(AUNO- Tercer Sector*) Se estima que el 25 por ciento de las mujeres ha sido víctima de un ataque sexual en algún momento de su vida. Salvo casos excepcionales, este hecho es experimentado en la más absoluta desprotección por parte de las víctimas, que deben bajar la mirada ante el dedo culpabilizador del sistema judicial y cumplir con los interrogatorios y exámenes para demostrar “el acceso carnal”. Por todo esto, los días que siguen al abuso sexual suelen ser tan traumáticos como el acto en sí mismo. Pero esta realidad podría comenzar a cambiar si los legisladores trataran una iniciativa que prioriza el derecho de toda mujer a acceder a un servicio integral, gratuito e inmediato a fin de resguardar su integridad física y psicológica.
Se trata de un proyecto de ley presentado en junio de 2003 en la Cámara de Diputados, que establece la creación del Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Delitos Sexuales. Hasta el momento, la iniciativa ha obtenido cinco dictámenes favorables y se encuentra sin tratamiento, desde septiembre de 2004, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
“Toda víctima de delito sexual tiene derecho de acceder a una atención inmediata, gratuita e integral”, remarcó la impulsora del proyecto, la diputada María Elena Barbagelata. Para cumplir con esta meta, la iniciativa promueve el trabajo coordinado de distintas áreas de gobierno.
En esta línea, el Ministerio de Salud tendría a su cargo la confección de los protocolos médicos y psicológicos que detallen el procedimiento a seguir para la atención de la víctima, resguarden la intimidad de la persona y garanticen el acceso a las prestaciones de anticoncepción de emergencia y del tratamiento de enfermedades de transmisión sexual.
“Para las mujeres bonaerenses, la aprobación de este proyecto es muy importante. La falta de atención tanto médica como psicológica es una realidad de todos los días”, señaló Ana Grob, fundadora del Centro de Atención por la Vida( CAVI), dedicado a brindar asistencia a víctimas de violencia doméstica de la localidad de Merlo.
Según un estudio del Centro de Encuentros Cultura y Mujer ( CECIM), se calcula que se denuncian sólo el 10 por ciento de los 60 mil casos que se estiman por año, el resto deciden recluirse en el silencio. Por ello, el proyecto muestra como necesario evitar la revictimización de la víctima. “Las mujeres deben cumplir con múltiples estudios médicos e interrogatorios tan traumáticos como el hecho en sí mismo”, explicó Estela Díaz, de la Secretaría General de Género de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
En esta línea, la Procuración General de la Nación se encargará de brindar el asesoramiento legal, acompañamiento y contención para realizar la denuncia en caso de que así lo decidiera la víctima del delito. También, contarán con la atención psicológica durante el tiempo que sea necesario.
La violencia sexual contra niños y niñas es aún más difícil de cuantificar, pues gran parte de los delitos ocurre en el seno de los hogares. Según Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer (FEIM) “el Estado, los medios de comunicación y la sociedad civil deben colaborar en el debate sobre estos temas y trabajar en la prevención de la violación de la población infantil” Se estima que entre el 40 y 60 por ciento de los casos de abuso sexual ocurre en mujeres menores de 16 años.
En este sentido, el proyecto promueve la implementación de estrategias de sensibilización, con perspectivas de género, al personal de salud, de las fuerzas de seguridad, de educación y de justicia a fin
de resguardar la integridad de la víctima.
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CAVI.grob@uolsinectis.com.ar
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