“A (Alberto) Miño y (Juan Ramón) Balmaceda les soltaron las manos, por eso fueron detenidos”, sostuvo el abogado de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) Sur, León Zimerman, al hacer referencia a las detenciones de los ex policías prófugos durante ocho años condenados como autores de la Masacre de Budge. Tras las detenciones, los defensores de los jóvenes asesinados tratarán de impedir que los ex policías reciban el beneficio del arresto domiciliario y que no se les permita obtener la libertad condicional.
Según la interpretación de Zimerman, las detenciones ocurrieron porque “se dio una situación política” en la que “el gobernador de la provincia (Felipe Solá) hizo el cálculo de que le estaba costando demasiado proteger esta gente. Entonces les soltaron las manos”.
Asimismo, de acuerdo con lo que el abogado explicó a Auno, el eje argumental de la presentación que harán a la Justicia será que el hecho de haber estado prófugos durante ocho años les impide acceder a cualquiera de estos beneficios, y que por haber sido parte de las fuerzas de seguridad, se les debería aumentar las condenas juzgando como un delito autónomo la fuga.
Para el abogado de la Correpi, son tres las variables que generaron el contexto político para que ocurrieran las detenciones: “La primera es que los padres de las victimas tenían la decisión de ‘encadenarse a las vallas de Casa de Gobierno’ si no se detenía a los culpables. La segunda, el colectivo de organizaciones movilizadas por los derechos humanos en Lomas de Zamora a partir de las manifestaciones en el Pozo de Banfield. Y finalmente las actividades relacionadas también por los derechos humanos en escuelas a partir de la cantidad de estudiantes secundarios desaparecidos durante la última dictadura militar”.
Las afirmaciones del abogado se dieron en el marco de una conferencia de prensa en la que estuvieron los familiares de Agustín “El Negro” Olivera, Roberto “Willy” Argañaraz y Oscar Aredes, los jóvenes asesinados el 8 de mayo de 1987 en Ingeniero Budge.
El encuentro tuvo lugar en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en Capital Federal, Ramona Quintero de Aredes y Antonio Olivera, aseguraron que continuarán “luchando para que los culpables (del crimen de sus hijos) cumplan su condena”.
Los tres jóvenes tomaban cerveza en la esquina de Figueredo y Guaminí cuando, alertado por una vecina, aparecieron dos móviles policiales de los que bajaron el suboficial Juan Ramón Balmaceda y los cabos Isidro Romero y Juan Miño que les descargaron 34 balazos.
“El Negro” Olivera y Oscar Aredes murieron en la misma esquina de Guaminí y Figueredo. A “Willy” Algañaraz, los policías lo subieron a una camioneta con una herida en la pierna, pero horas más apareció muerto en un hospital con un tiro en la cabeza.
Isidro Rito Romero fue detenido el 9 de octubre de 1998. Había estado prófugo desde que en 1997. Por su parte, Miño permaneció prófugo durante ocho años hasta que el 19 de septiembre de este año fue apresado en la localidad lomense de Parque Barón.
La detención de Juan Ramón Balmaceda fue concretada el 2 de octubre en el domicilio de su hijo, una casa de la calle Jorge 3399, que quedaba a sólo quince cuadras de donde el hombre vivía. Balmaceda fue apresado por efectivos del Grupo Especial de Capturas de la DDI de Lomas de Zamora, conjuntamente con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 20 de ese Departamento Judicial. Las tareas de seguimiento fueron encabezadas por personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
JC-AFD
AUNO-07-11-06
