(AUNO-TERCER SECTOR*) Con vistas a las elecciones legislativas del 23 de octubre, son varias las organizaciones que, de un modo u otro, buscan articular un mejor mecanismo de transparencia que obligue a los candidatos a presentar sus declaraciones juradas, tal como lo promueve la ley 25.188, conocida también como Ley de Política Pública y que comprende a todos los funcionarios del Estado. Sin embargo, la Cámara de Diputados, mediante su presidente, Eduardo Camaño, apeló en agosto un fallo de la Justicia que obliga a los legisladores a hacer públicos sus bienes.
Una motivación “genérica y ambigua”. Así consideró la Cámara Baja el pedido que realizó la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en 2003 a raíz de la acción de amparo de un particular que exigía la exhibición de las declaraciones juradas de los diputados. “No hay nada de ambiguo. La Ley de Política Pública le da derecho al ciudadano a saber (el patrimonio de los legisladores). Nosotros respondimos el 26 de septiembre la apelación, ya que nos avisaron tarde porque todos los magistrados están desbordados con las causas del corralito”, explicó Hernán Gullco, director del Área Jurídica de la ADC, y agregó que “creemos que tenemos razón, pedimos que se cumpla la ley, aunque sería irresponsable aventurarme a decir cómo resolverá esta cuestión la Justicia”. Se refiere al curso que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital le dará al reclamo. Son dos las posibilidades: hacer lugar a la apelación, o reconocer el fallo en primera instancia del ahora ex juez Silva Garretón que reconoció “el derecho de los ciudadanos a acceder a información de interés público relevante”.
Durante los dos años que lleva el proceso fueron los 11 jueces que se excusaron de la causa, antes de que llegara a manos de Silva Carretón. Sobre este punto, Gullco manifestó que “hubo un conflicto de intereses. Esos jueces se excusaron porque tampoco quisieron dar sus declaraciones juradas”. De modo que se declararon en “malestar de espíritu”, arma jurídica que les sirvió como pretexto. Cabe recordar que el artículo 36 de la Constitución Nacional promueve e impone a todos los poderes públicos rendir cuentas de su gestión a fin que la población pueda formarse una opinión sobre el desempeño de sus representantes.
“Los diputados están viviendo un siglo de oscurantismo. Me parece un horror”, se indignó Laura Alonso, coordinadora del Area Acción con Políticos de Poder Ciudadano. Justamente, esta ONG se propuso relanzar el sitio www.aquieneselegimos.org para que los 4800 candidatos a las 127 bancas de diputados y 24 de senadores presenten sus declaraciones juradas junto con sus datos personales, antecedentes políticos, sus propuestas y proyectos que implementarán en caso de ser elegidos.
De esta forma, Poder Ciudadano invita a los candidatos a presentar presenten voluntariamente esa información, que esperan seguir recibiendo hasta el 20 de octubre. Por el momento, cerca de 100 declaraciones juradas están siendo procesadas y se irán cargando al sitio. En la organización aseguran que, a diferencia de la iniciativa de 2003 donde un voluntario le entregaba un formulario en papel, la disponibilidad on line permite que el candidato se registre, tenga su contraseña y cargue él mismo los datos, con lo que sería de más fácil acceso para los interesados.
Información electoral, qué dice la ley sobre el financiamiento de campañas, links a sitios de ONGs y organizaciones gubernamentales y preguntas frecuentes sobre el tema son parte del contenido de www.aquieneselegimos.org, que se gestó con la idea de “que sea un banco de datos de políticos” y no sólo de candidatos. Por eso es que el sitio promueve que los ciudadanos puedan seguir a los legisladores electos, y comprobar si mantienen sus propuestas durante su labor parlamentaria.
Al recorrer la página en el apartado que remite a los candidatos, bajo el lema “la carga de datos es voluntaria e implica el consentimiento para su publicación”, se puede verificar desde cómo obtuvieron sus bienes, si tienen o tuvieron causas judiciales, su domicilio particular, su gasto en promedio de tarjetas de crédito hasta el origen de sus actuales ingresos mensuales, entre otros tantos datos particulares que contribuyen a tener una visión más amplia acerca de los postulantes a la hora del voto. La búsqueda es libre, gratuita y anónima, y se puede ver al ingresar el apellido del candidato, distrito, partido, y cargo al que se postula: por provincia o Capital.
En tanto, Poder Ciudadano informó que de los 40 candidatos que respondieron, 13 son del ARI, 8 de PRO (López Murphy-Macri), 7 de Unión Por Todos (Patricia Bullrich), 3 de la UCR, 1 del PJ y ninguno del Frente para la Victoria. Esta cantidad es mucho más que las 4 ó 5 declaraciones que recibe formalmente la organización, con suerte, cada 3 semanas por parte de algunos miembros de la Cámara Baja. “Nos consta que hay legisladores que individualmente ceden a mostrar su declaración, pero Diputados al ser un cuerpo colegiado es representado por su presidente que habla por todos ellos”, subrayó Gullco. No obstante, desde fines del año pasado y bajo una presión similar a la que sufre hoy la Cámara Baja, en el Senado dieron luz verde a la exhibición pública de esta información.
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Cómo comunicarse:
Asociación por los Derechos Civiles
Teléfono: 5236-0555/6
Página web: www.adc.org.ar
Poder Ciudadano
Teléfono: 4331-4925
Página web: www.aquieneselegimos.org
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*Agencia Universitaria de Noticias y Opinión
Revista Tercer Sector
