(AUNO-Tercer Sector*) Un punto de encuentro para muchas organizaciones no gubernamentales que luchan por conseguir el cumplimiento de los derechos de las personas con capacidades diferentes fue la presentación del proyecto de ley que crea al Defensor de la Discapacidad, una figura jurídica independiente del poder político con facultad para intervenir y controlar las políticas sobre discapacidad que lleva adelante el Poder Ejecutivo.
“Este proyecto tiene intima relación con esta exigibilidad del derecho”, afirmó María Inés Bianco, abogada especializada en salud y discapacidad, autora del proyecto. “El hecho de que se trate de derechos humanos hace que sean derechos exigibles”. La necesidad de crear esta figura está relacionada con los reclamos que la abogada lleva realizados como asesora de ong’s con respecto al desempeño actual del Estado sobre los programas existentes: “No necesitamos nuevas leyes, necesitamos el efectivo goce de los derechos de la discapacidad”.
El Defensor de la Discapacidad debería, entre otras cosas, velar por el cumplimiento de las normativas, y se diferenciaría de figuras u organizaciones similares (Defensor del Pueblo, Comisión Nacional de Discapacidad – CONADIS) porque no carecería de especificidad en la materia, ni se vería limitado a la función de asesoramiento y coordinación, sino que, como figura ejecutiva , contaría con facultades de incidencia individual y colectiva , con capacidad para intervenir entre particulares , con capacidad de control y efectivización de las Políticas de Discapacidad.
El proyecto de ley establece que el Defensor de la Discapacidad sería propuesto por las Ong’s competentes, evaluado y consecuentemente aprobado por el Congreso de la Nación. La duración del mandato debería ser de cinco años, pero a este respecto miembros de las organizaciones manifestaron la propuesta de que las organizaciones puedan removerlo antes del periodo estipulado, en el caso de que éste no llevara a cabo idóneamente su tarea.
Según la iniciativa, la Defensoría de la Discapacidad podrá financiarse con la partida que se destina al rubro Discapacidad en el presupuesto nacional y que proviene de la ley del cheque, aunque entre las organizaciones se plantean dudas sobre la forma en que se administran actualmente. “El hecho de que sólo exista como presupuesto de la discapacidad la ley del cheque y que esos fondos ni siquiera se utilicen, llama poderosamente la atención”, y concluyó: “Si hay 48 millones (…) y solo se utilizaron 6 millones, creo que hay plata como para financiar el proyecto”.
No sólo el Estado fue blanco de críticas. También hubo autocrítica cuando la sociedad no se hace responsable en el trato cotidiano con los discapacitados porque “no existe una conciencia, una instauración social sobre cuáles son los derechos de la discapacidad”.
Agencia Universitaria de Noticias y Opinión
Revista Tercer Sector*
