Con la promesa de volver a la toma

Las 60 familias a las que la policía desalojó de un predio lindero a un cementerio privado de Monte Grande advirtieron que van a luchar “hasta las últimas consecuencias» para poder tener allí un terreno propio. Criticaron a la comuna por demorar una respuesta.

Juan Relmucao

Lomas de Zamora, abril 7 (AUNO).- Alrededor de 60 familias que fueron desalojadas de los terrenos que ocupaban en las adyacencias del cementerio Parque Manantial, de Monte Grande, advirtieron que volverán a la toma cuando los “cuando los patrulleros de custodia dejen la tierra” y denunciaron que los funcionarios municipales “no cumplieron su compromiso de dar una respuesta a las personas en situación de calle”. “Vamos a aguantar hasta las últimas consecuencias para poder darle una casa propia a nuestros hijos”, le aseguraron a AUNO.

La mamá le dice a Micaela “andá llevá al señor a lo de Karina”. Y Micaela sonríe y corre y dice “¡vamos!”. Y su humanidad —menuda, alegre, cubierta por una remera que le baila y unos pantalones que apenas se sostienen— se suelta por las veredas de tierra del Barrio Santa Isabel. “¿Estuviste cuando hubo lío?” Dice sí con la cabeza, con una gravedad impropia de sus ocho, nueve años, y apunta “fue feo”. Llama: “¡Karinaaa!”

Karina es Karina Moreyra, una de las referentes de las familias que, cansadas de vivir hacinadas o sofocadas por los alquileres, hace dos meses organizaron la toma de un terreno (un pastizal sucio y lleno de ratas cruzado por cables de alta tensión) de cincuenta por veinte que linda con el cementerio Parque Manantial. “Hay mucha gente que comparte una casa prestada con los padres y viven con sus chicos en una piecita, varios que no pueden pagar el alquiler de su pieza y otros que directamente están en situación de calle”, explica la mujer.

UNA NECESIDAD Y DOS DESENLACES
Tal es la situación habitacional en Santa Isabel que otro grupo de familias, también organizado a principio de año, derribó uno de los muros del cementerio y se asentó en los bordes del camposanto. “La Municipalidad con ellos arregló, pero a nosotros nos prometió ayuda y nunca nos dio nada”, se queja la delegada de las familias.

Mientras adentro y afuera de Parque Manantial se limpiaba el predio y se ponían los primeros palotes, y en la fanpage del cementerio crecían las quejas por “la banda de vivos delincuentes” que obstaculizaban el eterno y privado descanso de los fallecidos, el subsecretario de Tierra y Vivienda de Esteban Echeverría, Gustavo Cañete, junto con otros funcionarios comunales, negociaba con uno de los grupos e “ignoraba” al otro. “A nosotros nos hicieron firmar actas en las que se comprometían a dar una respuesta y jamás las cumplieron. ¿Por qué arreglaron con la gente que estaba adentro y a nosotros nos ignoran?”, cuestiona Moreyra.

Casi un mes después de que el grupo asentado en las parcelas de Parque Manantial se retirara, el resto de los vecinos continuó del otro lado del paredón: más de 60 familias tenían sus casillas levantadas cuando –-luego de dos reuniones sin éxito con funcionarios comunales de Desarrollo Social y Tierras— la Policía irrumpió en el barro y tiró las precarias construcciones.

“En el operativo, uno de los agentes que venía de la comisaría de Canning le mostró ‘las partes’ a un chica que estaba en su casilla y le dijo ‘ahora me la vas a chupar’ y otro le puso una Ithaca en la cabeza a una mujer que se negaba a salir”, denuncia la referente. Además de esos excesos, las familias se quejan de que los agentes “secuestraron herramientas y materiales que nunca volvieron a aparecer”. “¿Cómo hacemos para comprar de nuevo una caja de herramientas o los tirantes que se robaron?”, se preguntan.

AL CEMENTERIO, A VIVIR
María y sus once hermanos viven con su mamá en una casita prestada enfrente de la toma. Cómo a veces necesita espacio y tranquilidad para estudiar –-cursa la escuela nocturna para poder trabajar durante el día— va a dormir a la casa de su papá, a la de un tío o de algún otro pariente. Es una de las primeras vecinas de Santa Isabel que se acerca a hablar con AUNO para explicar su situación: “Son muchas noches las que tengo que armar la mochila y salir. Es muy difícil vivir así y por eso me metí en la toma con mi mamá, para que podamos tener un terreno propio el día de mañana”.

Cuando dice “si hay que volver a entrar y resistir a la Policía, se volverá”, no hay una sombra de incertidumbre o miedo que cruce su rostro aniñado, ni si quiera frunce el seño débil, todavía en formación. Sólo lo dice y ya. Como si esa realidad que determina su adolescencia fuera algo normal, otra incidencia de la pubertad o algo que vive cualquier otro chico 16 años. “Necesito trabajo para estudiar y un casa para vivir”, sintetiza. Pero la urgencia parece traducirse apenas en ese acomodarse los anteojos, mirar abajo y torcer el labio inferior en un gesto que roza la resignación pero avanza hacia el compromiso.

¿POR QUÉ NO NOS ESCUCHAN?
Hasta que llegó a la toma, para Pedro (24) la idea de una parcela de la que pudiera decirse dueño –-ni hablar de una escritura a su nombre o leyenda similar— era casi una fantasía. El joven llegó junto a su pareja a las cercanías del cementerio y empezó a armar su casa con los materiales que había juntado en el carro, su herramienta de trabajo. Llevaba varios meses en situación de calle. “Acá hay mucha gente que necesita, no hay nada de política ni ningún embrollo por el estilo, y la Municipalidad sabe que algunos estamos en la calle y no tenemos nada. ¿Por qué no nos escucha?”, se pregunta ante AUNO.

La organización de los vecinos le permitió asegurarse para él y su compañera la comida de todos los días y la esperanza de alcanzar a un acuerdo para tener un hogar en el futuro. Llegó el desalojo y tuvo que juntar los materiales que le quedaban. La policía, al igual que sucedió con todos los vecinos, amenazó con detenerlo si lo veía de nuevo en el predio. Por eso hizo lo único que podía hacer: “Me corrí diez metros hasta la vereda y volví a levantar la casilla ahí. No había otra”.

Con una panorama que reúne familias en su mayoría numerosas, condiciones de vida precarias y desalojos como política de vivienda por parte del Estado comunal, el grupo de vecinos advirtió que va a ir “hasta las últimas consecuencias con tal de tener un terreno propio” y, al cierre de esta nota, espera que los patrulleros de custodia dejen el predio para entrar y, aunque tenga que ser en el cementerio, empezar a construir “un futuro mejor”.

AUNO-07-04-15
JJR-AFD

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