Un derecho negado en Latinoamérica

Se realizará el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que apunta a buscar mecanismos para evitar las más de 4 millones de intervenciones que se hacen en todo el continente de forma clandestina y las 6 mil muertes que ocurren por año, según la RSMLAC.

Lais Vázquez

Lomas de Zamora, septiembre 27 (AUNO).- Una de las discusiones aún no resuelta de los últimos tiempo gira en torno de la despenalización del aborto. Pero más allá del debate sobre cuándo comienza la vida humana, hay por detrás una serie de derechos que actualmente les son negados a las mujeres: a la vida, la libertad, la salud, la igualdad, la autodeterminación y la privacidad, por mencionar algunos. Por ello, este viernes se realizará el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que apunta a buscar mecanismos para evitar las más de 4 millones de intervenciones que se hacen en todo el continente de forma clandestina y las 6 mil muertes que ocurren por año debido a esto, según datos de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC).

La fecha fue elegida en el quinto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina en 1990, pero la situación legal del aborto no es la misma en toda la región.

Cuba y Puerto Rico son los únicos países en donde está permitido en todos los casos. En el otro extremo se encuentran Chile, República Dominicana, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En estos lugares no es legal ni aunque corra peligro la vida de la mujer embarazada.

Lorea Escuin es una médica y activista del feminismo mexicano, pero colabora con la campaña “Sí al aborto terapéutico en Chile”. Ella explicó a AUNO que desde su espacio están “a favor del derecho al aborto” en todos los casos, pero reclaman “inicialmente el terapéutico, porque es lo más inmediato y la única forma de ir abriéndole la mente a la gente”.

En el país trasandino, este tipo de práctica estuvo permitida durante el gobierno de Salvador Allende, pero poco antes de que terminara la dictadura militar de Augusto Pinochet, en 1989, fue prohibida.

A mitad de camino parece encontrarse Argentina. Aquí, el aborto no punible, el que no es penalizado por problemas de salud o por violación, está admitido desde 1921 y en marzo de este año la Corte Suprema dictó un fallo que establece la interpretación de los artículos que lo mencionan en el Código Penal para así evitar la judicialización de estos casos. Sin embargo, según dijo a esta agencia una de las representantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Nina Brugo, “existe en el tratamiento penal una violencia institucional al obligar el aborto clandestino. Si no es por un problema de salud o una violación, la mujer no puede decidir qué hacer con su propio cuerpo”.

En nuestro país, las organizaciones feministas que militan en la temática estiman que hay no menos de 500 mil abortos clandestinos anuales, y que puede llegar a 700 mil. En ellos, cien mujeres mueren por año y otras 60 mil llegan a hospitales y deben ser internadas por malas prácticas. Brugo explicó que de estos últimos casos “hay muchos más de los que están registrados porque se disfraza la figura médica y se registran como infecciones para que después las mujeres no tengan ningún problema legal”.

DISPARIDADES EN LA APLICACIÓN DE LA LEY
El inciso 2 del artículo 86 del Código Penal argentino legaliza el aborto “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. Sin embargo, como desde 1921 ese tramo se ajustó a la interpretación de los jueces, el 13 de marzo de este año la Corte Suprema de Justicia en un fallo histórico afirmó que todas las mujeres podían acceder al derecho de interrumpir sus embarazos hasta la semana 12 de gestación si eran producto de una violación, y no sólo las que tenían discapacidades mentales.

Además, el juez del máximo tribunal Raúl Zaffaroni explicó que para poder tener este derecho no es necesario que se haga ninguna denuncia policial previa a la solicitud de interrupción del embarazo porque “la violación es un delito de acción dependiente de instancia privada en beneficio de la víctima. Si la víctima no quiere hacer la denuncia porque no desea someterse a un proceso que le reavive el episodio vivido, históricamente en casi todo el mundo la decisión se deja en manos de la víctima. Si le exigiésemos una denuncia previa, estaríamos convirtiéndolo en un delito de acción pública”.

Esto no se cumple en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Ministerio de Salud porteño determinó el 6 de este mes que quienes pretendan interrumpir su embarazo por haber sufrido una violación deberán presentar una declaración jurada o una denuncia policial. Y para sumar pasos en el protocolo, en los casos de mujeres menores de edad deberán ser informadas “las personas que por ley ejerzan su representación legal”.

Hay provincias argentinas que se encuentran en una situación más delicada. Salta es el mejor ejemplo de ellas. Allí, los anticonceptivos no se reparten de manera gratuita y a pesar de los manuales de salud reproductiva, depende de los directores de las escuelas brindar o no educación sexual.

Y mientras cada distrito decide cómo implementar la ley, algunos derechos de las mujeres siguen a la deriva. “El presidente del colegio médico de San Salvador de Jujuy (Ricardo Cuevas) comunicó que en esa ciudad 19 mujeres por día deben ser internadas por consecuencia de abortos mal practicados. Lo que es un signo de la magnitud del problema, que es totalmente ignorado por el Ejecutivo nacional”, ejemplificó Brugo, quien también se desempeña como presidenta de la comisión de la Mujer de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.

LA SITUACIÓN EN LOS PAÍSES LIMÍTROFES
Uruguay lleva la delantera. El proyecto de despenalización del aborto obtuvo la media sanción en el Senado en diciembre del año pasado. Este año se sabrá la resolución definitiva. Ambas cámaras legislativas habían aprobado el mismo proyecto en octubre de 2008, pero fue presidente de ese entonces, Tabaré Vázquez, quien vetó la ley “por motivos religiosos”. En esta ocasión, el presidente José “Pepe” Mujica ya aclaró que no actuará de la misma manera que su antecesor.

