La criminalización de la protesta; los casos de gatillo fácil; la militarización de zonas de frontera y territorios habitados por las comunidades originarias; las torturas y tratos crueles; los beneficios a genocidas; las detenciones arbitrarias; la falta de celeridad en los juicios por crímenes de lesa humanidad, y el deterioro de las condiciones de vida de la población configuran un contexto regresivo en materia de derechos humanos.
“Estamos viviendo tiempos peligrosos para el ejercicio de los derechos, para el reclamo y la protesta y para opinar públicamente de forma crítica hacia el Gobierno. Son peores aún para defenderse de las injusticias llevadas adelante por miembros del Poder Judicial”, denunció Abuelas de Plaza de Mayo en un comunicado del 28 de agosto de 2018. El organismo advirtió que “*la Argentina está sometida a un estado de excepción permanente* que permite el atropello y la violación de los derechos del pueblo”.
En la misma línea, el “Informe Anual 2018: El sistema de la crueldad XII, sobre lugares de encierro, políticas de seguridad y niñez en la provincia de Buenos Aires”, elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), señala que “el paradigma de las nuevas amenazas globales que militariza el territorio nacional configura un escenario propicio para las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y el consecuente *debilitamiento del sistema democrático*”.
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El caso Maldonado
La CPM apunta que “la Gendarmería se ha convertido en una fuerza multipropósito con presencia en muchos territorios y una actuación específica en la represión de la protesta social”. Las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel dan cuenta de ello.
El 29 de noviembre pasado, el juez federal Gustavo Lleral decidió cerrar la investigación de la muerte y desaparición de Santiago Maldonado y resolvió el “sobreseimiento total y definitivo” de Emmanuel Echazú, el único gendarme imputado en la causa que investiga lo ocurrido el 1 de agosto de 2017 en la Pu Lof, en Resistencia Cushamen.
Tras apuntar que Maldonado “murió en el marco de una represión del Estado”, la directora general de Áreas de la CPM, Sandra Raggio, manifestó la necesidad de “investigar las causales de la muerte de Santiago y cuál ha sido la responsabilidad del Estado”, en diálogo con AUNO.
“La violencia policial es violencia del Estado y los casos no pueden interpretarse de manera aislada: son prácticas incorporadas a la rutina institucional y la modalidad con la que las policías cumplen sus funciones. La tortura y los tratos crueles se inscriben como parte de estas prácticas estatales, y adquieren rasgos de sistematicidad por su cotidianeidad y extensión territorial”, marca el informe.
La situación de las cárceles
El estudio también da cuenta de la “crisis humanitaria” que atraviesa el sistema penitenciario, la cual “no para de profundizarse”. Según el análisis, “a diciembre de 2017 había 43.094 personas detenidas”. En el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), “38.320 personas se alojaban en 20.071 plazas penitenciarias”, lo que se traducen en “91% de sobrepoblación”, mientras que en comisarías, “3.097 personas ocupaban 1.040 camastros superando el 200% de sobrepoblación, y el monitoreo electrónico se aplicaba a 1.677 personas”.
Otro número que advierte de la gravedad de la situación: “1.269 personas se alojaban en 109 comisarías inhabilitadas por orden judicial o administrativa, es decir en lugares prohibidos”. Una de ellas era la Comisaría 3 de Esteban Echeverría, donde el 15 de noviembre pasado se produjo el incendio que causó la muerte de 9 detenidos.
“La masacre de Esteban Echeverría da cuenta del colapso de todo el sistema de encierro y las consecuencias que tiene una política de seguridad conectada con el mayor punitivismo y la mano dura”, dijo Raggio y denunció que el Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego por parte de las Fuerzas Federales de Seguridad, aprobado por el Ministerio de Seguridad de la Nación el 3 de diciembre, “da cuenta de cómo *se profundiza la doctrina Chocobar*”.
“Arbitrariedad para detener, automaticidad para convalidar y velocidad para condenar son las tres prácticas combinadas del Poder Judicial y las fuerzas policiales que han llevado a este récord de la tasa de encarcelamiento”, señala el informe.
Nunca más
En cuanto a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, las denuncias por falta de celeridad en los juicios por delitos de lesa humanidad y la reducción de las condenas fueron una constante de los últimos años.
Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo dan vuelta a la Pirámide de Mayo en su #38MarchaDeLaResistencia pic.twitter.com/gyoIsUiM1h
— Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) 6 de diciembre de 2018
El fallo del 2×1 fue uno de los momentos más críticos para la Argentina. El 3 de mayo de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aplicó la Ley 24.390, que estuvo vigente entre 1994 y 2001, y al momento se encontraba derogada, para el caso del represor Luis Muiña por los delitos cometidos en el Hospital Posadas.
El 10 de mayo, el Congreso modificó el artículo 7 de la ley que computa dos días de detención por cada uno de prisión sin condena firme para determinar que el beneficio “no es aplicable a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional”. Esa tarde, una multitud marchó a Plaza de Mayo en repudio del fallo de la Corte y exigir “No al 2×1”.
El 4 de diciembre pasado, el máximo Tribunal dictaminó que la ley es inaplicable para los juzgados por delitos de lesa humanidad. A través de un comunicado, Abuelas de Plaza de Mayo manifestó: “Este fallo confirma que la sociedad argentina no admite retrocesos en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y que solo con Memoria, Verdad y Justicia podemos tener una democracia plena”.
GN-AFG
AUNO 09-12-2018
