“¡Mamá, quería abrir la puerta. Mamá, me arruinaron!”, gritó Ignacio tirado y ensangrentado por el disparo de goma que recibió en la cara. Estaba sobre el pasto mojado del patio de la casa en Villa Albertina que comparte con su madre, la pareja de ella y una hermanita de casi 2 años. Lo gritó cuando aún tenía policías encima de su cuerpo y otro efectivo le impedía a Marina Candia, su mamá, acercarse.
Sucedió el sábado 20 de junio por la mañana, luego de que efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la Policía Bonaerense ingresaron al departamento 4 ubicado en Rawson 1802, Villa Albertina, partido de Lomas de Zamora. Para ese momento ya habían reducido a Nelson Cabrera, la pareja de Marina, pero no se habían percatado aún de que ingresaron al departamento equivocado, ya que el allanamiento estaba destinado al 3.
“Yo me despierto con el grupo de la GAD apuntándome y me piden que me tire al piso. Me arrodillo, siento que me patean y ahí caigo al piso”, cuenta Cabrera a AUNO. Marina reacciona yendo a buscar a su hija. Una vez que lo hace, se pone al lado de la puerta que da al patio. ”Los idiotas apuntaron a mi nena que el mes que viene cumple de 2 años”, exclama indignado Nelson. Y aclara que aún no sabía lo que pasaba con Ignacio.
Esos ruidos llamaron la atención de Ignacio “Nacho” Seijas, el hijo de 17 años que Marina tuvo en una relación anterior. Estaba durmiendo en una habitación del patio transitoriamente, hasta que se complete la obra en el primer piso de la casa familiar. Y como la puerta del patio no tiene picaporte, utilizan un cuchillo para abrirla.
Al salir, tomó un cuchillo sin filo pero se encontró con dos de los policías: uno con un escudo y otro con una escopeta. Hizo dos pasos y el oficial le tiró a la cara. “Le reventó el ojo -apunta su mamá- yo lo quería auxiliar y el policía me echaba.”
Luego de media hora, Marina lo entró, y logró limpiarlo un poco y cambiarlo. En ese momento llegó la ambulancia y lo trasladaron al Hospital Gandulfo, donde más tarde los médicos le informaron que había perdido la visión de su ojo derecho. “Eso no se lo va a devolver nadie”, lamentó ella.
Cuando la ambulancia llegó al hospital, los policías a cargo del operativo no le permitieron entrar a Marina y, según le contó una de las enfermeras que lo atendió, los agentes dijeron: “Este es un chorro”.
“Si es chorro o no, es mi paciente y lo tengo que atender igual. Y si fuera un chorro tendría que estar esposado y con un oficial acá”, les replicó la enfermera y se retiraron. “Los policías no sabían dónde meterse porque sabían que se mandaron una cagada”, asegura su madre.
EL RAID POLICIAL EN EL BARRIO
No conformes con su accionar, los efectivos secuestraron un horno eléctrico de la vivienda, ya que el objetivo del allanamiento llevado a cabo por agentes de Comisaría 7°, de Villa Centenario, era para resolver una investigación por el robo de electrodomésticos de la Escuela 26, ubicada a cuatro cuadras de la casa.
También ingresaron a casas vecinas “porque no encontraron lo que necesitaban”. Incautaron un freezer, una ollas y a dos cuadras redujeron a una vecina, que vive con su nena de 7 años, para llevarle la pava eléctrica y un equipo de música. La menor tiene la mitad del rostro paralizado, según informó la mamá de Ignacio.
“Todo mal hicieron. La orden era para el 3 y entraron al nuestro, el 4. Igual después entraron también al otro y no encontraron nada”, subrayó Cabrera. El motivo de la orden de allanamiento dada por el fiscal Carlos Román Baccini, titular de la UFI 6, fue investigar el robo en la escuela la semana pasada.
“TIENEN QUE PARAR”
A una semana del hecho, Ignacio Siejas se recupera en la casa de su papá, porque le dieron el alta para prevenir un contagio intrahospitalario de coronavirus. “Nuestra casa es chica y en estos días estoy recibiendo personas; voy y vengo haciendo trámites y preferí resguardarlo en lo de su papá”, explica Marina.
“Nacho” está muy dolorido, toma Tramadol para adormecerlo y así poder limpiarle los ojos. Además, se enteraron de que le habían quedado dos perdigones más en la cara. Ambos fueron removidos por su padre que los descubrió mientras le realizaba curaciones en el rostro, por lo que sospechan que hubo negligencia médica.
Recién ahora Marina puede contar lo sucedido sin quebrarse: “Quiero justicia por mi hijo, que fue víctima del gatillo fácil con una mamá que lo puede contar porque está vivo. No quiero más Ignacios. Tienen que parar. Ingresaron a una casa, se encontraron con una familia y siguieron siendo agresivos”.
