Lomas de Zamora, febrero 27 (AUNO) – Puñal en mano, el genocida Luciano Benjamín Menéndez avanzó, una vez más, dispuesto a matar.
La escena fue capturada por el fotógrafo Enrique Rosito (que trabajaba en la agencia DyN). Ocurrió el 21 de agosto de 1984, cuando el represor se encontró con un grupo de Madres de Plaza de Mayo, que le gritaban “asesino”, a la salida del programa de televisión Tiempo Nuevo, que conducían Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, en Canal 13.
Menéndez, entonces, bajó del Ford Falcon en el que se retiraba y sacó un cuchillo para intentar acallar las voces que reclamaban justicia y le recordaban lo que era: un “asesino” y un “cobarde”.
Mientras su custodia lo contuvo, la Policía reprimió a los manifestantes. La foto de Rosito no sólo muestra la esencia de quien fue uno de los mayores represores durante la última dictadura cívico militar, sino la impunidad con la que se manejó durante las primeras horas de la vuelta de la democracia.
Murió hoy a los 90 años en el hospital militar de Córdoba, donde estaba internado desde el pasado 7 de febrero, a raíz de una afección cardíaca.
Hijo de José María y Carolina Sánchez Mendoza, Menéndez nació el 19 de junio de 1927 en San Martín, provincia de Buenos Aires. En 1943 entró al Colegio Militar y ascendió a coronel en 1966.
“Cachorro”, como lo bautizaron sus superiores por ser hijo de militar, se desempeñó como segundo jefe del III Cuerpo de Ejército, que comprendía las provincias de Córdoba, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis, desde mayo de 1975. En septiembre de 1975 fue ascendido a comandante, cargo que desempeñó hasta principios de septiembre 1979.
La ESMA cordobesa
Bajo su mando funcionó el destacamento de Inteligencia 141 General Iribarren, del que dependía el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) La Perla, por donde se estima que pasaron unas 2.500 personas entre marzo de 1976 y diciembre de 1978.
Conocido como “la ESMA cordobesa”, el CCDTyE ubicado sobre la ruta nacional N° 20, a unos 12 kilómetros de la capital provincial, alojó una maquinaria de terror planificado conducida por Menéndez.
Desde su lugar de mando, el genocida dirigió y dio las instrucciones para el exterminio de personas, estableció los objetivos, suministró los medios y evaluó la conducta de sus subordinados.
Implicado en unas 800 causas por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, Menéndez no fue beneficiado por la Ley 23.521 de Obediencia Debida. En 1988 fue procesado por 47 casos de homicidio, 76 de tormentos, 4 de ellos seguido de muerte, y 4 sustracciones de menores, pero la Corte Suprema de Justicia lo desprocesó en algunas de esas causas invocando la Ley 23492 de Punto Final.
Aun así, quedaron procesos pendientes para llevar a juicio, con Menéndez como principal imputado. Pocos días antes del comienzo de las audiencias, el 7 de octubre de 1989 el presidente de la Nación, Carlos Menem, indultó al represor, a través del Decreto 1002/89.
El anuncio lo realizó el propio Menem durante un acto en la Sociedad Rural de Chamical, en La Rioja, a tres meses de haber asumido el Gobierno. El juicio contra Menéndez quedó paralizado.
A mediados de 1998, se reabrió una causa penal por 30 fusilamientos y asesinatos de presos políticos cometidos en 1976. El ex Comandante del III Cuerpo de Ejército se negó a declarar y fue detenido por unos días pero rápidamente fue dejado en libertad.
Los juicios
En 26 de octubre de 2005 la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba declaró por mayoría la inconstitucionalidad y nulidad del indulto presidencial en favor de Menéndez, en respuesta a la solicitud de la fiscal Graciela López de Filoñuk, quien el 2 de octubre de 2001 había realizado el mismo pedido a la jueza federal Cristina Garzón de Lascano pero ésta lo había rechazado.
La Justicia se abrió paso y el 27 de mayo de 2008 comenzó un juicio histórico contra Menéndez; Hermes Oscar Rodríguez; Jorge Exequiel Acosta; Luis Alberto Manzanelli; Carlos Alberto Vega; Carlos Alberto Díaz; Ricardo Alberto Ramón Lardone; y Oreste Valentín Padovan por los secuestros, torturas y asesinatos de cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Humberto Brandalisis, Carlos Enrique Lajas, Hilda Flora Palacios y Raúl Cardozo.
Llevados al CCDTyE “La Perla”en noviembre de 1977, los militantes fueron asesinados el 15 de diciembre de ese año. Sus cuerpos aparecieron en la esquina de la Avenida Colón y Sagrada Familia, en una escena que simulaba un enfrentamiento con el Ejército. Esta operación encubridora, denominada “operativo ventilador”, era utilizada por los represores de La Perla.
