Lomas de Zamora, septiembre 22 (AUNO).- Familiares del futbolista de Banfield víctima del gatillo fácil, Lautaro Bugatto, advirtieron este lunes que la revisión de la condena a 14 de prisión para el policía acusado del crimen quedó en manos del mismo tribunal de casación que lo había liberado en 2012, cuando se lo investigaba por adulterar pruebas y amenazar a los parientes del joven.
Durante una conferencia de prensa en la Municipalidad de Lomas de Zamora, el hermano de Lautaro y titular de la Dirección de Prevención de Violencia Institucional comunal, Gonzalo Bugatto, recordó que la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora es “la misma instancia que le cambió la carátula a la causa y permitió que David Benítez —el agente condenado la semana pasada— llegara al juicio en libertad”.
En septiembre de 2012, los camaristas Marcelo Soukop, Pablo Little y Joaquín Díaz Ferrer juzgaron que se trataba de un episodio de exceso en la legítima defensa y excarcelaron a Benítez y, en otras causas, liberaron a varios policías procesados por casos de “gatillo fácil”.
En este sentido, el hermano de la víctima enfatizó que “en el fallo del tribunal (que la semana pasada condenó al policía) queda claro que, a diferencia del planteo de sus abogados, Benítez no actuó en legítima defensa ni siguió el protocolo de seguridad establecido por la policía, sino que tiró sin tener en cuenta la letalidad de sus acciones”.
“Les pedimos a los jueces de la Sala II que tengan en cuenta el trabajo del Tribunal Oral (TOC) 10, que fue muy detallado y rebatió todas las pruebas de los peritos de la defensa”, solicitó Bugatto.
Por otra parte, denunció que él y su familia recibieron amenazas vía Facebook por parte de la esposa del condenado, Celeste Cerda, que también es miembro de la bonaerense.
“Nos amenaza alguien que tiene una arma pagada por el Estado y que está procesada por falso testimonio por tratar de incriminar a mi hermano en un tiroteo con Benítez”, remarcó.
El miércoles último, los jueces del TOC 10, Daniel Julio Mazzini, Susana Silvestrini y José Ignacio Polizza, habían encontrado culpable al agente de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y, además, ordenaron que se investigue a sus familiares por falso testimonio.
Además de la condena a David Ramón Benítez y del proceso iniciado contra sus testigos, desde el año pasado está activa una causa por presuntas irregularidades en el manejo de las pruebas contra agentes de la comisaría de Burzaco, que, entre otros procedimientos sospechosos, le devolvieron el auto del acusado a su familia, a pesar de la orden de secuestro que pesaba sobre el vehículo desde el cual se cometió el crimen.
La Cámara en foco
Las sospechas de la familia de Lautaro Bugatto, luego de conocer que la suerte del policía condenado por el crimen del joven está en manos de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora, no se fundan en meros preconceptos ni rumores sin sustento.
Más allá de haberle permitido a Benítez llegar en libertad al juicio pese a que se probaron intentos de entorpecer la investigación para reforzar su hipótesis de un enfrentamiento armado, la Cámara tiene en su haber varias excarcelaciones polémicas, entre las que se cuentan liberaciones de efectivos bonaerenses.
A finales de 2013, por ejemplo, los jueces Little y Soukop decidieron liberar a un policía que el TOC 2 de Lomas había condenado por el secuestro extorsivo de dos mecánicos de Glew. La libertad le llegó luego de un hábeas corpus presentado por sus defensa, misma estrategia que los Bugatto creen que van a utilizar los letrados de Benítez.
Además, a principios de este año, la sala segunda excarceló a un efectivo de la Policía Municipal lomense acusado de abusar de una nena discapacitada en el Parque Finky, de Turdera. A pesar de las declaraciones en cámara Gesell de la víctima y su hermano menor, el argumento de los juristas en esa ocasión fue que la menor sí presentaba signos de abuso, pero no podían ser atribuidos con certeza al uniformado.
Ese tribunal también resolvió en la causa por la muerte de Martín Castelucci, el joven asesinado en 2006 por un patovica del boliche La Casona: en 2011 sobreseyó al dueño de la disco, Atilio Amado, y hace días le concedió la “libertad asistida” al empleado de seguridad que mató al chico, José Lienqueo Catalán.
Asimismo, la sala III de esa Cámara fue la que en 2012 liberó “por falta de pruebas” a Daniel Lagostena, imputado por el homicidio de Érica Soriano, pese a que se encontraran rastros de sangre de mujer y ropa interior femenina quemada en la casa de Lanús donde la pareja convivía.
Frente a estos antecedentes, la madre de Bugatto, Alicia Giardina, se mostró firme: “Pedimos que no le den 14 años y enseguida esté libre, que no sea más de lo mismo. Por eso exigimos que la pena sea efectiva, aunque sabemos que vamos a enfrentar a una sala, la número dos, que es muy cuestionada”.
AUNO 22-09-14
JJR-AFD
