El adolescente que perdió un ojo en un allanamiento mal hecho fue víctima de otro abuso policial

En 2020 recibió un disparo por el que perdió la visión de su ojo derecho en un operativo hecho por error y ahora su familia denuncia que fue atacado por efectivos de la misma comisaría, la cual fue intervenida por Gendarmería. Su padre asegura que viven bajo “acoso constante”.

Ignacio Seijas, el joven herido en un allanamiento ejecutado por error el año pasado en su casa, fue interceptado a principio de mes por miembros de la Comisaría 7ma de Lomas de Zamora, quienes lo detuvieron “sin elementos suficientes” y lo apalearon al menos en dos oportunidades, según denunció la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Lomas de Zamora.

Se trata del joven de 18 años que recibió un disparo de perdigones de goma de parte de un agente del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la Policía Bonaerense en un allanamiento realizado por error en junio de 2020, en su casa de Villa Albertina. “Fue el martes 6. Nacho estaba teniendo una discusión con un chico del barrio por una cargada estúpida porque le falta el ojo y empezaron a intercambiar golpes”, explicó Pablo Seijas, el padre de la víctima, en diálogo con AUNO, y continuó: “En eso pasó un patrullero que intervino en la pelea y, como son los policías de la misma seccional (que se vio implicada en el allanamiento del año pasado) lo empezaron a golpear”.

De acuerdo al relato de Pablo, Ignacio fue trasladado a la Comisaría 7ma. luego de que se resistiera a la golpiza. Cuando, horas después, al adolescente lo derivaron desde esta seccional hacia la visita con el médico del perito, fue observado por sus familiares, quienes descubrieron que tenía heridas en la cabeza y en la cara, incluso una de ellos ubicada en el área “donde le falta el ojo”.

Pero el calvario para Ignacio no terminó ahí. “A las 2 de la madrugada, después de estar seis horas detenido, lo liberaron y él decidió ir con su novia a la casa de ella. A la media hora me escribió ella contándome que el mismo comando que lo detuvo lo volvió a interceptar, lo pusieron contra la pared y le empezaron a dar golpes en las costillas, por lo que él trató de defenderse”, relató Pablo, y prosiguió: “En eso lo agarraron entre dos policías y lo golpearon con el arma, dándole un culatazo en la cabeza de cinco puntos de sutura y, como lo vieron sangrando, ahí lo dejaron”.

Al día siguiente del hecho, el abogado de la familia Seijas hizo una denuncia por “apremios ilegales”, lo que derivó en un allanamiento a la Comisaría y a una intervención ejecutada por Gendarmería. Sobre este punto, Pablo se mostró escéptico sobre el devenir de esta causa en el fuero judicial. “Es más de lo mismo,  los ocultan, los cambian de seccional (a los policías)… Más de lo mismo”.

Por otro lado, desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Lomas de Zamora, que colabora con la familia, ven con buenos ojos esta decisión “rápida” de la Justicia. “Por lo menos en este caso hubo una respuesta rápida, después veremos si avanza la investigación, si hay imputados o si ya está en etapa de investigación, en un segundo paso”, valoró el presidente de la sede lomense de esa organización, Mauricio Rojas.

Para el activista es crucial que “se avance” en esta nueva causa para el desarrollo de la primera. En ese sentido, adelantó que “se está evaluando con la familia presentar un recurso de habeas corpus de protección”, ya que, aseguró, están dadas las condiciones para hablar de una “mecánica reiterada de hostigamiento a Ignacio, que se volvió un objetivo de la comisaría, que es una de las que participó en el allanamiento”.

“La violencia institucional policial hace estragos en el Conurbano y se encarniza especialmente en las barriadas populares con los sectores más humildes. Esta es una detención que no tenía ningún elemento”, concluyó Rojas.

“No es la primera vez que pasa”

De acuerdo al testimonio del padre de Seijas, el acoso policial al joven y a su familia es “constante”. “Cuando empezamos a hacer las marchas y los videos virales empezaron a hostigarnos. Nos pasaban los patrulleros a cada rato, se quedaban parados en la puerta iluminando con las sirenas para adentro y cuando Nacho salía lo seguían varias cuadras”, detalló el hombre. Es que a la familia Seijas le gana “la bronca y la impotencia” por encima del temor por las “represalias que la policía puede llegar a tomar”. 

