El objetivo del anteproyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es “dar un nuevo marco legal a todos los servicios comunicativos, independientemente del soporte técnico utilizado para su transmisión”, según el documento que la promueve y que es difundido por el Gobierno nacional.
La publicación oficial contiene un cuadro comparativo en el que se destacan las diferencias con la Ley de Radiodifusión vigente, en el que se afirma que la propuesta impulsada por el Comfer “garantiza el derecho humano universal al derecho a la información y a la libertad de expresión”, en tanto que la norma sancionada por la última dictadura establece “restricciones a la libertad de expresión”.
Uno de los ítem que más debate generó en los distintos ámbitos es el que enfatiza en que “se impedirá la formación de monopolios y oligopolios” de medios, algo que la ley vigente admite.
Lo que también se pretende es “garantizar el trabajo local y argentino mediante cuotas de pantalla de cine nacional y exigir el 70 por ciento de producción nacional en las radios y el 60 por ciento en la televisión” ya que hoy en día, “no se protege el trabajo argentino ni se alienta la producción local”, según el texto.
Por otra parte, con respecto a las instituciones sin fines de lucro (asociaciones, mutuales o fundaciones), el proyecto propone “permitir el acceso a esas entidades y destinar el 33 por ciento del espectro”.
El texto, además, aclara que el Estado “tiene una participación subsidiaria, ya que sólo puede dar servicio en áreas geográficas no rentables para los privados”, motivo por el cual la nueva legislación haría que “el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tengan asignadas frecuencias”.
Con respecto a los medios públicos, el anteproyecto promueve que “las universidades tengan emisoras sin restricciones ni obligación de ser sociedades comerciales”, y además “un sistema de medios estatales con objetivos democráticos, con participación y control comunitario y social”.
Según la ley actual, una sola persona o empresa ser titular de 24 licencias, y es por ello que el proyecto establece que “sólo se podrán tener 10 licencias de servicios abiertos”.
Actualmente, “los sistemas de televisión paga no tienen limitaciones en relación a las licencias que puede poseer una misma persona, siempre que no estén en la misma zona de cobertura”, por lo que la iniciativa oficial propone que “las licencias de TV paga estarán limitadas en número y en cuotas de mercado”.
Otro de los puntos más destacados es el que deja claro que “para ser titular de una licencia se ponderarán criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad” y “se excluirá de la posibilidad de ser titular a quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de gobiernos de facto, atendiendo a la importancia de los medios en la construcción del Estado de Derecho y la vida democrática”.
MLC-AFD
AUNO-29-04-09
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