Lomas de Zamora, mayo 2 (AUNO).- El Gobierno de la ciudad presentó un proyecto para modificar la ley N° 1854, también conocida como de Basura Cero. Propone redefinir las metas y plazos para terminar con el enterramiento sanitario y habilitar la incineración o termovalorización de basura. Esto despertó el rechazo de cooperativas de cartoneros, organizaciones ambientales y la oposición.
El punto de mayor debate es la incineración. Alejandro Valiente, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), alertó sobre los problemas que le causaría esa tarea a recicladores urbanos: “No todos se quedarían sin trabajo, pero si el material empieza a quemarse habrá una competencia”, explicó a AUNO. “Otra incertidumbre –-prosiguió— es que algunos de los materiales que se reciclan son los que tienen mucho poder calorífico como los papeles, cartones y plásticos.”
En dialogo con AUNO, los legisladores de la oposición Mariano Recalde, Inés Gorbea y Miryam Bregman, se manifestaron en contra del proyecto y criticaron la gestión de residuos en la Ciudad. Sin embargo, el oficialismo logró sacar el dictamen el martes pasado y las modificaciones serán tratadas en el recinto.
Las dudas son muchas y el Gobierno no hace mucho para contrarrestarlas .El subsecretario de Higiene Urbana, Renzo Morosi, fue el encargado de defender el proyecto en la Comisión de Ambiente pero “se limitó a leer los cambios”, según contó Valiente. No hay precisiones sobre cómo se financiará la construcción de las plantas, donde estarán ubicadas, ni si serán gestionados por el Estado o por privados.
La reforma es necesaria porque la legislación vigente prohíbe el uso de esta tecnología. El nuevo artículo 52 expresa que “en el caso de la combustión para generación energética se contemplará la maximización de recupero de materiales, garantizando la protección de la salud de las personas y el ambiente”.
Aún no hay información oficial, pero según los trascendidos que manejan desde el MTE es que el plan tiene dos etapas: “En la primera podrían tres incineradores, uno en la ciudad (posiblemente en la Comuna 8); otra en zona norte, posiblemente escobar; y otra en zona sur. Y en la segunda etapa otros cuatro. Está claro que no lo van poner en barrios ricos”, ironizó Valiente.
El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, defendió la termovalorización para generar electricidad y la comparó con el modelo europeo. Sin embargo, es una técnica en retroceso. “Estamos hablando de una tecnología que Europa está dejando de utilizar. Podríamos estar ante la adquisición de una tecnología vieja y estos necesitan venderla. No sería la primera vez que compramos cosas viejas de otros países”, denunció el dirigente. (ver recuadro…)
El oficialismo tiene mayoría en la Legislatura y todo parece indicar que va a ser aprobada la modificación. Valiente defendió la ley vigente y manifestó que la reforma “sería lamentable porque la ley de Basura Cero es muy buena”. En su opinión “tiene buenos principios ecológicos y con esta modificación la están destruyendo. Ahora quieren decirle ‘termovalorización’ para que no suene tan feo. Una lástima que lo quieran hacer y sin discutirlo de cara a la sociedad.”
Las metas actuales no fueron cumplidas. La ley establece que en 2017 se tendría que haberse reducido el 75 por ciento de los desechos depositados en rellenos sanitarios, tomando como base los niveles enviados al Ceamse en 2004. Desde la Federación de Cartoneros manifestaron que el incumplimiento de la “meta tiene que ver con lo errático”. Sacamos un promedio de duración en el cargo del director de reciclado (encargado de contratar a las cooperativas) y nos dio ocho meses, y por consiguiente también cambió la dirección de la política. Hubo momento con mucho impulso y otros de inacción.
