El delegado regional de la Secretaría de Derechos Humanos provincial, Héctor Fuente Buena, admitió que las organizaciones sociales y políticas que reclaman estar a cargo del edificio donde funcionó el Pozo de Banfield “debieran tomar parte” del proyecto gubernamental que pretende convertir a ese lugar en un “museo de la memoria”.
La afirmación del funcionario muestra un giro en la posición del Ejecutivo provincial, que desde el cierre de ese ex centro clandestino de detención, en septiembre de 2006, rechazó el pedido de las organizaciones sociales para hacerse cargo de la administración del edificio.
“Más allá de algunas directivas del Ejecutivo nacional y del provincial acerca de cuál va a ser el destino final del Pozo de Banfield, tenemos que dar un espacio a las organizaciones” que integran la Multisectorial Chau Pozo, afirmó el funcionario en diálogo con Auno.
De hecho, miembros de esa organización conformada por militantes sociales y políticos se reunieron hoy en La Plata con funcionarios bonaerenses para plantear la participación en las obras que se realizarán en lo que fue la Brigada de Seguridad Investigaciones e inteligencia de la Policía Bonaerense, desde 1976 hasta 1983.
Durante el encuentro, representantes de la multisectorial exigió la gestión del edificio para que en sus instalaciones funcione un “museo de la memoria” en el que, además, se desarrollen actividades culturales.
El motivo por el cual pidieron estar a cargo del ex centro clandestino de detención tiene que ver con que fue a través de su reclamo que el gobierno decidió la expropiación de ese edificio.
En torno de ese argumento giró la reunión de hoy, cuya discusión seguirá la semana próxima, según precisaron a esta agencia fuentes del gobierno provincial.
En este contexto, funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos colocarán mañana, a las 11, una placa en el patio del Pozo de Banfield para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado que pasaron por esa antigua dependencia policial.
La decisión del gobierno provincial de hacer un homenaje allí puede ser leída como la ratificación de que el Ejecutivo a cargo de Felipe Solá no renunciará a ser parte de la gestión de ese edificio, a pesar de los reclamos de organizaciones de derechos humanos.
Sin embargo, Fuente Buena aclaró que el acto “no conlleva ninguna otra intención” mas que la de “homenajear, conmemorar y recordar institucionalmente lo que pasó ahí adentro”.
El viernes pasado, un día antes de cumplirse el 31º aniversario del último golpe de Estado, miembros de la Multisectorial Chau Pozo realizaron un acto frente a ese ex centro clandestino, en el que demandaron al gobierno provincial que ceda ese edificio a las actividades que ellos piensan poner en marcha.
“Con los compañeros de la Multisectorial tenemos un buen diálogo y mi idea es que ellos tienen derecho a manifestarse, y también tomar parte de lo que se decida hacer (con el inmueble). Sólo es cuestión de sentarse y compatibilizar las ideas”, concluyó el funcionario.
AFD
