Toma de Guernica: a horas del desalojo, la resistencia de las familias continúa

“Es esto o vivir en las vías”, señalaron a AUNO. Un recorrido por el conflicto de la toma más emblemática del país.

Fotos y colaboración en la producción: Rocío Robledo

El conflicto por la ocupación del predio de 100 hectáreas localizado en Guernica continúa en curso. Tras la postergación en distintas ocasiones del desalojo, el juez de Garantías de La Plata, Martín Rizzo, puso la fecha para la segunda quincena de octubre como fecha límite. En este contexto, familias que participan de la ocupación denuncian que la propuesta del Gobierno “es insuficiente”, y prometen no abandonar las tierras hasta que exista una respuesta concreta en relación al déficit habitacional.

Según los datos que se desprenden del censo que realizó el gobierno de la Provincia de Buenos Aires solicitado por el juez de Garantías de la causa, el 90 por ciento de las personas que ocupan el predio son desempleados que no pueden afrontar un alquiler, en tanto que medio centenar son mujeres en situación de violencia de género. En total, fueron identificadas 2127 pequeñas construcciones en un predio por el cual existe una profunda disputa.

En ese orden, los números de este estudio que reflejan la situación a finales del mes pasado permitieron contabilizar 2797 niños, niñas y adolescentes. Desde aquel momento el gobierno de la Provincia acercó diferentes soluciones al conflicto que encontraron aceptación por parte de un sector.

Historias en primera persona

A Nicole Salvatierra (25) el 2020 le cambió la vida. Hasta principios de abril se encontraba al cuidado de una adulta mayor con Parkinson, trabajando a domicilio, en tanto que su pareja se desempeñaba como cocinero (actividad en la que llevaba tres años de trabajo continuado). Padres de una hija de cuatro años, vivían en Lanús hasta que la llegada de la pandemia de coronavirus les hizo perder sus empleos, y de ese modo, la posibilidad de afrontar el pago del alquiler.

“En un principio tuvimos ayuda de mi familia, y la persona que nos alquilaba nos dio una oportunidad, pero al perder nuestros trabajos en abril llegó un momento en que la situación se hizo insostenible”, relató Salvatierra, quien se trasladó al hogar de su cuñada durante un tiempo hasta que por intermedio de una amiga se enteró de la situación que se había comenzado a gestar en Guernica, lugar al que arribó a mediados de agosto.

Las condiciones de vida allí son indignas. Las casillas o pequeñas construcciones que se observan en cada uno de los cuatro barrios que se han conformado nuclean en algunos casos hasta cinco familias, según narró a AUNO Salvatierra. Los espacios son reducidos, las lonas poco pueden hacer ante el frío que se hace sentir por las noches, y las chapas potencian el efecto del sol durante el día pese a que el verano aún no ha llegado.

Además de dedicarse al cuidado de personas mayores durante más de dos años, Salvatierra estudiaba enfermería en la UBA, aunque el giro que su vida ha tenido la obligó a abandonar sus estudios. “Los que estamos acá no lo hacemos por placer, somos personas que nos hemos quedado sin trabajo, nadie tiene deseo de soportar estas condiciones de vida, y no deseamos tampoco que nadie nos regale nada. Lo que queremos es poder pagar nuestra tierra y vivienda pero con cuotas accesibles”.

Al respecto, Salvatierra sostuvo que desde el gobierno bonaerense han acercado una propuesta que contempla un pago único de 50 mil pesos, con entrega de chapas y algunos elementos básicos de construcción, oferta que según afirmó “pocas familias han aceptado”.

“El requisito para recibirlo implica firmar un papel donde uno se compromete a abandonar el lugar donde está, pero sin ninguna propuesta concreta en relación a cuándo y dónde podemos reubicarnos en un futuro. Si bien hablaron de un plan de viviendas, nos dijeron que es un problema estructural que lleva años, pero nosotros mientras tanto no podemos estar sin trabajo y sin tierra. Es esto o vivir en las vías”, señaló.

Estela Valiente, una de las delegadas generales de la toma y que está a cargo de un merendero instalado en el barrio La Unión, vivía en Tierra del Fuego junto a su marido y dos hijos. El alto costo de vida en la provincia fueguina, sumado a la posibilidad que le salió a su hijo de 19 años de estudiar contaduría en la UBA, los hicieron llegar a Buenos Aires a principios de año con la expectativa de asentarse y mejorar su calidad de vida. La realidad fue otra.

“Mi marido trabajaba en logística en el sur, pero desde el momento en que arribamos a Buenos Aires no pudo conseguir empleo. La decisión de trasladarnos fue para no dejar solo a nuestro hijo, ya que tampoco podíamos enviarle dinero para apoyarlo mientras estudiaba, sumado a que la calidad de vida en Tierra del Fuego es muy alta”, explicó Valiente, quien arribó al predio de Guernica el 22 de julio.

Una de las aristas sorprendentes que se observa es la solidaridad de los vecinos que viven en los alrededores de las hectáreas en donde se lleva adelante la ocupación. Según afirmaron Salvatierra y Valiente, permiten el ingreso de algunas de las personas que participan de la toma para que puedan bañarse, además de colaborar con agua y alimentos.

De hecho, el hijo de Valiente tiene permitido el ingreso a un hogar para poder cursar por Zoom sus materias de contabilidad. “Acá no hay Internet y de no ser por esa ayuda mi hijo no podría estudiar”, afirmó la encargada de un merendero que funciona por los mediodías, y que responde a una alta concurrencia.

