A siete meses de la desaparición del albañil Jorge Julio López, testigo clave en el juicio contra el genocida Miguel Etchecolaz, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos marcharon hoy en La Plata para pedir por su aparición con vida.
La marcha también tuvo como consigna el pedido de “juicio y castigo a los responsables materiales y políticos del asesinato del maestro Carlos Fuentealba”, asesinado tras una represión ordenada por el gobierno de Neuquén.
López fue visto con vida por última vez cerca de la madrugada del 18 de septiembre del año pasado en la localidad bonaerense de Los Hornos, a cuatro cuadras de su casa y un día antes de escuchar los alegatos en contra de Etchecolatz; siete meses después, aún no hay noticias de su paradero.
La Policía comenzó a investigar el caso 48 horas después de la desaparición del anciano de 78 años, y la causa judicial se abrió bajo la carátula de “averiguación de paradero”.
Tres meses después y luego de unos trescientos rastrillajes hechos sin ningún resultado positivo, la causa pasó a manos del fuero federal y cambió de nombre: “desaparición forzada de persona”.
A mediados de noviembre del año pasado, el llavero del propio Julio López fue encontrado en el jardín de su casa, lo que se convirtió en una esperanza para la familia del desaparecido.
Falsa alarma; los resultados de las pericias dejaron sin efecto la utilidad de las llaves como pista para dar con el paradero del anciano.
La investigación continúa, pero nada ha cambiado y el tema fue desapareciendo de la agenda de los medios a medida que pasaron los días.
Hace unos días, a partir de un rumor que comenzó a girar en los medios de General Pico, La Pampa, la desaparición de López volvió a aparecer en las redacciones: los vecinos de esa localidad dijeron haberlo visto, pero según afirmó el Inspector de la Policía Federal de General Pico, Jorge Graña, “no hay nada concreto”.
El policía agregó que “se sigue trabajando como se lo está haciendo en todo el país, sólo que a raíz del rumor se intensificó la búsqueda”.
Desde la desaparición del albañil, el gobierno nacional tomó el caso como una amenaza contra su avance en los juicios a los represores; de hecho, el presidente Néstor Kirchner, en un discurso que brindó el pasado 25 de marzo en Córdoba, volvió a responsabilizar del caso a “los mismos de siempre, los que quieren el terror para atemorizar a los argentinos”.
En la misma línea, la primera dama, Cristina Fernández de Kirchner, varias veces hizo referencia a la desaparición de López, una de ellas fue durante el cierre de su gira por Francia, donde aseguró que esa desaparición “ha provocado desazón en la sociedad argentina, pero también la convicción por parte de su Gobierno de que se deben llevar adelante los juicios contra quienes cometieron estas violaciones, porque es la única garantía de que esas cosas no vuelvan a suceder”.
A raíz del lento avance que tiene la causa y de la falta de resultados concretos que se obtuvieron durante este tiempo de búsqueda e investigación, agrupaciones de derechos humanos denunciaron irregularidades en la investigación del caso.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, opinó en una rueda de prensa en la Casa de Gobierno que el juez que tiene a cargo la causa, Arnaldo Corazza, trabaja “muy bien” y sentenció que “trabajar bien no es para obtener éxito rápido, sino para tratar de desentrañar el caso”.
AMB-AFD
