Lomas de Zamora, septiembre 09 (AUNO).- En abril de 2011 se reglamentó la ley provincial de asistencia integral a personas en situación de calle(). Pasaron ocho años, dos gestiones de diferente signo político y la legislación aún sigue sin aplicarse en casi todo el territorio bonaerense.
Una de las cuestiones a tener en cuenta es la falta de recursos que sufre el programa. En el presupuesto provincial 2018, a la Asistencia Integral para las Personas en Situación de Calle sólo se le asignaron 2 millones de pesos.
Gabriel Mercuri, subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de la provincia de Buenos Aires y candidato a intendente de Lomas de Zamora de Juntos por el Cambio, pidió “tener en cuenta la asistencia directa a los municipios” con las diferentes herramientas que la “Provincia les provee, como chapas, mobiliarios, heladeras y ropa de abrigo para los refugios”. Sin embargo, contrario a lo que dijo, muchos de los municipios no cuentan con refugios.
La justificación de Mércuri es que desde la Gobernación se realizan “diferentes giros de dinero apostando a la descentralización de los municipios” y que el Ministerio de Desarrollo Social tiene un presupuesto de 16 mil millones de pesos y solo una parte de ellos destina a los 135 distritos. No explicó cómo, cuándo y en qué medida se utilizó ese presupuesto, si es que se lo ejecutó.
Sobre el rol del Estado() también reflexionó Cameronez, uno de los voluntarios de las organizaciones sociales que actúan en zona sur. Sostuvo que “por más grande que sea el voluntariado, no hay comparación con las dimensiones que puede tener la aplicación de un programa estatal”.
OTRA LEY CAJONEADA
El incremento de los “sin techos” es un fenómeno principalmente abordado por lo que sucede en CABA. Pero el crecimiento durante los últimos años tuvo como consecuencias “que ya se caen del cordón de General Paz”, según lo explicó a este medio Claudia Enrich, referente de la organización Ciudad Sin Techo.
La ley provincial “no se cumple y casi nadie sabe que existe”, remarcó y subrayó la importancia de la sanción del proyecto de una ley nacional que abarque todo el país.
Ese proyecto fue presentado en 2018 en el Senado y sólo pasó por la Comisión de Derechos y Garantías. “Ahora está cajoneada en la segunda y no queremos que vuelva a perder el estado parlamentario como ocurrió anteriormente”, manifestó la referente social.
La iniciativa se presenta desde 2014, tanto en la Cámara Baja como en la Alta y nunca llegó al recinto. Además, fue confeccionada por las diferentes organizaciones que trabajan y sufrieron la situación de calle, junto con el aporte técnico de los asesores de los legisladores.
Durante una charla con AUNO, una de las impulsoras del proyecto, la senadora por el bloque Frente por La Victoria-PJ por Mendoza, Silvina García Larraburu, opinó que “el Poder Ejecutivo no lo pone en la agenda parlamentaria porque no lo considera prioritario”, y señaló que la sanción “es una deuda social cuya solución debe imponerse por su gravedad extrema”.
Además, García Larraburu señaló que insistirá con la iniciativa porque “se debe avanzar en el tratamiento de la propuesta”. Como en todo año electoral, la actividad legislativa fue muy baja. No obstante, para la senadora existe “una responsabilidad” del Estado en este tema “y ninguna excusa puede esbozarse frente a una realidad tan acuciante”.
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