Rechazan la regulación de la prostitución

(AUNO-Tercer Sector*) A casi dos años de la aprobación de la Ley Contravencional, la polémica amenaza con instalarse de nuevo en la Legislatura porteña donde buscan legalizar el comercio sexual imponiendo a las mujeres la obligación de contar con la libreta sanitaria y recluyendo la actividad puertas adentro de los prostíbulos. Estas iniciativas ya generaron la reacción de un grupo de organizaciones de derechos humanos que a través de una carta expresaron su rechazo al sostener que “promueven el proxenetismo y la trata de personas, delitos penados por la ley”.
“La experiencia de años de trabajo nos indica que la regulación de la prostitución sirve para favorecer a los traficantes y crear nuevos lugares de explotación”, sostuvo Sara Torres, presidenta de la Red No a la Trata, organización que encabeza la campaña en contra de la reglamentación de la prostitución y a la que adhieren cientos de movimientos de mujeres de todo el país.
Las propuestas que buscan controlar la actividad quedaron cajoneadas durante las jornadas de debate de la Ley Contravencional, aprobada a fines de 20004, y tomaron nuevo impulso en estos días. Una de las iniciativas, presentada por el diputada macrista Herrera Bravo busca habilitar en los hospitales un servicio de control profiláctico para realizar exámenes periódicos a las 10 mil trabajadores sexuales de la ciudad, según estimaciones de la legisladora.
En tanto, la de su par del oficialismo Helio Rebot obliga a las mujeres a tramitar la libreta sanitaria y a inscribirse en un registro para que puedan acceder a subsidios del Estado que les permite realizar cursos de capacitación con el propósito de abandonar el comercio sexual.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos consultadas coincidieron en remarcar la inconstitucionalidad de las iniciativas ya que propician de alguna manera el tráfico de mujeres y niñas para la explotación sexual. “Si bien la ley argentina no penaliza el acto individual de prostitución, sí penaliza el proxenetismo, como actividad organizada e ilícita”, explicó Monique Altschull, presidenta de la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI).
“Es falso que busque defender a las prostitutas sino que busca defender las necesidades sexuales de los clientes”, añadió en referencia a los argumentos expuestos por los autores de los proyectos que sostienen que a través de los controles se intenta “proteger a las mujeres de las enfermedades de trasmisión sexual (ETS) y evitar que caigan en las redes de trata de personas”.
“Estos proyectos son una manera indirecta de reglamentar la prostitución. Pedir la liberta sanitaria y abrir lugares específicos para la actividad es absolutamente discriminatoria”, denunció Cecilia Lipszyc, vicepresidenta de la Asociación de Especialistas Universitarios en Estudios de las Mujeres ( Adeuem). Luego se preguntó en tono indignado “¿quien contagia a quien? ¿Por qué no le piden libreta sanitaria a los hombres?”.
El comunicado, firmado entre otras organizaciones, por el grupo feminista Atem 25 de Noviembre, Mujeres Trabajando, Feministas en Acción, Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) de Capital Federal, señala que este sistema “reglamentario”, implementado en el país entre los años 1875- 1936, colaboró para que la Argentina fuera conocida como “el camino de Buenos Aires” y famosa por la organización de proxenetas “Zwig Migdal”. Este esquema fue reemplazo por el abolicionista en el cual se establece que “no debe perseguirse a las mujeres y demás personas en prostitución y sí a los proxenetas, y tratantes, fiolos, cafishios”, informaron las organizaciones.
Los movimientos sociales que adhirieron a la campaña remarcaron la necesidad de que el Estado implemente las políticas sociales que permitan a las trabajadores sexuales conseguir un trabajo digno y de esa forma, colaborar con la erradicación de la industria del sexo. “Además, hay que realizar campañas de educación para que baje la cantidad de clientes y se termine con este ideario patriarcal de que la sexualidad masculina es irrefrenable, agregó Lipszyc.
Aunque en la Legislatura porteña todavía estas iniciativas no fueron tratadas, la controversia está patente entre las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres. Mientras que este sector de ONGs presentaban los comunicados en cada uno de los despachos legislativos, en la ciudad de La Plata se inauguraba el centro de asistencia para trabajadores sexuales que será coordinado por AMMAR local y la CTA regional.