(AUNO- Tercer Sector*) Según un informe elaborado por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), 9,5 millones de niños y niñas viven bajo la línea de la pobreza. Estos números indican que el hambre de los más pequeños no puede esperar, pero en la Cámara de Diputados sentenciaron una vez más lo contrario. Allí, siguen esperando para su tratamiento tres iniciativas que proponen el otorgamiento de asignaciones monetarias para todos los menores de 18 años, con independencia de la condición social de sus padres. De acuerdo con las ONGs, sería un avance en la lucha por erradicar la pobreza y distribuir ingresos entre los sectores postergados.
Ya sea por falta de quórum, receso invernal o la cercanía de las elecciones de octubre, los legisladores nacionales no se sentaron a debatir sobre tres proyectos de ley que, más allá de diferencias en cuanto al monto asignado y a la fuente y modo de financiamiento, tienen un denominador en común: garantizar el derecho de todos los niños a tener una vida digna, a los servicios de salud y a una buena educación, a través de la implementación de políticas públicas de alcance universal.
En esta línea, mientras que el proyecto del diputado Claudio Lozano establece la entrega de una asignación de 60 pesos por mes y la generalización de la ayuda escolar obligatoria anual de 130 pesos, la iniciativa elaborada por el bloque del ARI establece un ingreso ciudadano para la niñez con montos que varían de acuerdo con las edades de los chicos y van de los 60 a los 100 pesos. En tanto, la propuesta del radical Aldo Neri prevé un pago de 60 pesos por hijo de alcance universal que se completaría en forma gradual antes de 2010.
Consultadas por la AUNO-Tercer Sector, las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que bregan por los derechos de la infancia coincidieron en señalar la importancia de estos proyectos como un primer paso para “erradicar la pobreza y distribuir recursos económicos entre la población excluida”, remarcó Sergio Britos, investigador asociado del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil (Cesni).
De esta forma, según el análisis de Luis Campos, integrante del área de Programa Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “el Estado argentino garantizaría los derechos de la población infantil que hoy son vulnerados con los planes sociales, en los cuales prima la familia como única beneficiaria, y con el sistema de asignaciones familiares, que alcanza sólo a la población con trabajos formales y excluye a los desocupados y los trabajadores en negro”.
Luego de manifestar su posición favorable a estas iniciativas, el vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Miguel Monserrat, remarcó la necesidad de acompañarlos con otras medidas, como “la reforma del sistema tributario, la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), una campaña contra las fuentes de trabajo en negro y el recomposición salarial, para incrementar su efecto social.
“Ahora es tiempo de que los diputados se sienten a analizar los aportes y salvar las diferencias entre las iniciativas”, señaló Nora Schulman, directora ejecutiva de Casacidn. Una de ellas se refiere a la fuente y a su modo de financiamiento. En cuanto al proyecto del economista de la CTA, los fondos provendrían del excedente de recursos provenientes de los montos tributarios no asignados, que este año será de diez mil millones de pesos más de lo previsto.
En tanto, la iniciativa del ARI prevé la creación de un Fondo de Ingreso Ciudadano de la Niñez, que implica un cambio del sistema impositivo y una reforma presupuestaria destinada a captar los recursos. Mientras que la propuesta de Neri no hace hincapié en reformas del régimen impositivo, sino que plantea la recanalización de fondos desde otros programas sociales.
Para acceder a este ingreso, en los tres casos, los padres o tutores deberán presentar los certificados que acrediten la asistencia de sus hijos a la escuela y la realización de controles médicos correspondientes.
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