El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, reconoció que recibió al distrito en una situación “caótica” en la que hay un estado de “crisis” no sólo en la finanzas pública, sino también en Salud, Obras Públicas y Desarrollo Social. En una entrevista con AUNO, el ex funcionario de Alicia Kirchner que goza de un permanente diálogo con el Gobierno nacaional explicó su decisión de “reorganizar” las distintas áreas de la estructura municipal y de crear una secretaría de Derechos Humanos.
— En su discurso de asunción realizó un balance de la situación del distrito al 10 de diciembre y denunció que recibió al municipio en un “estado de vaciamiento” que no se trata sólo de una “crisis económica” sino una “crisis social”.
— En el plano económico hay una deuda de 25 millones de pesos, además de los pagos salariales adeudados a los trabajadores municipales. El cierre de la gestión anterior fue una situación caótica: el municipio “tomado”, el hospital (Santamarina) de paro y paralizados sus servicios con una sola ambulancia que no funcionaba, móviles que tampoco hoy funcionan y sin provisión de insumos básicos y elementales para el distrito como las luminarias. Las distintas áreas del municipio están totalmente desbastadas y pone trabas al ejercicio de obras fundamentales que tenemos planificadas para el distrito.
— ¿Cuáles son las áreas sobre las que debe puntualizar su gestión?
— El área que más me preocupa es Salud, pero hay muchas que están desorganizadas como la de Desarrollo Social y la de Obras Públicas. El vecino, en la actualidad, está recibiendo muy pocos servicios. Recibí un municipio sin grúas, sin luminarias, sin recursos siquiera para pasar una máquina por una calle de tierra. Entonces, son áreas a las que tenemos que buscarles una solución para ir saliendo de esta crisis. Pero es necesario, paralelamente, ver cómo gestionar a nivel provincial y nacional los recursos que el distrito precisa para hacer grandes obras, de las que no puedo adelantar nada. (N del R: El distrito ya recibió en los primeros días de diciembre un crédito otorgado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires de tres millones de pesos.)
— Respecto del Policlínico Sofía T. de Santamarina, ¿se puede hablar de emergencia sanitaria?
Sí. Si establecimos por un lado la emergencia económica y financiera del distrito y por otro la emergencia sanitaria y ambiental, ésta última tiene que ver con las falencias en la recolección de basura durante éste último tiempo. El sistema de salud está en emergencia desde el momento en que recibí una única ambulancia que no funciona, un hospital sin insumos básicos para funcionar, como son las agujas o las gasas. Estoy convencido, al igual que el personal del hospital, de que esto es una emergencia.
— ¿Es cierto que al recibir el municipio hasta los propios funcionarios tuvieron que poner de su bolsillo dinero para afrontar los primeros días de gobierno?
— Y si, porque en el día a día no se podía funcionar. Teníamos todos los móviles y los autos, pero no teníamos combustible ni una empresa que nos fiara ni una orden de compra vigente o lo que fuera para poder cargar combustible. Lo mismo ocurrió con el servicio de comida y el gas del hospital, que lo cortaron desde el primer día de nuestra gestión. Seguimos haciendo frente a muchas necesidades del distrito con recursos propios porque hoy en día lo que ingresa va destinado a pagar sueldos y cosas esenciales. Tengamos en cuenta que este municipio es muy grande, de 350 mil habitantes, complejo en su estructura, que sigue creciendo con muchos requerimientos.
— ¿Las medidas para investigar las causas de este “vaciamiento” que recibió de la Intendencia anterior, desde el punto de vista judicial, ya están encaminadas?
— Primero está terminando su informe el Tribunal de Cuentas y se está recolectando la documentación y los testigos correspondientes para iniciar las acciones legales. Es muy importante el perjuicio que se ha realizado al erario público como para dejarlo impune. Desde el municipio hicimos un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata y con Poder Ciudadano para aplicar políticas de transparencia.
— Si bien reconoció que la salud era un tema principal en su gestión, ¿los derechos humanos van a formar parte de su agenda de gobierno? Sobre todo teniendo en cuenta que es una cuestión por la que ha sido denunciado el ex intendente Alberto Groppi (que fue comisionado municipal durante la última dictadura y se lo acusa de tener información sobre centros clandestinos de detención en el distrito).
— Sí, los derechos humanos integrarán nuestra política de Estado, aunque por la situación de emergencia han quedado un poco relegados. Pero es un tema que nos interesa resaltar, incluso con la creación de un área para la difusión y la educación concreta de los derechos humanos que por el momento, paradójicamente, no existe en el distrito como también ocurre con medio ambiente.
— El año pasado tomó conocimiento público el caso de Agustina Tula, empleada del museo La Campana que recibió e-mails con amenazas por su condición de hija de ex detenidos y desaparecidos, ¿está al tanto del caso, van a tomar cartas en el asunto?
— Tomé contacto a través de los medios locales, no conozco en profundidad el caso y tampoco dialogué con esta persona. Pero se suma a una serie de cuestiones más que han llegado a mi conocimiento, por lo que tramitará en la esfera que tiene que tramitar. Yo insisto en que son temas judiciales porque alguna vez en la vida tenemos que recurrir a ella, y la Justicia tiene que determinar qué es lo que pasa, por una cuestión de seriedad y de credibilidad hacia los vecinos. La política de los derechos humanos es un eje fundamental en el Gobierno nacional al cual yo acompaño y no va a permanecer ajena bajo ningún punto de vista a la gestión municipal.
Por otra parte, el intendente adelantó que para “acompañar su política de transparencia” convocó a entidades vecinales para integrar la Comisión Verificadora de Créditos que cotejará “la racionalidad de los precios que informen los proveedores y la realización de las obras con los servicios contratados”. Las instituciones que fueron invitadas a integrar la delegación son la Cámara de Comercio y el Rotary Club de Monte Grande y Luis Guillón, junto al Club de Leones y el Centro de Almaceneros de Esteban Echeverría. (ver Una comitiva de entidades vecinales controlará las licitaciones )
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AUNO-14-01-08
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