Insólita denuncia del Gobierno contra el intendente Federico Otermín por la participación de hinchas en la marcha al Congreso

En una presentación judicial, el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich acusó de “sedición” a los intendentes de Lomas de Zamora, Federico Otermín y de La Matanza, Fernando Espinoza. Minimizó los ataques al fotógrafo Pablo Grillo y a una jubilada en la violenta represión y aseguró que hubo participación de «grupos organizados» en la movilización.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, presentó este viernes una denuncia penal contra los intendentes de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y de La Matanza, Fernando Espinoza, para responsabilizarlos de la multitudinaria marcha del miércoles pasado al Congreso, donde hubo una violenta represión contra jubiladas, jubilados e hinchadas de fútbol.

En la presentación judicial, a la que tuvo acceso AUNO, la cartera de Seguridad enumeró a los supuestos responsables de la convocatoria al reclamo ciudadano del miércoles pasado, a quienes acusa por los delitos tan graves como sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática, y asociación ilícita agravada.

Además de Otermín y Espinoza, responsabilizó al ex jefe de Montoneros, una organización guerrillera que operó hace 50 años en la Argentina, y que hace décadas que vive en España.Sin presentar prueba alguna, el área que dirige Bullrich asegura que algunos de los participantes «habrían recibido pagos de hasta $50.000».

La denuncia también insiste en la presunta participación de hinchas de Chacarita, Boca, River, Independiente, Racing, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors, Tigre, Lanús, Ferro Carril Oeste, All Boys, Atlanta, Temperley, Almirante Brown, Excursionistas, Deportivo Morón, Quilmes, Nueva Chicago y Los Andes, entre otros clubes, en la manifestación.

Sin más respaldo que llamados anónimos a la línea 134 del Ministerio, el escrito asegura en ese sentido que participaron «barra bravas de Tigre y Nueva Chicago» en la marcha.

«Inmediatamente que llegaron a la zona del Congreso Nacional comenzaron a agredir a las Fuerzas de Seguridad con empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego», señala el escrito, que omite mencionar el megaoperativo que buscó impedir la movilización y agredió a participantes durante la concentración.

La denuncia también enfatizó los daños a vehículos policiales y a los agentes heridos. Sin embargo, minimiza el ataque al fotógrafo Pablo Grillo y la agresión a una jubilada, que fue empujada por un policía. Ambos casos fueron registrados en video y fotos por las y los testigos que denunciaron el abuso de la fuerza contra las y los manifestantes.

Sobre Grillo, el escrito sostiene que «fue herido en su cabeza aparentemente por un proyectil de gas lacrimógeno que habría sido lanzado con trayectoria horizontal desde una distancia alejada del lugar donde se encontraba». En el caso de la jubilada, la versión del Ministerio se limita a indicar que «golpeaba reiteradamente a un policía con un objeto contundente» antes de caer al suelo.

Bullrich también cuestionó a la jueza Karina Andrade, que ordenó la liberación de los detenidos. Desde el Ministerio de Seguridad amenazaron con presentar una denuncia por prevaricato y violación de los deberes de funcionario público contra la magistrada, además de solicitar que la causa pase a la Justicia Federal.

AUNO-14-03-2025
MB-DM

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