“Los argentinos sufrimos una guerra desatada por los sicarios vernáculos del comunismo internacional”, afirmó el represor en su descargo durante el juicio.
Agregó: “Ostentamos el dudoso mérito de ser el primer país en la historia del mundo que juzga a sus soldados victoriosos, que lucharon por orden de y para sus compatriotas”. El 24 de julio de 2008 Menéndez fue condenado a la pena de prisión perpetua a cumplir en cárcel común e inhabilitación absoluta perpetua por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°1 de Córdoba.
Un mes después, el 28 de agosto de 2008 el TOF de Tucumán lo condenó, junto al represor Antonio Domingo Bussi, a la pena de prisión perpetua por la desaparición del senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse.
La madrugada del 24 de marzo de 1976, pocas horas antes del golpe de Estado, Vargas Aignasse fue secuestrado en su casa y en presencia de su familia. El senador estuvo detenido ilegalmente en la Brigada de Investigaciones de la Policía de tucumana y en el penal de Villa Urquiza, donde quedó registrado su ingreso. En ambos lugares fue sometido a torturas.
La tercera condena para Menéndez fue el 11 de diciembre de 2009, también en Córdoba, por el secuestro, tortura y asesinato del subcomisario y militante del PRT (brazo político del Ejército Revolucionario del Pueblo) Ricardo Fermín Albareda.
El 25 de setiembre de 1979 Albareda salió de su trabajo en la Dirección de Comunicaciones de la Policía de Córdoba rumbo a su casa pero nunca llegó.
En el trayecto, fue secuestrado por integrantes de la Dirección General de Inteligencia D2, una división de la policía creada para la “lucha contra la subversión”, y llevado al CCD Chalet de Hidráulica, donde fue acusado de traición, torturado y asesinado.
En esa oportunidad, al expediente Albareda se anexaron las causas “Morales” y “Moyano”. Una vez más, Menéndez fue condenado a prisión perpetua por el TOF Nº1 de Córdoba, que le revocó el beneficio de la prisión domiciliaria y ordenó su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario de esa provincia.
Menéndez volvió a ser condenado el 18 de mayo de 2010 por los delitos cometidos contra 22 víctimas del CCD Jefatura de Policía de Tucumán.
El 22 de diciembre de ese año la Justicia lo sentenció a prisión perpetua por los fusilamientos de 31 presos políticos de la Unidad Penitenciaria San Martín de la ciudad de Córdoba, que fueron asesinados entre abril y octubre de 1976 bajo la “Ley de Fugas”, y por los secuestros y torturas sufridas por cinco ex policías y el hermano de uno de ellos en la causa “Gontero”.
El enemigo interno
Durante su descargo, el máximo responsable de la represión en Córdoba aseguró que “los procedimientos usados por las fuerzas armadas, de seguridad y policiales no cambiaron en nada antes ni después del 24 de marzo de 1976, porque aplicamos las leyes y reglamentos militares, y lo que prescribían para luchar contra el terrorismo marxista”.
“Nuestros enemigos fueron los terroristas marxistas”, enfatizó el represor y sostuvo: “Jamás perseguimos a nadie por sus ideas políticas nacionales”.
El juicio, que había comenzado el 2 de julio, fue la primera mega causa de Córdoba. En esa oportunidad, también se juzgó al represor Jorge Rafael Videla, quien fue condenado por primera vez a la pena de prisión perpetua a cumplir en cárcel común.
El 23 de marzo de 2011, un día antes de cumplirse 35 años del Golpe de Estado de 1976, Menéndez fue condenado por la justicia tucumana por “homicidios doblemente agravados y violación de domicilio” en la causa Romero Niklison, en la que se investigaron los asesinatos de cinco personas.
El 6 de diciembre de ese mismo año la Justicia salteña lo condenó a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta por el asesinato de 11 presos políticos en la causa conocida como “Palomitas II”.
Tras la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la condena a prisión perpetua que dictó en 2008 el TOF de Tucumán, Menéndez fue dado de baja del Ejército y perdió su rango el 27 de mayo de 2011.
Los asesinatos en Chamical
En el primer juicio en La Rioja, Menéndez fue condenado, junto al vicecomodoro Luis Fernando Estrella, segundo jefe de la Base Aérea de Chamical, y el ex comisario de la Policía de ese departamento Domingo Benito Vera, a la pena de prisión perpetua en cárcel común por los homicidios de los curas Carlos de Dios Murias y Rogelio Gabriel Longueville, conocidos como los “Mártires de Chamical”.
