La pandemia no puede ser un obstáculo para avanzar con los juicios de lesa humanidad. Bajo esa premisa se desarrolló un conversatorio virtual organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación durante el cual se analizaron los audiencias reiniciadas en forma remota y repasaron algunos aspectos para mejorarlas. Se planteó también la necesidad de reactivar la Comisión Interpoderes de la Corte Suprema de Justicia, creada para la coordinación y agilización de este tipo de causas, y así reanudar todos los procesos judiciales interrumpidas por el Aislamiento Preventivo Social Y Obligatorio (APSO) por coronavirus.
Son 60 las causas que esperan el comienzo o reanudación de las etapas de debate, entre la que se encuentra el juicio oral por los crímenes en los pozos de Banfield y Quilmes. El inicio estaba estipulado para el 5 de mayo, pero se pospuso y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 1 de La Plata tiene la intención de reconvertir el proceso en un debate remoto. Por lo que se deberá acordar una audiencia entre las partes para fijar los pasos a seguir.
La modalidad virtual, que ya rige en los juicios que se reanudaron, generó el rechazó de algunas de las víctimas porque consideran que de cierta forma impide el carácter reparatorio que tiene sus testimonios y además temen que pierdan visibilidad.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, consideró “legítima la postura de las víctimas” y planteó que es prioritario continuar con los juicios para impedir “la impunidad biológica de los genocidas”, debido a la avanzada edad de los procesados y los “grandes retrocesos de los últimos cuatro años”.
Emanuel Lovelli, integrante del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, sostuvo que están dispuestos a consensuar algunas cuestiones a las que se negaban antes del inicio de la pandemia, porque quieren “reparación” para las víctimas y evitar la “impunidad biológica”.
Además, sostuvo que los lineamientos sanitarios generales deben dejar resquicios a particularidades o requerimientos de las víctimas. “Hay personas que esperaron 40 años y por ahí no quieren dar testimonio frente a una computadora”, indicó.
En esa línea, planteó que las salas de audiencias son suficientemente amplias para que estén los abogados, los jueces y los testigos respetando el distanciamiento, y consideró que además se deberían encargar de los traslados de todos los implicados con el menor riesgo sanitario posible. Y al no haber público, asegurar la publicidad y el acceso a la transmisión a la ciudadanía.
Por otra parte, subrayó que se opondrán a la ausencia de los integrantes del tribunal, Walter Venditti, Eduardo Farah y Esteban Carlos Rodríguez Eggers (subrogantes). “Antes querían estar de forma remota para no viajar desde San Martín a La Plata. Nos opusimos y nos volveremos a oponer porque tienen una responsabilidad que no tienen las víctimas”, advirtió.
El inicio del debate oral de este juicio es urgente porque los crímenes cometidos en los pozos de Banfield y Quilmes, dos ex centros clandestinos del Circuito Camps, tienen más de siete años de demora procesal y dos de los 18 acusados no tienen una condena previa. Uno de ellos es Juan Miguel Wolk, máximo responsable del Pozo de Banfield.
Por su parte, durante el conversatorio, el director del Programa Verdad y Justicia, Martín Fiorenza destacó que el juicio les propone un desafío porque hay 400 testigos y no hay una fecha estipulada para el fin de la pandemia: “El Centro de Atención a las víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Ulloa está elaborando un protocolo para sentar bases que eviten futuras nulidades, para continuar el acompañamiento a los sobrevivientes y asegurar el carácter reparatorio de los testimonios”.
EL REINICIO DE LOS JUICIOS
Tras la carta que recibió de parte de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (Proculesa) para que los procesos no se congelen, la Cámara de Casación Penal recomendó a tribunales orales concluir los juicios de lesa humanidad, interrumpidos por la “feria extraordinaria”, de forma remota o a través de acciones que no impliquen reuniones multitudinarias.
De los 23 juicios que se paralizaron, casi su totalidad se reactivó. “El resultado es muy prometedor. Todos los tribunales han reanudado la audiencia, salvo dos o tres que están adecuando las formas”, sostuvo la titular de la Proculesa, María Ángeles Ramos. Incluso el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata sentenció a 35 genocidas en el juicio por los crímenes cometidos en la Subzona 15, que comprendió esa ciudad y alrededores.
De todas formas, todos los participantes del encuentro virtual coincidieron en la necesidad que se reactive la Comisión Interpoderes, que funcionaba en la Corte Suprema de Justicia, bajo la dirección de su presidente y con la presencia de representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de las Cámaras de Senadores y de Diputados, del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, de magistrados de la Cámara Federal de Casación Penal, de jueces federales y de la Procuración General de la Nación.
De ser así, se podrían seguir directrices generales (protocolos sanitarios, traslados, asegurar derechos a las víctimas, métodos de identificación de testimonios virtuales y plataformas de transmisión seguros y abiertos al público) y no depender de la buena voluntad de cada tribunal.
Además, Ramos enfatizó en la necesidad de reactivar los procesos que esperan debates orales y en investigación: hay más de 60 y 200, respectivamente en esas instancias.
En la misma línea, Pablo Llonto, abogado especializado en derechos humanos, subrayó la importancia de que se reanuden los juicios en etapa de instrucción. “Es desesperante la situación porque es donde los genocidas han sacado más ventaja”, remarcó.
Por otra parte, Lovelli criticó las demoras de Casación en algunas causas. “Es muy fácil decirles a los tribunales inferiores que arranquen mientras ellos no se expide desde hace años”, fustigó.
La Cámara debe las confirmaciones de dos condenas a prisión perpetua contra el ex director general de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, por los juicios del Circuito Camps y La Cacha, que esperan resolución desde 2012 y 2014, respectivamente.
GAS-AFD
AUNO-22-05-20
