La Argentina ya es parte de una red latinoamericana por el acceso a información pública

La Asociación por los Derechos Civiles puso en funcionamiento, junto con otras cinco organizaciones regionales, un sitio en Internet para brindar asesoramiento sobre los pedidos de información en la esfera estatal. El derecho tiene rango constitucional, pero los organizadores de la página advirtieron a AUNO-Tercer Sector que “la existencia de una ley no garantiza su correcto uso”.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), junto a otras cinco organizaciones sociales latinoamericanas, puso en funcionamiento una nueva herramienta en Internet, el portal “Periodismo por el Acceso a la Información Pública” (www.periodismo-aip.org), con el fin de brindar asesoramiento a periodistas o cualquier persona interesada para hacer pedidos de datos en la esfera estatal.

El sitio nació con la idea de dar a conocer las distintas experiencias que los periodistas de Latinoamérica tienen en la materia, y con la intención de motorizar una red de profesionales de la comunicación comprometidos con la utilización y promoción de este derecho.

El portal es de sencilla navegación y permite acceder a las legislaciones en el área de varios países latinoamericanos, consultar casos periodísticos basados en pedidos de información pública y leer artículos de opinión de periodistas o especialistas en el derecho a saber.

Las notas presentadas en la página no sólo son de periodistas miembros de la red, sino que el ADC abrió el espacio a otros profesionales interesados en expresarse sobre el derecho a la información.

La coordinadora del sitio, Emelina Alonso, aseguró a AUNO-Tercer Sector que el espacio “es muy bien recibido por los usuarios” y que apuntan a ampliar cada vez más la cantidad de visitantes.

“Somos concientes de que estamos empezando, pero tenemos fe en que es un gran avance para todos”, expresó Alonso.

Además de la Asociación por los Derechos Civiles, promotora del proyecto en la Argentina, participan de la movida el Instituto Prensa y Sociedad (YPYS) de Venezuela, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Perú-, la Fundación B. de Cahamarro de Nicaragua, y Periodismo Social y FOPEA de la Argentina.

En la Argentina, el acceso a la información es un derecho con rango constitucional que está avalado por el decreto 1172 de 2003, con firma del ex presidente Néstor Kirchner. Pero hay incluso reglamentaciones más antiguas: en 1998 fue sancionada la ley 104 en la Ciudad de Buenos Aires. Para Alonso, “la existencia de una ley no garantiza su correcto uso”, por lo que sentenció: “Es nuestro deber dar a conocer dicha ley”.

El proyecto tuvo una presentación formal el miércoles 7 de mayo en la Universidad de Palermo, con un debate con periodistas y estudiantes en la que se destacó la importancia que tiene para el individuo saber sus derechos, y hacerlos valer y respetar.

Sin embargo, el trabajo de ADC no comenzó con esta iniciativa sino que se remonta a 2007 en lo que se refiere a brindar asesoramiento a los periodistas, e incluso este proyecto tiene como punto de partida un concurso que la Asociación organizó años atrás basado en peticiones de acceso a la información pública.

En otras áreas, la ADC realizó por ejemplo campañas de concientización a nivel nacional sobre salud, que incluyeron un programa para hacer valer y respetar la Ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, evaluando si en los hospitales y centros de salud se brindaban en forma gratuita métodos para impedir embarazos no deseados en jóvenes y enfermedades de transmisión sexual.

“Nuestra labor es trabajar de forma pedagógica con toda organización que lo necesite”, recalcó Alonso.

GA – GDS

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