(AUNO-Tercer Sector*) Desde hace años, diversos actores sociales y políticos cuestionan la legitimidad de la deuda externa argentina, y aunque un fallo judicial estableció en el 2000 que el Poder Legislativo debe pronunciarse sobre la cuestión, todavía no se llevó a cabo en el Congreso Nacional un debate en torno a las circunstancias bajo las cuales la última dictadura militar multiplicó el monto de la deuda de 7800 a 46 mil millones de dólares.
Por esa razón, un grupo de diputados nacionales, entre ellos Alicia Castro, Claudio Lozano, Héctor Polino, Jorge Rivas, Luis Zamora y Patricia Walsh y María América González presentó en octubre pasado un proyecto de ley que pretende declarar la nulidad de la deuda externa contraída por el gobierno militar entre el período 1976-83, calificándola de ‘odiosa’ . Si bien no lograron que la iniciativa se trate en el período de sesiones ordinarias que ya termina, su intención es que se produzca un debate sobre este tema a lo largo del 2005.
Mario Cafiero, uno de los autores del proyecto, afirmó que junto a la declaración de nulidad de la deuda que contrajo la dictadura, el Estado Nacional debería “pedir un resarcimiento” por parte de los bancos y organismos de crédito internacionales que otorgaron préstamos a lo largo de esos siete años.
“Creemos que no se puede pagar una deuda que contrajo un gobierno que careció de legitimidad. El Parlamento debe pronunciarse sobre el tema, y como legisladores tenemos la obligación de plantear este debate”, explicó el diputado.
Para Cafiero, no existieron controles republicanos sobre los actos de gobierno que perpetró la dictadura militar y fundamenta que la Constitución Nacional debe mantener su vigencia, incluso en los períodos en los cuales se interrumpa como producto de “un acto de fuerza”.
“Este año no pudimos lograr el tratamiento del proyecto pero queremos hacerlo el año que viene –insiste el legislador-. Pero para eso necesitamos de una movilización activa por parte de toda la sociedad. Es necesario que el pueblo se involucre en esta cuestión, porque es una forma de discutir sobre el desarrollo futuro del país”.
Por otro lado, existe una causa judicial tramitada en el Juzgado Correccional Nº 2 a cargo de Jorge Ballestero, sobre una denuncia presentada por Alejandro Olmos, en la cual se detectaron, por lo menos, 477 delitos vinculados al endeudamiento externo ocurridos durante la última dictadura militar. El magistrado estableció en julio del año 2000 que la deuda era ilegal y le solicitó al Parlamento impulsar un debate sobre la cuestión. Algo que aún no sucedió.
“Estamos cumpliendo con nuestra obligación como legisladores al formular este proyecto y propiciar su discusión”, fundamentó Cafiero al tiempo que calificó de “inexplicable” que muchos de los congresistas que votaron a favor de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final se nieguen a debatir la cuestión.
“Para nosotros es algo inexplicable esa actitud, ya que la masacre que perpetró la dictadura estuvo directamente ligada con los intereses de los sectores económicos que posibilitaron el endeudamiento del país”, sostuvo el legislador.
El diputado reseñó además que existen varios antecedentes de deudas que fueron declaradas “odiosas” por los gobiernos que surgieron después de determinados procesos políticos:Estados Unidos, tras la guerra de secesión se negó a pagar los empréstitos contraídos por el sur rebelde, y tras la independencia de Cuba, instó a la isla a no saldar la antigua deuda que mantenía con la España colonial.
Pero uno de los argumentos más recientes tal vez lo constituya lo que sucede actualmente en Irak, donde el Gobierno estadounidense planteó ante los organismos internacionales de crédito una reducción del 80 por ciento de la deuda externa de ese país, por entender que se contrajo durante el mandato de un dictador como Sadam Hussein.
Con estos antecedentes, el grupo de legisladores encabezados por Cafiero mantiene firme el propósito de discutir en el recinto el tema. “Esperemos que en el 2005, podamos llevar adelante esta discusión que servirá también para plantear un debate más profundo en relación al modelo de país que debemos dejarles a las futuras generaciones”, señaló.
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Revista Tercer Sector