Consultadas por sus sensaciones diarias, y en vísperas de un desalojo estipulado para realizarse entre el 15 y 30 de octubre, Salvatierra manifestó: “Lógicamente tenemos miedo porque se trata de la Policía Bonaerense. Hemos pedido 12 baños químicos, tres por cada barrio, y ni siquiera esa respuesta nos dio el gobierno, por lo tanto sabemos que estamos en una lucha compleja pero que estamos dispuestos a dar hasta que nos den una tierra donde poder vivir”.

Marco legal en relación a las tierras

Las tierras hoy ocupadas pertenecientes al municipio de Presidente Perón, y rodeadas por diferentes countries, han estado deshabitadas por 50 años. Los denunciantes que se autodefinen como tenedores o poseedores no han aportado hasta el momento evidencias serias. La principal demandante, la empresa Bellaco S.A, no parece tampoco contar con certificados de dominio, según lo argumentado por una de las abogadas defensoras de las familias que participan de la ocupación.

“En total cuatro personas dicen ser dueñas de las tierras, pero nadie ha presentado un título que acredite su propiedad. Una de ellas presentó unos planos pero no tienen validez desde lo legal. Se trata de una situación muy común con muchas de las tierras del conurbano, y por ello el 50 por ciento de los countries no tienen su situación dominial regularizada”, explicó Laura Taffetani, una de las tres letradas defensoras.

Incluso, la abogada lamentó la postura adoptada por la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, a quien acusó de no tener voluntad alguna de llegar a una solución positiva para las familias: “Desde un principio afirmó que iba a privilegiar a sus 18 countries, lo dijo en una reunión donde estuve presente. No hay intención de su parte que no sea un desalojo violento”.

Con respecto a la situación legal en la que se encuentra la causa, la jurista indicó: “El juez no dictó una sentencia de fondo, sino lo que se conoce como medida cautelar, a través de la cual dijo ‘se van y luego vemos si las tierras tienen propietarios o no’. Desde lo jurídico hemos intentado todo lo posible, pero depende del Ejecutivo hacer una propuesta firme que le brinde una solución a las familias”.

En ese sentido, Taffetani aseguró que la gente que participa de la ocupación “no tiene problema de salir de ese lugar e ir a otro, sino que tiene un problema de vivienda”, y sostuvo que la propuesta del Ejecutivo consiste solo en brindar ayuda social y “un dinero que no sirve para alquilar”.

Ante la consulta de AUNO, fuentes de la Subsecretaría de Hábitat, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, indicaron que se trata de “tierras privadas que tienen dueños con títulos en perfecto estado hace muchos años, y que en ellas desarrollaban tareas semi rurales”. Además, aclararon que dichos derechos “fueron reconocidos por el juez de la causa”.

Con una orden de desalojo vigente, el área de prensa de la Subsecretaría informó que los terrenos “deben ser desocupados por orden del juez”, y que mientras tanto se evalúa la generación de “lotes con servicios para las familias que cumplan con las condiciones, y otras respuestas habitacionales”.

Las propuestas del gobierno

Ante un conflicto que lleva dos meses y medio, el gobernador Axel Kicillof anunció un Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat que prevé la construcción de más de 33 mil viviendas y la delimitación de 91 mil lotes con servicios para resolver el déficit habitacional que tiene la provincia. A su vez, la iniciativa incluye 18.426 obras de mejoras y refacciones en hogares.

Ante el caso puntual de la ocupación en Guernica, las fuentes oficiales respondieron que a las familias que reclaman en la toma “se les han propuesto soluciones inmediatas de distinto tipo, como la posibilidad de financiar el alquiler, de mejoramientos habitacionales o ampliaciones, mientras que a largo plazo se les ha planteado en el marco del plan bonaerense la generación de 3 mil lotes con servicios”. Una parte de esos lotes, por tanto, se destinaría a responder este reclamo.

En ese orden, señalaron que “no están de acuerdo” con el reclamo esquemático de “tierra por tierra”. El ministro Andrés Larroque indicó que hasta el momento más de 500 familias aceptaron retirarse del predio y ser asistidas por algunas de las alternativas propuestas.

Sin embargo Salvatierra, quien además de estar instalada participa en forma activa de reuniones entre delegados, afirmó que la propuesta ofrecida por el gobierno contempla la posible entrega de viviendas en un plazo de cinco años: “¿Y mientras tanto dónde vivimos? Hay gente que ha aceptado los 50 mil pesos porque realmente lo necesitan, como todos, pero nosotros nos seguiremos organizando porque no es nuestra intención recibir ese dinero, sino pelear por un derecho que creemos nos corresponde”.

Mientras las autoridades provinciales alegan tener dificultades para dialogar directamente con las familias “ya que el Estado intentó ingresar en un par de oportunidades pero hubo resistencia”, Salvatierra afirmó que muchas personas han recibido mensajes intimidantes luego de un censo.

“Nos amenazan con que nos van a matar y otras cosas feas. La realidad es que el día que desde el gobierno se acercaron a traer alimentos la excusa fue que para recibirlos debíamos permitir un  nuevo censo, y como nos negamos tiraron parte de la mercadería al barro y se llevaron la restante.”

A la espera de una solución, una mini escuela fue instalada al aire libre para que los niños que viven actualmente en las tierras ocupadas reciban apoyo escolar, a cargo de docentes que se acercan de forma voluntaria. Del mismo modo, se avanza en la organización de un pequeño puesto sanitario al cual, según indicó Salvatierra, ya se comprometieron a acudir médicos también en forma voluntaria.

Además, según detalló Valiente, existe ya un plano realizado por los “vecinos” de la ocupación que le otorga nombres a las calles, con el objetivo de delimitar los barrios y brindar una mayor organización: “Estamos todos juntos, no queremos que nadie nos regale nada, simplemente deseamos tener trabajo y así poder pagar nuestro pedazo de tierra para poder vivir con dignidad”, concluyó.

AUNO-13-10-2020
FC-MDY

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