(AUNO-Tercer Sector*) En tiempos en que se empieza a discutir si deben existir o no las leyes secretas, hay algunas que aunque se han hecho públicas no han trascendido o al menos una gran mayoría de los ciudadanos desconoce. Es el caso del decreto 1172 del año 2003 que obliga a todos los funcionarios y organismos del Poder Ejecutivo a brindar información sobre su agenda y actividades oficiales. Y para que los ciudadanos hagan uso de ese derecho y puedan acceder a la información se editó la primer ‘Guía Ciudadana para la transparencia y el acceso a la información pública’.
>“A partir del decreto nos pareció interesante que se difundieran los pasos a seguir para acceder a la información de los actos públicos y a la vez servir como un disparador para provocar un mayor control de parte de los ciudadanos hacia los funcionarios”, señala Norberto Borzese, presidente de la Ong que presentó el manual.
En líneas generales, el decreto 1172 establece la obligatoriedad para todas las dependencias bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo de hacer públicas sus agendas de actividades, de difundir en internet, en forma gratuita, el Boletín Oficial, y el derecho de “permitir la presencia de cualquier persona en las reuniones de los órganos de dirección de los entes reguladores de los servicios públicos”.
“Según el decreto, cualquier ciudadano que ve que un funcionario no registra sus reuniones puede hacer una denuncia en la Oficina Anticorrupción”, aclara el titular del Foro.
La Guía Ciudadana tiene cinco capítulos con 82 preguntas y respuestas sobre los actos de gobierno que ayudan a comprender el decreto, además de contener un breve análisis sobre su origen, incluyendo jurisprudencia sobre el acceso a la información pública y los fundamentos constitucionales que la garantizan. “Es importante terminar con la información secreta en la administración pública opinó Borzese. No se conocen las agendas de los ministros y secretarios, uno no sabe con quién se reúnen ni para qué, y pedir esa información es una verdadera tarea engorrosa”, agregó.
Para la edición del manual la entidad había convocado a ciudadanos y a organizaciones civiles a acercar inquietudes y propuestas sobre el contenido del texto que fueron evaluadas por una comisión con representantes de la Oficina Anticorrupción, la Secretaría de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia –autora del decreto 1172- y organizaciones no gubernamentales. “Una de las propuestas –explicó- fue impulsar la sanción de una ley que obligue desde ministros hasta subsecretarios a publicar la agenda diaria”.
La Guía fue redactada por José Manuel Ugarte, secretario académico del Foro Social para la Transparencia y profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Todos aquellos interesados en obtener un ejemplar pueden retirarlo en la sede del Foro para la Transparencia Social, Piedras 547, Capita Federal. O lo pueden solicitar vía mail a: info@guiaciudadana.org.ar.
Borzese adelantó que la entidad que preside realizará un seminario los días 3 y 4 de junio, en Mendoza para capacitar a las ongs mendocinas sobre el acceso a la información pública. El seminario se llevará a cabo en el marco del programa de capacitación que la entidad realiza a partir de la impresión del manual.
El Foro Social para la Transparencia está integrado por Compromiso Ciudadano, Poder Ciudadano, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Desarrollo, y Fundación Ambiente y Recursos Naturales, entre otras ong’s que comenzaron a trabajar en conjunto a partir de la renuncia del ex presidente Fernando de La Rúa y del reclamo generalizado del “que se vayan todos”. Y una de las primeras iniciativas que presentó en 2002 fue la creación de una comisión bicameral para auditar los fondos reservados.
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Revista Tercer Sector
