Lomas de Zamora, septiembre 26 (AUNO)-. A casi dos años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, organizaciones sociales y radios y canales de TV comunitarios nucleados en la Red Nacional de Medios Alternativos y el Espacio Abierto de Televisoras Populares exigieron su reconocimiento jurídico. “No queremos que nos obliguen a tener instancias legales igual que cualquier empresa”, definió Adriana Pascieli, del Frente Popular Darío Santillán (FPDS-Lanús), quien se hace eco en el pensamiento de sus compañeros que se manifestaron el viernes por la tarde a dos meses de la última reunión que mantuvieron con la autoridad de aplicación de la nueva norma.
Durante más de dos horas funcionó una radio abierta en las puertas del edificio ubicado en Suipacha 765, en la Ciudad de Buenos Aires. “Nos dejan afuera porque no tenemos la posibilidad de pagar”, se oyó en la voz de Natalia Vinelli, de Barricada TV, el repudio a las resoluciones 685 y 686.
Las normativas fijan las bases y condiciones del concurso para acceder a una licencia de televisión abierta digital terrestre de alta potencia (hasta 70 kilómetros). El valor de los pliegos es de entre 70 mil y 140 mil pesos para las entidades sin fines de lucro de la Ciudad. Para los medios con fines de lucro va de 100 mil a 200 mil. En terreno bonarense, en cambio, los números son un tanto más considerados: los pliegos para las primeras valen 42 mil, 70 mil y 105 mil pesos, según la zona y cantidad de habitantes, igual que en el resto de las provincias. (Requisitos…)
No obstante, la Afsca informó que habrá pliegos que valdrán de 2.500 a 5 mil pesos y tendrían menos requisitos para las garantías, pero será para emitir en un radio de hasta diez kilómetros. “Quieren hacer que los medios comunitarios sean de baja potencia, no es así con las fundaciones de grandes empresas o de los privados”, se quejó ante AUNO Ariel Tcach, del Faro TV, de Chacarita.
“En lugar de resolver las asimetrías, las han profundizado”, sintetizó el joven, en representación de sus colegas de Canal 4 “Darío y Maxi”, Barricada TV, Faro TV, Cine Insurgente, TVPTS, Voces TV, Contraimagen, La Dignidad TV y Ojo Obrero.
Por eso, a modo de solución, en el petitorio entregado plantearon concursos específicos para las televisoras comunitarias, reconocimiento jurídico, inclusión en la distribución de los recursos estatales para la comunicación y que el acceso a las licencias no se circunscriba a una habilitación para emitir a baja potencia, sino que puedan acceder a una señal por cable que llegue a todo el país.
EL POR Y PARA QUÉ DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS
Esos lineamientos otorgaron marco la jornada del viernes. Desde las 17 entregaron volantes informativos. Y, cuando todo estuvo instalado, comenzó la transmisión en vivo por Antena Negra TV y por el sitio web de la RNMA, hasta que se escondió el sol. Con cortina musical de Los Redonditos de Ricota, cada quien fue entrevistado para expresar su situación y la razón que los convocó.
Allí confluyeron integrantes de organizaciones sociales, radios comunitarias y medios varios que pertenecen a la Coordinadora en Defensa de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular (CoorDeCCAP). “Tal cual como está escrita la letra chica de la ley deja afuera a organizaciones de base que encontraron en la comunicación una forma de salir o tener una alternativa para estar relacionado con el desarrollo educacional y comunicativo”, opinó Alejandro Pérez, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), de Almirante Brown, y que tiene una serie de proyectos de radios comunitarias en la zona.
“Carecen de entendimiento. No saben qué somos y cómo nos manejamos”, lanzó ante el micrófono uno de los referentes de Radio Semilla, de Balvaera y San Cristobal, para criticar tanto a las autoridades como a los requisitos que les exigen.
Es que, según entendieron, los inconvenientes planteados tienen como razón de ser la definición que para unos y otros tiene constituirse como medio alternativo, comunitario y popular. La puesta en común de esa noción es imprescindible para “dar solución al vacío legal existente por la indefinición de la Ley 26.522 respecto a estos medios”, precisa el documento.
Claro está que el propósito que los une coincide con la esencia promotora de la denominada “Ley de medios”. Aún así, Dora Regnet, del FPDS-Esteban Echeverría, remarcó su punto de vista basado en un cambio paradigmático: “Que no se tome a la comunicación comunitaria como una empresa para poder construir una visión crítica desde las bases hacia toda la sociedad”.
En tanto, la cuestión de los recursos necesarios para sostener una señal de televisión como en el caso de las radios, es un tema que aún resta discutir, ya que aún no se especificó de dónde el Estado sacará los recursos que dice se destinarán a organizaciones sin fines de lucro, ni el monto, ni cuándo los pondrá a disponibilidad.
CP-AFD
AUNO-26-09-11
Requisitos para acceder a una licencia
Lomas de Zamora, septiembre 26 (AUNO).- Entre tantos otros puntos —además del dinero que se debe abonar por pliego— la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual exige a las asociaciones y organizaciones sin fines de lucro dos requisitos legales. Por un lado, la presentación de una garantía por parte de los oferentes equivalente al valor de un pliego y medio y, en caso de acceder a una licencia, el pago mensual de 24 mil pesos para el mantenimiento de tecnología.
También la presentación de inscripción en la AFIP, documentación contable, al día y refrendada por certificaciones cuyo costo no es menor y una nómina detallada de los empleados involucrados en la televisora, con sus cargas sociales y ART actualizada.
Los trámites legales que deben cumplir significan “dolor de cabeza e implican costos”, para Alejandró Pérez, del Frente de Organizaciones en Lucha y la agencia Anred. “Nuestra organización, que tiene trayectoria, pagó entre el contador y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 4600 pesos. Otras organizaciones no llegan. ¿Qué le queda a los que no tienen estructura?”, ejemplificó y cuestionó.
Los medios comunitarios “deben ser eximidos del pago de impuestos, cargas sociales, costosos e improcedentes trámites frente a la AFIP”, determina el documento. La razón, para que ello sea así es simple: se sostienen fundamentalmente por recursos de sus propias comunidades basado en el trabajo colectivo y solidario.
Respecto de la infraestructura necesaria para poner en marcha una radio o un canal de televisión, también se solicita la homologación del equipamiento. Ese punto, también es rechazado, de la misma manera que lo es el hecho de que se exigen profesionales de la comunicación.
“La idea es que los vecinos expresen sus vivencias y que piensen cómo transformar las carencias que tiene el barrio. En tanto organización, nuestra expectativa es crear un espacio nuevo para comunicar lo que estamos haciendo”, graficó Andrés Mater, del FPDS-Esteban Echeverría.
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