Responsabilizan al Estado por la violencia en las cárceles bonaerenses

(AUNO-TERCER SECTOR*) Durante una recorrida al penal de Junín, en la provincia de Buenos Aires, un grupo de jueces, encabezado por el presidente del Tribunal de Casación Penal bonaerense, Federico Domínguez, no podía creer lo que estaba viendo. En su inspección a la unidad encontraron al detenido Luis Eduardo Pucheta con su brazo izquierdo totalmente quemado, al que las autoridades carcelarias, ante la falta de sulfamidas para tratar la quemaduras, resolvieron aplicarle una simple crema facial. Esta falta de previsión es tan sólo una de las tantas postales trágicas que muestra la carencia de recursos que aqueja al colapsado Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Según el director del área de Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gustavo Palmieri, una de las alternativas posibles para solucionar de algún modo el colapso y las condiciones inhumanas de detención sería una combinación de mejores políticas con la consiguiente posibilidad de mejorar los procesos penales. “Hay que modificar las prácticas judiciales que llevan al hacinamiento, al uso abusivo de la cárcel y la prisión preventiva”, sostiene. Menciona como ejemplo lo que se logró con la modificación de la `ley Ruckauf´, promulgada durante la gestión del ex gobernador bonaerense. Junto con la idea del `meter bala´ contribuyó al perfil inflexible de la `mano dura´. “Esa ley quitaba las condiciones de excarcelación. Además establecía que si uno era investigado por un segundo delito, debía esperar preso”, explica. La norma fue calificada por la Corte Suprema de Justicia como inconstitucional. Esto, sumado a la demora de los procesos por parte de los jueces, da como resultado un sistema donde el 60 y hasta el 80 por ciento de los detenidos, según la jurisdicción, pasan como mínimo dos años en las sombras sin haber tenido ningún tipo de juicio.
A raíz de lo sucedido el 16 de octubre en la cárcel de Magdalena, el `Cromañón´ carcelario que se cobró 33 víctimas, el CELS emitió un documento donde responsabilizó al Estado por ésta y otras tragedias ocurridas tras las rejas. “El Estado no sólo es responsable de la utilización de colchones altamente inflamables, sino también de la carencia de elementos extintores y la falta de capacitación del personal penitenciario para hacer frente a situaciones de esta naturaleza”, alegan en el organismo. Es más, sostienen que los gobiernos bonaerense y federal fueron advertidos en numerosas oportunidades por organismos internacionales de derechos humanos, agencias estatales y ONGs sobre el estado de los penales. æ#353;ltimamente, se sumó la Corte Suprema que hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el CELS. En mayo, el Tribunal exhortó, a través de una resolución que revalida las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de la Naciones Unidas, “a los poderes ejecutivo y legislativo de la provincia de Buenos Aires a adecuar su legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación a los estándares constitucionales e internacionales”.
En sintonía con estos reclamos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó recientemente su preocupación por los muertos y heridos de Magdalena. Mediante un comunicado, el organismo “insta al Estado argentino a tomar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las personas privadas de la libertad en el sistema carcelario, así como en los demás centros de detención del país”. Reconocieron que una semana anterior a los incidentes se presentó un hábeas corpus colectivo por los presos de Magdalena al considerar “el deplorable estado de las instalaciones”. Es ese mismo estado en el que se encuentran prácticamente todas las unidades bonaerenses lo que lleva a proyectar en 303 muertos en prisión al final de este año, según el Ministerio de Justicia de la provincia. Representaría un aumento del 80 por ciento con relación a las cifras de 2004. Vale decir que Magdalena es el penal que registra el mayor número de muertes violentas del SPB: 10 en 2004, y 2 a comienzos de 2005, sin contar el trágico incendio con 33 muertos.
Sobre la intervención de Fernando Tundidor en ese penal, Palmieri se muestra escéptico. “Es difícil que la intervención funcione porque hay que mejorar las prácticas de los jueces que llevan al uso de la cárcel y a las condiciones de hacinamiento” que evidenciarían un mal funcionamiento de lo público. Para el representante del CELS habría que restringir el uso de la cárcel, que sería lo que genera el problema estructural de sobrepoblación y violencia, principalmente en la provincia de Buenos Aires. El SPB aloja más de la mitad de los presos del país con 32 mil personas y tiene una de las más altas tasas de América Latina: 200 cada 100 mil habitantes. Por eso, una alternativa que proponen es el arresto domiciliario con el control de una pulsera magnética o generalizar la prueba que se realiza en Mar del Plata, donde se implementan los “juicios express”: a 60 días de la detención se logra una condena.
“El aumento de las lesiones a los internos es tolerada por el Gobierno provincial”, denuncia Palmieri. Y pone como ejemplo el criterio de las autoridades al momento de manejar una crisis. “Cuando hay un motín o una revuelta, las evaluaciones de los responsables del penal y los funcionarios sólo contemplan si hubo fugas o no”. Se refiere a las declaraciones del ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, quien luego del incendio en Magdalena sostuvo que “la seguridad estuvo bien cuidada en el sentido de que no hubo fugas”. De esta manera, Palmieri considera que así se elude la responsabilidad del Estado por “no sólo resguardar los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia, sino también los de los propios penados, cuya readaptación social se constituye como un objetivo superior del sistema”, tal como plantea la Corte Suprema y el artículo 38 de la Constitución Nacional: “Las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo”.
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*Agencia Universitaria de Noticias y Opinión
Revista Tercer Sector