Luego de transitar distintos espacios de debate, el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual logró ayer la media sanción en la Cámara de Diputados. Y en ese sitio fue donde el intercambio y las disputas continuaron, pese a las 217 modificaciones que distintos sectores incluyeron al proyecto oficial y que fueron aprobadas en las comisiones.
Luego de un debate de 14 horas, la iniciativa alcanzó los 147 votos del oficialismo y la oposición dialogista. Sin embargo, no contó con el dictamen de quienes, si bien participaron de la discusión, alrededor de las 21 abandonaron el recinto con el argumento de supuestas “irregularidades” en el tratamiento, que tildaron de “inconstitucional”.
De todas formas, la iniciativa que surgió de los 21 puntos acordados por organizaciones sociales obtuvo ayer quórum en diputados con el apoyo de los bloques de centroizquierda que con las modificaciones se inclinaron a favor de la propuesta.
Los puntos más polémicos que se definieron en las modificaciones tienen que ver, la primera, con la conformación de la autoridad de aplicación que reemplazará al Comfer. Asimismo, la cláusula determina que ya no serán 5 los integrantes del organismo, sino 7: por el Ejecutivo habrá dos representantes, tres del Parlamento y dos del Consejo Federal, y uno del ámbito académico.
El segundo cambio se debe al impedimento del acceso de las empresas telefónicas al negocio de los medios. Pero eso no fue todo, ya que las 217 reformas aportaron diversidad de puntos vistas que contribuyeron al proyecto.
Los aportes llegaron desde distintos bloques, como el de Solidaridad e Igualdad (SI), Encuentro Popular y Social (EPyS), Proyecto Sur (PSur) y también, por parte de los radicales de la Concertación. Espacios que planteaban una disconformidad con el texto oficial y que gracias a las modificaciones incluidas lograron despejar sus dudas.
Así, algunos de los que tenían el “sí” indefinido terminaron satisfechos con los cambios. Es el caso del diputado por Proyecto Sur Claudio Lozano, que con las telefónicas afuera dijo “sí a la ley de medios” y apostó al proyecto: “No somos ni el Gobierno ni los monopolios. Somos una propuesta seria de democratización de los medios de comunicación”.
En la misma línea, el diputado del SI Carlos Raimundi se mostró conforme con las modificaciones. De igual forma que Cecilia Merchán, de Libres del Sur y EPyS, que subrayó que este no es “un proyecto K, sino un trabajo en el que participaron muchas organizaciones sociales” y por ello adhiere a la iniciativa que intenta poner un punto final al decreto ley 22.285 de la dictadura.
Con diverso argumentos, la mayoría sin relación a los puntos de la iniciativa, la oposición perpetuó su contra. A tal punto que diputados del PRO y del radicalismo abandonaron el recinto parlamentario como muestra de su negativa a que la ley está en discusión, y no después del 10 de diciembre, luego del recambio en el Congreso, como proponen.
Voces en contra y a favor tuvieron su lugar en la Cámara Baja, tal como lo propone un genuino ejercicio democrático. Y en esa cuestión radica el espíritu de la ley audiovisual: el derecho a la información y un acceso al espectro radiofónico más plural, diversidad de contenidos y de licencias, democratizar la explotación de medios, revindicar la programación local y nacional, revalorizar el concepto de identidad y dar lugar a las distintas opiniones e ideas.
Por su parte, el oficialismo se mostró positivo a lograr el objetivo y confió desde el principio de la sesión en que la iniciativa iba a lograr el quórum. A ésta idea sumó el apoyo de los 57 legisladores de las tres comisiones (Libertad de Expresión, Comunicación y Presupuesto) que permitió ganar confianza con su dictamen.
Así lo demostró el titular del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, que aseguró a los medios antes del comienzo el debate, estar convencido de que iban a obtener el número.
RCI-AFD
AUNO-17-09-09
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