“NEGRO DE MIERDA”
La investigación por el accionar del GAD quedó a cargo del fiscal Sebastián Bisquert, a cargo de la UFI 8 de Lomas de Zamora, especializada en violencia institucional, quien ya procesó a uno de los agentes por «lesiones graves».
El policía que disparó es el subteniente Daniel David y fue apartado de su cargo por Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense y se le abrió un sumario.
Durante su declaración, “Nacho” contó que al caer al piso los policías le gritaron “negro de mierda, negro hijo de puta y chorro”.
“Están enfermos de la cabeza, no sé qué decir -reflexiona Marina-. Salís a trabajar y tenés miedo de los chorros, pero estás en tu casa con tus hijos y la policía actúa de esta forma. Los que nos tienen que proteger hacen esto.”
“ESTO VA A SEGUIR”
Este es un hecho más de la violencia institucional que recrudeció durante de la pandemia. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) reportó casi 50 casos con denuncias sobre todo tipo de violencia policial, que incluye a diferentes fuerzas a lo largo y ancho del país.
“Lo dijimos antes de que empiece a implementarse el decreto: una medida sanitariamente correcta, al quedar su implementación en las manos de las fuerzas represivas, iba a tener estas consecuencias”, afirmó María del Carmen Verdú a AUNO.
Incluso la situación es más grave de lo esperado por la organización. “Suponíamos que el gatillo fácil iba a ser la única modalidad en descenso. No porque la policía fuese más buena sino que iba a ver menor cantidad de blancos móviles en la vía pública, pero hubo un rebrote fuerte en las últimas semanas”, indicó.
Además agregó que mientras dure la situación de excepción de pandemia, “esto va a seguir”. “No hemos visto ningún nivel de autocrítica y por eso tenemos que seguir denunciando y visibilizarlos, además de estar atentos también a que va a quedar”, continuó Verdú.
“JUGABAN A SER RAMBO”
En cuanto a la causa judicial de Seijas. Su padrastro asegura que lo que viene es un proceso largo: “Queremos justicia por él y que esta persona pague por lo que hizo”.
El policía declaró que disparó al piso y que Ignacio se acercó de forma intimidatoria, lo cual es desmentido por la propia víctima y por su familia. “Le dispararon a la cara, no dio voz de alto ni nada. Son Inoperantes, vienen a descargar su frustración con familias y a los chorros no le hacen nada”, achaca Cabrera.
Nelson aseguró que conoce otros casos similares: “No es la primera vez que veo que se meten a una casas por error y hacen cagadas. No saben proceder, son pendejos de 25 años y juegan a ser Rambo con la escopeta. Están aterrados y por eso le tiraron a matar a Ignacio”.
La familia se reunió el lunes con el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno; la directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, Eva Asprella; y con el director de Políticas Contra la Violencia Institucional, Ignacio Álvarez.
Los funcionarios se pusieron a disposición de la familia para asistirlos en lo que sea necesario para la recuperación clínica del joven y acompañarlos en el impulso del proceso judicial y administrativo.
Cabrera aclaró que recibieron muchos llamados de solidaridad y les ofrecieron ayuda de todo tipo, pero sólo de palabra. El único que viene acompañándonos es el operador del Cesoc (Centro Sociocomunitario) de Lomas de Zamora, Marín Leys, que depende de la subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil pertenecientes al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia. “Él Impulsó la investigación y fue, junto a los fiscales, quienes nos acompañaron durante todo el fin de semana”, afirmó.
Tanto Marina Candia, la madre de Ignacio, como su pareja Nelson Cabrera declararon ese mismo sábado por la noche. Y esta semana la Gendarmería realizó peritajes en el domicilio. Durante el procedimiento estuvo Cabrera y contó que encontraron una vaina de otro color a la que se levantó el día del allanamiento, por lo que sospecha algún tipo de interferencia en la escena.
“Estoy seguro que en la pericia se va a corroborar si ellos mismo no se llevaron otra vaina y las postas de goma”, indicó. Pero deberán esperar, porque la UFI actualmente está cerrada por un posible caso de Covid-19 entre funcionarios judiciales.
Los electrodomésticos secuestrados fueron devueltos ya que no coincidían con los denunciados por la escuela. Entre ellos está el horno eléctrico, que junto a otro horno comprado por la pareja con ahorros al inicio de la pandemia utilizaron para hacer delivery de pizzas en el barrio. Es que Nelson y Marina perdieron sus trabajos, él la construcción en Capital Federal y ella como auxiliar docente. Nacho había comenzado a encargarse de los repartos.
Quien le devolvió el horno a Marina fue el mismo policía que la escoltó al hospital. “Por mí, que me rompan todo. Pero a mi hijo nadie le devuelve la vista. Doy gracias a Dios que lo tengo con vida y lo puedo contar”, dice. Eso sí, concluye, “quiero justicia y que el que disparó quedé preso. Estas personas no pueden prestar servicio”.
GAS-AFD
AUNO-27-06-20
