Los varones, jóvenes y pobres son el blanco de la represión, según el informe de Correpi

La organización presentó un informe que da cuenta de que casi 850 fueron las víctimas de las fuerzas de seguridad desde mayor de 2003. Buenos Aires es la provincia con más casos, pero el porcentaje de víctimas por habitantes es similar en varios centros urbanos del país. Del 66% de los casos son responsables las policías provinciales. Los datos se presentaron en Plaza de Mayo. Estuvieron familiares del maestro Carlos Fuentealba.

Una Pirámide de Mayo rodeada por un centenar de agentes de la Policía Federal, fue, paradójicamente, el escenario que recibió a las agrupaciones sociales que se dieron cita en el acto anual organizado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que presentó su informe anual sobre “personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado” que ascendieron a 847 durante la gestión de Néstor Kirchner.

Desde el inicio del gobierno saliente, el 25 de mayo de 2003, hasta el 30 de noviembre de este año, la Correpi registró ese total de víctimas de la represión policial que, sumadas a las conocidas desde 1996, son en total 2334; sin contar “la cifra negra” de los casos que no llegan a conocimiento de la institución, según aclaró a AUNO una de las abogadas y titulares de la coordinadora, María del Carmen Verdú.

La Plaza de Mayo comenzaba a poblarse, desde las 17, de madres con fotografías de sus hijos que ya no están, de banderas de agrupaciones de derechos humanos, de partidos políticos de izquierda y movimientos de trabajadores.

Con la mirada de frente a la Casa Rosada estaban expuestas las fotos de algunas de las víctimas de los casos de represión denunciados, como las del sargento Hugo “Beto” Cáceres, de Don Torcuato, que solía fotografiar a las personas que detenía antes de fusilarlos. Los familiares de los muertos rescataron esas imágenes para exponerlas en cada ocasión que se repudia el accionar represivo de las fuerzas de seguridad, pero esta vez colocaron bandas negras para cubrir los ojos de las víctimas en las fotografías a fin de respetar su memoria.

Según Verdú, “más de las dos terceras partes de las víctimas tenía entre 15 y 25 años y pertenecían a sectores sociales postergados; el blanco de la represión estatal es el ‘varón, joven y pobre’”.

El informe que la Correpi presentó en el acto denuncia que el principal mecanismo de represión en 2007 fue el de “fusilamiento o gatillo fácil” como en 2006, al que le sigue “la muerte de personas privadas de su libertad en cárceles o comisarías presentadas oficialmente como inverosímiles suicidios”.

El tercer lugar en la siniestra lista lo ocupa la “muerte de transeúntes provocada por el desprecio a la vida humana por parte de los policías”, y el cuarto es para “los asesinatos en el marco de la protesta social”, que desde 1995 se ha cobrado “51 víctimas”.

La letrada graficó a esta agencia que si bien “la provincia de Buenos Aires (con 14 millones de habitantes) presentó 1101 casos, que representan el 47,11 por ciento del total del país”, la cifra no es “tan superior como suele creerse si se la compara con otras provincias que poseen menos casos (de muerte por represión policial) porque tienen menor población”, tal como ocurre con Tierra del Fuego que en 2007 presentó nueve muertes sobre una población de 110 mil personas.

Frente a esta reflexión, “prácticamente no hay diferencias entre Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Buenos Aires, Capital Federal, Entre Ríos, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego”, analizó.

Las “detenciones arbitrarias” son otras de las maneras corrientes de aprehender a “los blancos de la represión”, según lo dicho por la abogada Verdú, quien resaltó que lo expuesto en el informe presentado por la Correpi detalla que “las policías provinciales cometieron el 66,30 por ciento de los casos investigados” por la Justicia, luego siguen “los servicios penitenciarios con el 17,32 y la Policía Federal con el 9, 75 por ciento”.

Sin embargo, el “Archivo 2007” de la organización señala una “creciente presencia de la Prefectura Naval o la Gendarmería” (como lo muestran las represiones a los trabajadores del Casino de Buenos Aires y del Hospital Francés, respectivamente), pero también hay una mayor participación en hechos de violencia de “patotas parestatales”, término con que la Correpi entiende a “los punteros barriales, ‘batatas’ sindicales y barras bravas de fútbol que reprimen a los trabajadores” bajo la apariencia de pertenecer a “grupos privados”.

El acto del viernes comenzó a las 18, montado sobre un camión que funcionaba de soporte y tarima desde el que luego los organizadores se dirigirían a las más de 600 personas que respondieron a la convocatoria; y lo hicieron cuando los policías ya se habían retirado a los laterales de la Plaza, hacia las calles Hipólito Yrigoyen y Rivadavia.

Los oradores que pusieron en común su “lucha” fueron, entre otros, los trabajadores del Casino de Buenos Aires (reprimidos la semana pasada por la Prefectura durante una protesta), de los hospitales Francés y Garrahan, de la Fábrica Pagoda de San Luis, y del INDEC, quienes coincidieron en convocar a los presentes para una marcha en la misma Plaza de Mayo para el jueves 20, en un nuevo aniversario de la movilización popular que puso fin al gobierno de Fernando de la Rúa y que dejó 37 muertos por la represión policial.

Alberto Rodríguez, cuñado de Carlos Fuentealba, el maestro asesinado en Neuquén por la acción de fuerzas de seguridad durante un corte de ruta organizado por el gremio docente en abril de este año, también se adhirió a la convocatoria de la Correpi porque, según comentó a AUNO, le “conmueve la actividad de una organización con una historia de tantos años de lucha”, y por la “importancia de organizarse para la defensa de los derechos de todos”.

La emoción y la efervescencia de las consignas de “lucha y resistencia” se mezclaban con las miradas de las madres de las víctimas: algunas con lágrimas en sus ojos, otras con la risa y el grito como manera de respuesta a un vacío que difícilmente será saldado.

“Yo siempre estoy con la misma sonrisa, hay que seguir luchando”, admitió a AUNO Ramona Núñez, mamá de Jorge “Chaco” González, muerto luego de que los policías Isidro segundo Concha Y Ramón Quevedo, un caso cuya controvertida condena se dio a conocer el pasado miércoles que libró a los efectivos de la intención de matar a González. (ver Matar sin querer queriendo )

Alrededor de las 19.30, el acto llegó su fin con un discurso leído por María del Carmen Verdú y Nicolás Espósito, otro de los abogados de la agrupación, en el denunciaron que “el delito es un negocio, una empresa que como todas pertenece a los sectores de la burguesía” en un Estado que trata de lograr que “si hay miseria, que no se note; y si hay represión, menos todavía”.

Luego de que las consignas de “organización y lucha” fueran repetidas con fervor por los presentes, las agrupaciones se desconcentraron hacia las distintas calles del centro porteño, y los efectivos policiales se dispersaron cada vez más hacia la reja que divide, como es costumbre, la Casa de Gobierno con la Plaza de Mayo ya cada vez más vacía, a la espera de una nueva convocatoria popular.

MNL-AFD
AUNO-14-12-07
locales@auno.org.ar

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