El párroco francés Longueville y su vicario Murias fueron secuestrados el 18 de julio de 1976 en la parroquia El Salvador, en Chamical. Sus cuerpos aparecieron fusilados, vejados y con los ojos vendados en un descampado a escasos kilómetros al sur de esa ciudad, en Los Llanos riojano.
El 25 de octubre de 2013 el represor fue condenado por el Tribunal Oral Federal de La Rioja a 20 años de prisión por su responsabilidad en siete hechos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos cometidos en 1977, cuando un grupo de docentes y agricultores fueron detenidos ilegalmente y torturados por Gendarmería.
El 12 de diciembre de 2013 el TOF de Tucumán condenó a Menéndez a doce años de prisión por ser el autor mediato del delito de privación ilegal de la libertad de Rita Ariza de Toledo y de su yerno, Jorge Ygel, en noviembre de 1977, con el objeto de despojarlos de 25 hectáreas de una estancia ubicada en la localidad tucumana de Yacuchina.
Sobre esos terrenos se edificó Capitán Cáceres, uno de los cuatro pueblos que Antonio Domingo Bussi programó como una zona de operaciones contra la guerrilla. En esa ocasión, la Justicia también condenó al Estado argentino a pagar a las víctimas una indemnización por el despojo de sus tierras.
A un mes del 38 aniversario del asesinato del obispo de La Rioja Enrique Angelelli, el 4 de julio de 2014, Menéndez y Estrella fueron condenados a prisión perpetua en cárcel común e inhabilitación absoluta perpetua por el homicidio del clérigo y el intento de asesinato de su amigo y colaborador Arturo Pinto.
Angelelli fue asesinado el 4 de agosto de 1976 a raíz de en un accidente automovilístico provocado intencionalmente cuando retornaba desde Chamical hacia la capital de La Rioja, en la misma ruta nacional 38, donde habían aparecido los cuerpos de los curas Murias y Longueville.
La causa que se abrió para investigar lo sucedido se archivó a los pocos días, pues el juez Aldo Ramón Zalazar Gómez resolvió que la muerte del obispo había sido producto de un accidente de tránsito causado “por una rueda desinflada”.
En el juicio se probó que el obispo fue arrastrado herido pero aún con vida fuera de la camioneta en que viajaba y desnucado a unos metros. Pinto, que iba como acompañante, sobrevivió y fue el principal testigo en la causa.
Acciones premeditadas
Los jueces Quiroga Uriburu, Carlos Julio Lascano y Juan Carlos Reynaga determinaron que ambos represores fueron “responsables de una acción premeditada, provocada y ejecutada en el marco del terrorismo de Estado”.
Los otros tres acusados en la causa, Jorge Albano Harguindeuy, Jorge Rafael Videla y Juan Carlos Romero, fallecieron impunes, en esa causa.
El 1 de junio de 2015, Menéndez fue condenado por el TOF de Córdoba a la pena de prisión perpetua por delitos que tuvieron como víctimas a tres estudiantes y militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), Ana María Villanueva, Carlos Delfín Oliva y Jorge Manuel Diez, quienes fueron fusilados el 2 de junio de 1976.
Tras el juicio por la Causa 2470, el 30 de marzo de 2016 el represor fue condenado a prisión perpetua por los delitos cometidos en perjuicio de 28 víctimas en San Luis.
El ex jefe del III Cuerpo fue hallado responsable de las acciones criminales perpetradas por integrantes de la Fuerza Aérea, confirmando así que el Ejército era quien coordinaba la ejecución del plan represivo. También fue declarado culpable como autor mediato de delitos de violencia sexual.
Una multitud se congregó en las puertas del TOF N° 1 de Córdoba el 25 de agosto de 2016 para escuchar la sentencia del juicio de la megacausa La Perla. Con 38 condenas, 28 de las cuales fueron a prisión perpetua, entre ellas la de Menéndez, y cinco absoluciones, el juicio fue uno de los más grandes de la historia judicial argentina.
Por primera vez, el ex Comandante del III Cuerpo de Ejército fue hallado culpable por la desaparición forzada de un menor, nieto de la Abuela de Plaza de
Mayo Sonia Torres, referente de la filial Córdoba.
Con 14 condenas de cárcel, de las cuales 12 eran a prisión perpetua, Menéndez se convirtió en el represor más condenado desde que se iniciaron los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar.
A casi un mes de cumplir 90 años, y mientras gozaba de prisión domiciliaria, el 16 de mayo de 2017 Menéndez pidió el beneficio del 2×1 ante el TOF N°1 de Córdoba, a cargo del juez Jaime Díaz Gavier, pero le fue denegado. Sobre él pesaron las desapariciones, los asesinatos, los secuestros, las torturas y las violaciones de miles de personas.
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GMN SAM HRC