Esa misma bronca e impotencia es la que sintió Ignacio cuando lo detuvieron y lo vejaron. “Con el enojo que tiene encima, más con el tema de que estamos con el protesista y que tuvo algunas operaciones en el medio, ‘Nacho’ está muy rebelde y muy metido en su dolor, y ahora volvió a pasar esto”, se lamentó Pablo. 

Es que por estos días la vida de Ignacio no es nada fácil. El hecho de injusticia que le costó su ojo derecho y que casi le cuesta la vida lo tiene a mal traer al joven lomense, por lo que sus familiares están enfocados en su recuperación psicológica. “Estamos tratando de darle herramientas para que pueda salir adelante, retomar sus estudios y para que incluso pueda volver a hacer deporte; para que pueda poner el foco de su vida en otro lado y que no esté todo el tiempo pensando en que el falta un ojo, en que lo desfiguraron, en que le truncaron la vida”, destacó.

“No creo que le disparó vuelva a ir preso ”

Distintas son las expectativas que tiene la familia con respecto al avance del caso en la Justicia. Sucede que, al escepticismo que sienten con respecto a la investigación que surja por esta nueva denuncia, se suma el hecho de que el subteniente David Daniel, el miembro del GAD acusado de disparar a Seijas en el ojo en aquel operativo malogrado, sigue en libertad desde agosto, cuando la jueza del Juzgado de Garantías N°5 del Poder Judicial de Lomas de Zamora, Marisa Salvo, resolvió cambiar la carátula del caso de “homicidio en grado de tentativa” a “daños agravados”.

“La sensación es amarga. Las expectativas no son muy buenas. No creo que vuelva a ir preso porque puede derivar en lo que dijo la jueza, que no hubo dolo, que no hubo intención (de dañar a Ignacio cuando le dispararon la perdigonada en la cara)”, explicó Pablo, aunque se ilusionó: “Como es un camino muy largo las cosas día a día pueden cambiar”.

El sábado 20 de junio de 2020 por la mañana, efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la Policía Bonaerense ingresaron por equivocación al departamento 4 ubicado en Rawson 1802, en Villa Albertina. Primero redujeron a Nelson Cabrera, la pareja de Marina Candia, madre de Ignacio. Luego interceptaron al joven, quien estaba durmiendo en una habitación del patio interno de la casa y que se levantó tras oír los disturbios.

Como la puerta del patio no tiene picaporte, los habitantes de la casa utilizan un cuchillo sin filo para abrirla. Al salir, Ignacio, que tenía el cuchillo en la mano, se encontró con dos de los policías: uno con un escudo y otro con una escopeta. Hizo dos pasos y el oficial le tiró a la cara. En tanto, los oficiales no se habían percatado aún de que ingresaron al departamento equivocado, ya que el allanamiento estaba destinado al 3.

“¡Mamá, quería abrir la puerta. Mamá, me arruinaron!”, gritó Ignacio tirado y ensangrentado por el disparo de goma que recibió en la cara. Estaba sobre el pasto mojado del patio. Lo gritó cuando aún tenía policías encima de su cuerpo y otro efectivo le impedía a Marina acercarse a su hijo.

Cuando la ambulancia que trasladaba al adolescente llegó al hospital, los policías a cargo del operativo no le permitieron entrar a Marina y, según le contó una de las enfermeras que lo atendió, los agentes dijeron: “Este es un chorro”. 

No conformes con su accionar, los efectivos secuestraron un horno eléctrico de la vivienda, ya que el objetivo del allanamiento llevado a cabo por agentes de la Comisaría 7°, de Villa Centenario, era para resolver una investigación por el robo de electrodomésticos de la Escuela 26, ubicada a cuatro cuadras de la casa. Finalmente, los electrodomésticos secuestrados fueron devueltos, ya que no coincidían con los denunciados por la escuela.

AUNO-26-4-21
JF-SAM

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