(AUNO-Tercer Sector*) Pensar en la Patagonia implica asociaciones casi
involuntarias de paisajes, lagos y mochileros que se aventuran por sus caminos.
Pero hay algo más, y aunque tiene origen en el subsuelo de Esquel, cada vez es
más visible. La región también es el escenario de la batalla entre una empresa
minera y la comunidad. Por medio de un plebiscito, el 81 por ciento de la
población le dijo “No” a un proyecto de minería en gran escala que, de
implementarse, implicaría costos ambientales irreparables. La experiencia generó
respuestas similares en otras zonas del país, donde los vecinos se unieron para
tratar de decidir sobre los recursos naturales. Este fue el tema de un debate
protagonizado por vecinos de Esquel y especialistas en la materia que tuvo lugar
en el Centro Cultural de la Cooperación.
Hace dos años que la empresa Meridian Gold quiere extraer oro y plata de una
mina a cielo abierto, ubicada a seis kilómetros del centro urbano de Esquel. El
trabajo prevé el uso de seis toneladas diarias de cianuro de sodio y dinamitar
miles de toneladas de roca por día. El plebiscito, realizado en 2003, no era
vinculante, por lo cual la opinión de los pobladores aunque no tenía peso
decisivo, llevó la preocupación al ámbito regulatorio de las actividades mineras
de empresas extranjeras. A simple vista, es una lucha desigual: las leyes
vigentes no contemplan la voz de las comunidades y los intereses económicos en
juego no alientan esperanzas de cambio. Sin embargo, los vecinos siguen
defendiendo el derecho a decidir sobre los recursos originados por su tierra.
“Las políticas mineras no están vinculadas necesariamente con la extracción,
apuntó el geólogo Pablo Johanis. De ser pensadas racionalmente, también pueden
ayudar a definir cuáles son los minerales estratégicos, formar reservas,
controlar la producción cuando bajan los precios, prevenir riesgos asociados a
la minería y manejar información”. Johanis señaló que con la política minera de
Menem y Cavallo para la explotación a gran escala de la minería metalífera y el
auge neoliberal en el mundo, en muchos países del tercer mundo se desató la
competencia para atraer inversiones, asegurando mayores márgenes de ganancias”.
En ese marco, las empresas pidieron beneficios legales que obtuvieron:
estabilidad tributaria por 30 años, exenciones de impuestos a la importación de
bienes de capital e insumos, y un tope de tres por ciento para el pago de
regalías.
La búsqueda de rentabilidad quizás haya motivado las “cosas insólitas” que
aparecen en un Estudio de Impacto Ambiental elaborado por Meridian Gold en 2002.
El informe fue analizado por el geólogo Fernando Díaz, quien contó que allí se
mide la distancia del proyecto a Esquel en 17 kilómetros, “cuando en realidad
está entre 5 y 6 kilómetros. No se tiene en cuenta que las distancias surgen de
los mapas, porque las trayectorias ambientales no siguen las curvas de los
caminos “#8220;ironizó-. Ni siquiera hay coherencia entre los planos y la parte
escrita del documento. Además, hay muchas cosas que no se analizaron: el empleo
de cianuro es un tema en sí mismo, y no figura”.
El conflicto no es patrimonio argentino, sino que tiene alcance regional.
Luis Manuel Claps, editor del sitio
www.orosucio.madryn.com
destacó que la gran minería “está en expansión en América latina, y quita a las
comunidades el control de los recursos naturales “#8220;apuntó- Pasan a gestionarse
en función de un mercado invisible y globalizado que es difícil de predecir”.
Para el periodista, el conflicto por la reacción de las poblaciones afectadas
“lleva a la construcción de una nueva subjetividad social”. Así parece
demostrarlo la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina, donde hay
una “conciencia clara de que no queremos este proyecto de Meridian Gold”, según
indicó José Ocampo, representante de la organización.
En su origen, la Asamblea fue una de las tantas surgidas en diciembre de
2001, es decir, “no estuvo determinada por la cuestión minera. Otros grupos
estaban discutiendo el tema, nosotros ni siquiera estábamos en contra: no
sabíamos de qué se trataba, pero queríamos investigar para que el pueblo
conociera lo que se estaba haciendo”, relató el vecino. También destacó las
dificultades del trabajo comunitario: “Hay personalidades y posiciones
heterogéneas, pero hemos avanzado en los puntos en común”. Sin embargo, lamentó
lo que aún no consiguieron, pero están discutiendo: “generar un proyecto
alternativo al de la empresa”.
Más allá de los impedimentos, el historiador Osvaldo Bayer destacó “el coraje
civil de Esquel. Es admirable, hay un fondo democrático que hay que saludar. El
pueblo se hace protagonista, y tiene la palabra sin autoritarismos”. Bayer
también recordó su despedida de esa ciudad en 1958, tras la visita de dos
gendarmes que le recomendaron irse bajo un argumento terminante: “no se puede
escribir lo que usted escribe”, en referencia a los contenidos de un semanario
fundado por el periodista. “Fue una derrota absoluta y total dejar la casa donde
mi mujer y yo habíamos plantado nuestros árboles. Muchos años después volví a
Esquel y quise ver mis árboles. Me enteré de que los gozaba el jefe de
gendarmería”.
Para el economista Julio Gambina, la “derrota” de Bayer no fue tal, porque
“los árboles que él plantó también son parte de la memoria histórica que
construye nuestro presente y futuro”. “No es un dato menor que en la Argentina
haya pobladores que se animen a decir no, aunque no tengan una respuesta
alternativa. Debemos entender que no hay década del noventa sin terrorismo de
Estado, sin los paramilitares y parapoliciales del 75, sin la violencia del
poder económico que indujo las formas políticas, ideológicas y culturales
necesarias para que avanzara tanta impunidad de las transnacionales en el país”.
Por ahora, las comunidades están usando las herramientas que tienen a mano.
El año pasado se dio el puntapié inicial con el Primer Encuentro Nacional de
Comunidades Afectadas por la Minería en el que participaron delegaciones de
Catamarca, Chubut, Córdoba, Río Negro, San Juan y Tucumán. Todos se unieron en
la Red Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería para coordinar y
organizarse tras el mismo objetivo: “la lucha contra el saqueo y el ecocidio en
puerta que es avalado por la actual legislación minera”.
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