Familiares y amigos de Roberto Pereira, el operario del Tren Roca que murió luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas de mantenimiento de las formaciones en la estación de Llavallol, exigieron justicia y denunciaron que se trató de un «asesinato laboral». Asimismo, se suma el reclamo de los trabajadores de esa línea, que exigen mayores medidas de seguridad y disponibilidad de personal médico para evitar más tragedias.
En diálogo con AUNO, Claudia González, esposa de la víctima, denunció que a su marido «lo dejaron morir» al quedar expuesto a «condiciones de precariedad» laboral y acusó a la empresa y al sindicato por «abandono de persona». «Cuando fueron a pedir el matafuego, el supervisor les dijo a los compañeros ‘ya está, ya está, ya fue'», afirmó.
La mujer explicó que se enteró horas más tarde de lo sucedido por medio de los compañeros de Pereira, ya que ningún responsable de la empresa le había informado nada. Al llegar a la estación de Llavallol, exigió que trasladaran a su marido de inmediato al hospital.
Sin embargo, ni la ART ni la empresa se hicieron cargo de llevarlo rápidamente, contó, por lo que su esposo estuvo 24 horas a la espera de la ambulancia (el accidente ocurrió a la 1 de la madrugada y recién lo llevaron a las 23, casi al concluir el día).
González aseguró que «la prioridad se la dieron primero a los otros chicos, a los que salieron despedidos por la descarga», y que dejaron a su esposo tirado, porque pensaban que ya «se iba a morir ahí».
En la madrugada del 19 de enero Pereira realizaba junto a un compañero tareas de mantenimiento en el depósito de lavado de Llavallol cuando sufrió una descarga de 25 mil voltios que le provocó quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo. Dos días después falleció en el hospital.
Falta de elementos de seguridad y mal funcionamiento de los semáforos
González remarcó que el fallecimiento de su esposo «no fue un accidente, sino un asesinato laboral», porque, según le indicaron testigos, ese día fallaron los semáforos que indican si hay presencia de electricidad en las unidades y en las catenarias.
Las condiciones de seguridad en el trabajo era tema de conversación en la pareja en los últimos años, por lo que Pereira le había planteado a su esposa la posibilidad de «pedir el pase de sector», pero luego desistió por el medio de «sufrir persecución» por parte de la empresa, según subrayó la mujer en un comunicado.
La mujer denunció que tanto su marido como los demás trabajadores «no contaban con ropa adecuada ni calzado adecuados» y los matafuegos «no se encontraban cargados», para extinguir a tiempo las llamas que hirieron fatalmente a su marido. «No había escaleras, guantes de goma dieléctricos. Sólo andaba un matafuego. No tenían las botas de goma, nada. Los arneses estaban rotos. Mi marido tenía miedo», específico la mujer.
Tras la denuncia que realizó la mujer, basada en que ningún responsable de la empresa auxilió a tiempo a su marido, ni proporcionaron las medidas de seguridad para realizar el trabajo, previo a la tragedia, González afirmó que la empresa le había ofrecido un puesto de trabajo, a cambio de que no continúe con la demanda judicial que comenzó contra la compañía. A pesar de eso, la esposa rechazó la oferta y remarcó que su «pedido de justicia es irrenunciable».
Denuncian la «complicidad» de los delegados sindicales y superiores
La familia de Pereira también denunció que delegados sindicales y superiores buscan «tapar todo» en relación con las fallas en los sistemas de seguridad y reclamó que ese día, en el lugar de trabajo y horario en el que se desempeñaba la víctima, no estaba presente «el encargado de suministrarle funciones y condiciones laborales» que aseguraran la vida del operario.
La mujer señaló que «Karina Benemérito, Raúl Aragón, Nicolás Alberro, Víctor Loza, Juan Asegui, junto a Marcelo Caputo y Pablo Bresi, quienes se presentaron en el depósito como parte del sindicato», son los responsables de «tapar las pruebas» que demuestran las fallas de seguridad y de obligar a los trabajadores a continuar las tareas peligrosas.
«Me llegó un llamado anónimo en el que me decían que ni bien llevaron a mi marido, empezaron a arreglar los semáforos«, explicó la mujer a este medio, con respecto al accionar del sindicato y de la empresa, quienes, según denuncia, «ocultan todos los rastros de mal funcionamiento de los sistemas de seguridad».
Puntualmente, González acusó a Benemérito de enviar a los compañeros de Pereira a sus casas «como si nada hubiese pasado». «Es claro que existe una complicidad desde encargados, supervisores pasando por Ministerio de Transporte y los sindicatos», remarcó.
Además, indicó que los encargados de la estación de Llavallol nunca le contestaron las llamadas y, al mismo tiempo, se quejó de que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) declaro que se trató de “un accidente leve” y que le negaron durante «varias horas el número de siniestro y los pedidos de traslado». «Los delegados me habían dicho que mi marido había llegado al hospital consciente, cuando no fue así», sostuvo la mujer a este medio.
Los reclamos de los trabajadores del tren Roca
Claudio Visso, delegado de la organización de trabajadores del tren Roca, explicó a AUNO que “lo grave del tema es que (los compañeros) quisieron usar un extintor para apagarle el fuego del cuerpo a Roberto y no funcionaba, no estaba cargado».
Luego de la tragedia, uno de los delegados de la estación Llavallol “obligó a seguir trabajando a los compañeros”, señaló, y, como los operarios se opusieron a la orden, el propio delegado se subió a la formación y continuó con la limpieza, para “obedecer las órdenes de la empresa y el gremio”.
Los trabajadores del tren Roca se quejaron también de la connivencia entre el sindicato de ferroviarios y la compañía SOFSE, que administra la línea en concesión. “Entre la empresa y el gremio estamos entre la espada y la pared. Es terrible y es una vergüenza”, protestó Visso, quien explicó que hay especialidades en la que el personal que “trabaja al borde de la muerte, con alto riesgo por la cantidad de falencias en las normas de seguridad”.
Los integrantes de la Comisión de Seguridad e Higiene de Trenes Argentinos línea Roca se reunieron con el personal de lavado de coches del Depósito de Llavallol del turno mañana, en la cual asistieron el jefe del Departamento de Seguridad e Higiene de la empresa, Raúl Aragón, el representante gremial que integra la Comisión y el delegado del sector Víctor Loza.
En la reunión, Aragón aseguró que la empresa tiene un video de las cámaras de seguridad que registraron que Pereyra subió a la formación con el semáforo en luz roja, lo que advierte de la electrificación de la unidad. Sin embargo, testigos presenciales del sector desmintieron esa afirmación y denunciaron que los semáforos no funcionaban y que la empresa procedió a repararlos al día siguiente de la tragedia.
Finalmente, los funcionarios reconocieron no haber relevado al encargado de sector, que se encontraba de vacaciones, por otro personal jerárquico que asumiera la función de dar la orden para subir a la formación de manera segura. Esta falta de personal específico constituye “una violación al protocolo de trabajo”, explicaron los trabajadores del Roca en comunicado.
También denunciaron que no se terminaron de finalizar las tareas de mantenimiento, como la colocación de “cabos de vida, pasarelas y la finalización de las tareas de iluminación del predio” y culparon al gobierno de Cambiemos, que rechazó la licitación para las obras, que aún quedaron sin resolver.
Según contó González, el vocero de la empresa señaló que “hasta que no se ejecuten las obras postergadas, de noche no se van a lavar más las formaciones” y prometió que por “una vez por mes” se hará una “revisión para corroborar el funcionamiento de los semáforos”.
AUNO-8-2-2021
ADR-SAM
