La presunta implicancia del concejal de Juntos por el Cambio Alberto Torres como parte de la organización que robaba, transportaba, destilaba y vendía petróleo de YPF tuvo más repercusiones, esta vez en el Concejo Deliberante de Lanús. Desde el bloque del Frente de Todos – Unidad Ciudadana presentarán un pedido de informe sobre la investigación judicial, para luego tomar medidas institucionales.
“Enterarnos que parte del poder político de Lanús está implicado en la investigación de una organización delictiva de este tipo generó mucha conmoción”, afirmó la concejal y presidenta de ese bloque opositor, Natalia Gradaschi.
Desde su punto de vista, Torres no es un edil más, sino que es un dirigente de suma relevancia dentro del esquema territorial del oficialismo macrista y está vinculado directamente con el jefe de Gabinete y secretario de Seguridad, Diego Kravetz, la mano derecha del intendente Néstor Grindetti.
El nombre de Torres cobró relevancia luego de una serie de allanamientos ordenados el martes pasado por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Augé, que incluyeron el domicilio del edil en la localidad de Valentin Alsina y dejó más de 20 detenidos.
La hipótesis que manejan tanto la fiscal como el juez es que Torres sería el encargado de dar cobertura a una refinería clandestina que funcionaba casi en el límite entre Valentín Alsina y Nueva Pompeya, ubicada a la vera del Riachuelo. En esa refinería, un colaborador de Torres, Gerardo Rodríguez, se encargaba de hacer el tratamiento al petróleo que otros integrantes de la banda robaban del oleoducto de YPF que va desde Neuquén hasta La Plata, pasando por Bahía Blanca.
Tras la difusión mediática del caso, el propio concejal desde su cuenta de twitter reconoció que su casa fue allanada, pero aclaró que no se encuentra detenido ni incomunicado porque no encontraron ningún elemento vinculante. Además, negó su relación con Rodríguez, ya que este último abandonó el espacio político que compartían en 2015. Efectivamente no está detenido, pero sí participará de la ronda de indagatorias que comenzaron el jueves.
Justamente los tuits de Torres fueron compartidos por el área de comunicación de la Municipalidad que conduce Grindetti. “Nos preocupa que esa haya sido la única reacción del municipio”, manifestó Gradaschi y adelantó a AUNO que el bloque que encabeza presentará un pedido de informe en la próxima sesión del Concejo.
“Aspiramos que todos los sectores políticos nos unifiquemos en repudiar y en mostrar la preocupación que nos genera un robo de tales dimensiones a nuestro patrimonio”, indicó. Por lo tanto buscarán alcanzar el número para trata pedido de informe, ya que el oficialismo cuenta con 11 bancas y la oposición está fragmentada en seis bloques.
“Nosotros no tenemos ni las facultades, ni es nuestro rol avanzar en la investigación o tener el dedo acusatorio, pero creemos que tenemos que contar con la información a la que se pueda acceder en esta etapa de la investigación para tomar definiciones institucionales si así correspondiera”, continuó.
Entre las preguntas que se hace la oposición, se destacan ¿cómo fue que el municipio no supo de una operación de esa envergadura que se desarrolló en el distrito? y ¿cuál fue el rol de Torres ante las inspecciones que tenían que hacer los organismos de control?
En medio del escándalo, el oficialismo salió a respaldar al concejal acusado. A través de una declaración repudiaron la información publicada, cuestionaron a la oposición y pidieron que se respete la presunción de inocencia del edil.
Para Gradaschi es llamativo que esto ocurriera en un distrito en el que “son habituales la persecución a vendedores ambulantes senegaleses y presiones a organizaciones políticas y sociales”. “No puedo creer que frente a sus narices se estuviera llevando adelante un hecho de tal gravedad y que nadie del oficialismo de Lanús lo haya podido ver”, subrayó.
Además, consideró que el Concejo Deliberante tendría que formar una comisión investigadora e inhabilitar al concejal mientras dure la investigación. En este marco se espera llegar a un consenso en la sesión de la próxima semana para tratar el pedido de informe sobre tablas.
De todas maneras, la edil indicó que si los concejales de Juntos por el Cambio y el propio intendente Grindetti rechazan el tratamiento del asunto y no reflexionan sobre su accionar, convocarán a una sesión extraordinaria para tratar particularmente el tema.
QUIÉN ES ALBERTO TORRES
Se trata de un político y empresario curtiembrero con larga historia en Lanús. Comenzó a militar en el peronismo local a los 14 años. Ya tiene 73 y desde el 2015 acompaña al intendente Néstor Grindetti, dentro del esquema del macrismo en esa localidad.
Es titular del espacio Movimiento Peronista Bonaerense (MoBePo) y es donde compartió vinculación política con Gerardo Rodríguez, quien desde la investigación es señalado como el encargado de la destilería de Valentin Alsina.
Torres fue secretario de Acción Social del histórico exintendente Manuel Quindimil, después se sumó al Frente Renovador y en 2015 desde su bloque del MoPebo apoyó a Cambiemos. Luego, en 2017, renovó su banca, y actualmente se desempeña como concejal por el oficialismo del distrito.
La hipótesis de la fiscal es que Torres era el encargado de brindar protección territorial a la organización. Aunque él desde su cuenta de Twitter se despegó de la investigación: alegó que durante el procedimiento no encontraron ningún elemento que lo involucre a la causa y negó tener relación con Rodríguez.
“Estoy muy tranquilo y a disposición de la justicia para colaborar en lo que haga falta”, fue la forma que eligió para cerrar su tuit, el concejal que en los próximos deberá prestar declaración indagatoria.
LA INVESTIGACIÓN
La causa iniciada en octubre del año pasado investiga el accionar de una organización criminal que robaba petróleo perforando oleoductos de YPF en el sur de la provincia de Buenos Aires, y que luego transportaba y destilaba para finalmente distribuirlo en estaciones de servicio sin bandera.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, cuya titular es Cecilia Icardona y bajo instrucción del juez Juan Pablo Augé.
Las pruebas recolectadas indicaron que en febrero pasado la banda extrajo petróleo mediante punciones, en la localidad bonaerense de Coronel Dorrego, al oleoducto que transporta el crudo desde Puerto Rosales, en Bahía Blanca, hacia la refinería ubicada en el partido de Ensenada.
Posteriormente era cargado con mangueras en camiones cisterna que lo transportaba a una planta clandestina ubicada en la localidad bonaerense de Valentín Alsina –que vierte sus desechos en la Cuenca Matanza-Riachuelo– y finalmente lo vendían como nafta o gasoil de baja calidad.
Tras el pedido de este martes de la fiscal, se llevaron a cabo 39 allanamientos y terminó con 21 detenidos. Durante los operativos se secuestraron bombas de succión, 15 tramos de mangueras para cisterna, soldadoras y herramientas especiales para hacer la unión «boca de pez» y extraer el petróleo; también se incautaron 7 camiones, 6 cisternas, 12 autos y camionetas. Le sumaron 17 celulares, 3 escopetas calibre 16, una carabina .22, una pistola Glock calibre 40, siete notebooks y 130 cartuchos de bala de distintos calibres.
Además del alto rédito económico, estipulado en 5 millones de dólares por año, la actividad habría realizado acciones de suma gravedad para el medioambiente, ya que vertían los desechos de la planta a la cuenca del Matanza Riachuelo.
GAS-AFD
AUNO-06-09-20
