al unísono.

La ausencia del hijo amado

“La emoción de la ausencia del hijo amado, pero también el orgullo de ese hijo. Han pasado 15 años y acá estamos”, reflexionó conmocionado y con voz temblorosa.

Aseguró también con firmeza que lo que pasó no fue un “mero hecho policial”, sino “algo perpetrado por el Estado nacional y provincial que tiene nombre y apellido de los asesinos que siguen impunes, amparados por el resto de los políticos y la Justicia”.

“Darío se merece, como Maxi, ser honrado por nosotros. Y esto no es ninguna mochila, esto es un orgullo”, expresó.

Lo importante de las palabras de Alberto consistió en un dato fundamental en la causa. Citó testimonios brindados por el ex intendente de Avellaneda de ese entonces, Oscar Laborde, que afirmó “saber de la represión” y pidió que “no haya ni un muerto en Avellaneda”.

La causa

La causa de la Masacre de Avellaneda aun no citó a indagatoria a ningún ex funcionario como responsable político de la represión que terminó con las vidas de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

Si bien los asesinos materiales tienen su condena correspondiente, costó que se profundizara en la investigación para poder adjuntar pruebas y señalar al Estado representado por Eduardo Duhalde.

A este caso no le quedaba más que prescribir después de 15 años, según los tiempos del Poder Judicial. Sin embargo, Pimentel, asesor legal de la familia Santillán, pidió que “el juez a cargo no puede dejar que la causa prescriba” porque los funcionarios que en ese entonces tenían cargos de gobierno “tomaron la decisión política de avanzar contra los manifestantes”.

Todavía se encuentran en la recolección de pruebas que demuestren la responsabilidad político e ideológica de Duhalde, ex presidente interino, y todo su gabinete.

Tampoco se conoce a quién llamaría a indagatoria. La causa se encuentra a cargo del juez federal porteño Ariel Lijo, y de la fiscal Paloma Ochoa.

AUNO-27-06-17
EFC-MDY-HRC

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