Las nuevas metas establecen reducir un 50 por ciento de los residuos que se entierran para 2021, un 65 para 2025 y un 80 para 2030, tomando como base los niveles de basura enviada a la Ceamse durante 2012. Para 2028 se prohíbe la disposición final de materiales. La reforma surge porque las metas establecidas en la ley sancionada en 2005 no se cumplieron y desde el Ceamse informaron en enero que el predio de José León Suárez, donde se vierten los residuos de la ciudad y de 36 municipios, tiene una vida útil de cinco años.
En el sistema de reciclado de la ciudad hoy trabajan 6 mil personas. Están formalizados, reciben el uniforme y el incentivo que les pega el gobierno. La reunión en la Comisión de Ambiente fue aprovechada para reclamar por la actualización del incentivo. “El año pasado perdieron con la inflación y este año ofrecieron 12 por ciento en dos cuotas, también sería una perdida. Da un poco la pauta de hacia dónde van las prioridades, remarcó Valiente.
En Latinoamérica el puntapié inicial en termovalorización lo dio México el año pasado. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la construcción de una planta de termovalorización. La encargada de la construcción es la firma francesa Veolias y desató un escándalo por las denuncias de corrupción. La construcción comenzó en enero de este año, después de que la Justicia negara el recurso de amparo presentado para frenar la obra.
Críticas ambientalistas
Diversas organizaciones ambientalistas rechazaron el proyecto. Andrés Napoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos ambientales (FARN) , criticó el hermetismo con que el Gobierno presentó la ley y destacó que cualquier cambio “va a generar contratos por muchísimos años”. “No se conoce la tecnología ni qué tipo de residuos se van a poder incinerar ni cómo se van a producir la energía ni a qué costo”, cuestionó.
Además, alertó sobre los peligros ambientales y para la salud que provocan: “Los incineradores producen emisiones de dioxina y furanos, componentes catalogados como cancerígenos por Asociación Internacional de Lucha Contra el Cáncer, y además también transforman la basura que queman en residuos peligrosos, que deben ser dispuestos de una manera muy específica, también con un elevado costo y en sitios muy seguros. Tenemos dos evidentes riesgos”.
“En Europa –continuó— han sido o están siendo manejados pero con mucho control, y Argentina no es un país que se caracteriza mucho por el control, muchos menos ambientales. Sin ir más lejos, el caso del Riachuelo lo demuestra todos los días. Lo difícil que es manejar la gestión ambiental y lograr que se cumplan los estándares. Vale decir la tecnología no funciona sola ni se controla sola.”
La tecnología que se va a utilizar para la incineración y la producción de energía “es muy cara”, afirmó el especialista. “En ningún país que ha funcionado no lo hicieron sin subsidios y apoyos estatales muy fuertes”, aseguró. Desde la asunción de Mauricio Macri, el Gobierno empezó un plan para recortar subsidios a la generación de energía. Y además, Europa está marchando en la dirección opuesta. “Recientemente, El Consejo Europeo emitió una recomendación al Parlamento regional para volver para atrás con eso. No habilitar nuevos incineradores e ir desmontando progresivamente los que ya funcionan, porque atentan contra el proyecto de economía circular que quiere Europa, que significa una reutilización cada vez grande de recursos y disminuir los costos de producción de energía”.
Napoli reconoció la crisis de los rellenos sanitarios en la Argentina, pero sostuvo que “la incineración de los residuos no es una decisión viable en este momento, porque tanto la Ciudad de Buenos Aires como los municipios del AMBA no han avanzado lo suficiente en una gestión integral de residuos”. Entonces, “en vez de corregir las políticas y trabajar en una dirección” como lo establece la legislación, “busca una atajo“.
A pesar del cambio que generaría la incineración, el negocio de la basura seguiría igual. Napoli subrayó que “el gran negocio está en el transporte”. “Muchas veces no se quiere afectar ese negocio. Van a seguir transportando los mismos volúmenes y se van a generar los mismo volúmenes”.