Este proyecto de ley si bien impone el límite de 12 semanas, no tomará en cuenta si el embarazo es producto de una violación, si está en riesgo la salud o la vida de la mujer o la existencia de malformaciones fetales graves. Además, los hospitales, tanto públicos como privados, tendrán la obligación de realizar el aborto en forma gratuita a las personas que lo soliciten.

En Brasil y Bolivia la situación es similar a la de Argentina. Está permitido en los mismos casos pero, sobre todo en el altiplano, las organizaciones feministas denuncian que las niñas que quedan embarazadas como consecuencia de un abuso sexual, y tienen muy pocas posibilidades de obtener un aborto seguro y legal. Alrededor de 200 denuncias de este tipo se realizan anualmente en ese país, según las estadísticas publicadas por Julia Velasco, coordinadora de la Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de la Infancia (ANNI), mientras que el acceso al aborto es prácticamente inexistente.

En un escalafón más abajo se encuentra Paraguay, que sólo lo permite cuando corre riesgos la integridad física de la mujer. Treinta de cada cien muertes por maternidad son a causa del aborto, según datos del departamento de Bioestadísticas del Ministerio de Salud paraguayo.

Y por último, Chile. Escuin explicó que allí ocurren 150 mil abortos por año y, exceptuando los espontáneos, todos son ilegales. “Durante mucho tiempo, el aborto fue la primera causa de muerte materna en Chile. Hoy, es la tercera. La situación ha cambiado porque clandestinamente se usa el Misotrol, que es una pastilla con misoprostrol que pueden provocar la expulsión del óvulo fecundado en los primeros meses de gestación. Esto hace que no sea tan peligroso el aborto ni se recurran a viejos remedios como el odioso perejil”, informó la mujer, quien se desempeña como doctora en México.

El problema del Misotrol es que generalmente se adquiere por Internet y cuesta entre 70 y 160 dólares. “La mayoría de las víctimas son mujeres pobres, que no tienen el acceso a métodos como el misoprostol ni a clínicas y médicos privados que cobran altas sumas de dinero por el procedimiento”, añadió.

No exiten registros certeros de cuántas chilenas recurren a las pastillas o a intervenciones para abortar. Según Escuin, las estimaciones varían de 160 a 200 mil anuales y según el libro “El drama del aborto”, publicado en 2005, la tasa es de “50 por cada mil mujeres entre 15 y 44 años”. Es decir, 438 mujeres abortan por día en Chile.

OTROS CASOS AMERICANOS
Una situación particular es la que vive Colombia. Freddy Orlando Bolaños Díaz, difusor de la campaña “Di Sí Al Aborto Legal, Por La Salud De Las Mujeres Colombianas”, explicó a AUNO que según la sentencia C355 de 2006, es legal “cuando ha sido fruto de violación o incesto, cuando el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida y cuando está en riesgo la salud de la mujer”. Pero técnicamente “es legal siempre, pues salud se define como ‘Estado completo de bienestar bio-psicosocial’, por lo tanto un embarazo no deseado se puede abortar de forma legal”.

Bolaños Díaz, médico cirujano de la Universidad Nacional de ese país, contó sus intentos para aplicar esa definición: “Yo he intentado realizar este procedimiento en varias jóvenes con embarazo no deseado, pero al intentar tramitarlo para que lo realicen cubierto por sistema de salud, ha sido muy difícil pues la gran mayoría de la población ignora esta parte, creen que es solo salud biológica y en realidad la definición es mucho más amplia”.

Distinto es lo que le toca a mujeres de otras zonas. Por ejemplo, en Nicaragua, el aborto estaba permitido por problemas de salud y por abuso sexual, pero ese derecho fue sacado, por lo que hubo un retroceso. Este tipo de medidas deriva en casos como el que ocurrió recientemente en República Dominicana, donde una joven de 16 años que tenía leucemia murió por no poder realizarse un aborto que llevaba una gestación de 13 semanas.

En relación a estos casos, la coordinadora de Comunicación de la RSMLAC, Adriana Gómez, manifestó a esta agencia que “los cambios culturales, sociales, políticos y legales que permitirían sustentar y reconocer el ejercicio de la libertad sexual y reproductiva de las mujeres no se han producido sino a paso muy lento. Incluso asistimos a retrocesos en algunos avances ya logrados, lo que hace necesario repensar y rediseñar los abordajes políticos de la demanda del aborto, reforzando la defensa del Estado laico, renovando discursos que centren el debate en aspectos de igualdad, libertad, derechos y ciudadanía de las mujeres”.

LA LUCHA CONTINÚA
Las movilizaciones por el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe en Argentina se realizarán el jueves a las 11 frente al Congreso Nacional. Al mismo tiempo en el Salón de la Biblioteca de ese recinto se ofrecerá la jornada de debate “Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Implicancias jurídicas y de Salud. Relación con el nuevo Código Civil. Guía técnica de OMS sobre aborto seguro”.

En nuestro país, la campaña por el Derecho al Aborto posee 58 firmas de diputados que aprobaron la iniciativa, pero aún el tema no ha sido debatido por la Cámara. Sólo fueron escuchadas las posturas de los activistas y las charlas informativas.

“Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal, seguro y gratuito para no morir”, es la consigna que se repite cada vez con más intensidad en las voces de las mujeres de Latinoamérica y que glopean las puertas de los legisladores.

LMVR-AFD
AUNO-24-09-12

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Puedes usar estas etiquetas y atributos HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>