Una deuda con los inmigrantes

(AUNO-TERCER SECTOR*) El 1º de julio entró en vigencia
la Convención Internacional por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, una herramienta de legislación internacional creada por las Naciones Unidas en 1990 que recién este año consiguió la adhesión de veinte países, cifra esencial para que el tratado comience su circulación efectiva entre la comunidad mundial. El acuerdo dispone el cumplimiento de los derechos elementales a la salud y a la educación tanto como la restricción del Estado de efectuar detenciones infundadas o separar familias arbitrariamente.
Ese mismo día, varias ONGs nucleadas en la Mesa de Organizaciones para la Defensa de los Derechos de los Migrantes y Refugiados, de la que es integrante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), realizaron, junto al Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la Comisión de Población y
Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, un acto de bienvenida a la convención que no pasó de ser meramente simbólico, ya que Argentina, como tantos otros países, no demuestra interés por suscribir al acuerdo.
Pablo Ceriani, abogado del CELS y coordinador de la Clínica Jurídica para inmigrantes y refugiados que se dicta en la facultad de Derecho de la UBA, señaló que la sanción de los tratados internacionales pasa por tres etapas: “En primer lugar, el Poder Ejecutivo lo firma ante la ONU; después, el Congreso lo aprueba y, finalmente, lo retoma el Ejecutivo para ratificarlo”, explicó.
En este sentido, Argentina todavía no dio ni el primer paso, lo que para Ceriani demuestra una “falta de voluntad política que está íntimamente ligada con la postura que toman los Estados ante los migrantes. El hecho de que se haya tardado 13 años para que lo firmen 20 países, indica que es tomado como un tema de poco interés”.
Pero más allá del contexto mundial, Ceriani considera que un avance muy significativo en vistas a adherir a la convención internacional sería la derogación de la llamada “Ley Videla”, que desde los años de la dictadura militar marca en el país una política migratoria que en muchos casos se demuestra como arbitraria e ineficiente. Esa ley, a su vez, deriva de la Ley de Residencia, de 1902, cuando el flujo de inmigrantes europeos trajo ideas socialistas y anarquistas que pusieron en guardia a la clase dirigente.
En ambos casos, las leyes apuntaban a combatir cualquier expresión opositora al régimen instalado. La legislación vigente prevé la expulsión del país sin intervención judicial. El mecanismo del Estado que regula el área, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), es, según Ceriani, “un órgano de poco control que, a través de su propia ignorancia de la ley, da pie a muchos abusos. Un ejemplo de eso se dio durante los 90, cuando se constituyó en el centro de recaudación con más superávit del Estado, debido a las tasas altísimas que cobra a los inmigrantes”, opinó.
Durante los ultimos años del menemismo, se produjo una radicalización de la Ley Videla. Eran los tiempos en los que se acusaba a los inmigrantes de ser los responsables “del 77 por ciento de los delitos menores”, según se llegó a afirmar desde el Gobierno, así como de ser responsables del aumento de la desocupación. La reforma tendió a aumentar el control y la represión sobre los inmigrantes considerados ilegales así como a incrementar el poder de decisión independiente de la DNM.
Ceriani indicó que la Comisión de Población de la Cámara de Diputados elaboró un nuevo proyecto de ley que está por empezar su recorrido por el Congreso. Otra buena señal que encuentra es la que promete el Mercosur a través del convenio de Libre Residencia entre los países firmantes, acuerdo que ahora debe ser aprobado por los respectivos parlamentos y que esperan poder ampliar al resto de América del Sur.