La estrategia del gobierno de la Ciudad de dar precisiones sobre el proyecto, para el director de FARN, responde a que “no tiene argumentos” para sostener la iniciativa y tampoco”quieren hacerlo”. “Antes no había número en la Legislatura y ahora parece que lo hay. Se va hacer lo que tanta veces se ha criticado: ‘tratar los temas a libro cerrado porque tienen la mayoría y la mayoría manda’.”
El rechazo de la oposición
Existe una unanimidad en los bloques de la oposición. Sin embargo, no es un inconveniente para el oficialismo. El bloque de Vamos Juntos tiene 34 de las 60 bancas y el proyecto necesita el voto afirmativo de 31 de los legisladores.
El presidente del bloque de Unidad Ciudadana, Mariano Recalde, anunció que se opondrán a la modificación. “La ley existente es una buena ley, mal implementada por el Ejecutivo en estos 11 años. Pero consideramos que no se puede meter la basura bajo la alfombra, o en este caso quemarla”. Por eso, su expectativa es que “otros legisladores, incluidos los del bloque de Cambiemos, apelen al sentido común, piensen en los porteños y no en tapar el sol con la mano por el fracaso de las políticas del macrismo”.
Además, Recalde sostuvo que la iniciativa es contradictoria al discurso ecologista del Gobierno: “El discurso no se condice con políticas públicas adecuadas, coordinadas, que involucren a todos los actores intervinientes en el tratamiento de los residuos. Empezando por los vecinos de la ciudad, educándolos y concientizándolos sobre la importancia de la separación de residuos en origen. A los recuperadores urbanos, el verdadero motor del funcionamiento de esta ley. Los empresarios encargados del reciclaje del material. Y a los ambientalistas que en estos temas son el norte hacia donde hay que conducir las políticas de Estado”.
También criticó la gestión de residuos en la ciudad. “sólo un 8,2 por ciento del presupuesto de la gestión de residuos se destina a las políticas y acciones necesarias para el recupero de RSU. La distribución del presupuesto es un reflejo de hacia a donde dirigen su políticas. El Presupuesto destinado a cumplir la Ley Basura Cero resulta insuficiente e ineficaz, con gastos en materiales innecesarios, mal direccionados y sin realizar acciones coordinadas con los diferentes actores interviniente en posibilitar el éxito de la ley”.
Por su parte, la presidenta del interbloque Suma+, Inés Gorbea, adelantó que “en estas condiciones no van a acompañar el proyecto”. “Esto deja en claro el fracaso de la gestión de residuos por parte del Gobierno. No se cumplió la meta de una ley que tiene más de diez años y el oficialismo gobierna desde hace diez”, argumentó.
Para ella, el fracaso se debió a las idas y vueltas: “Dijeron doble contenerización si, doble contenerización no; sacamos los tachos verdes, ponemos los enterrados. Eso confunde mucho a la ciudadanía y se desalienta la separación en los hogares, que es el inicio de la cadena virtuosa”.
Miryam Bregman, presidente del bloque del PTS- Frente de Izquierda, adelantó que también votarán en contra. “Acompañaremos el pedido de las organizaciones ambientalistas y de los cooperativistas de reciclado para que se retire el oscuro proyecto del PRO que redundará en aumentar los negocios de pocos y contaminar el ambiente de millones. Pero para que esto se haga efectivo, como siempre, es necesaria la movilización de los compañeros de las cooperativas y de todas las organizaciones sindicales y sociales”.
Desde su equipo de asesores recordaron que en Canadá debieron cerrar uno de los hornos de una planta de incineración por sobrepasar doce veces el mínimo establecido de dioxinas, luego de tan solo seis meses de ser inaugurada. Además, denunciaron que “estemos ante un negocio de empresas que vendrán a instalar aquí una tecnología que es considerada perjudicial y obsoleta en Europa. Estaríamos ante una vuelta de tuerca, a escala de empresas multinacionales, del llamado ‘negocio de la basura’ ”.
GS-AFD
AUNO-02-05-18
