Judicializar o no, ésa es la cuestión

El debate por una nueva ley de responsabilidad penal juvenil puso frente a frente a los discursos del denominado arco progresista. De un lado están los que ven en el proyecto un avance para las garantías de los menores en conflicto con la ley. Del otro, los que priorizan ejecutar políticas integrales de salud, educación y trabajo para los padres, antes de hablar de normas que, en definitiva, judicializan a los niños. Emilio García Méndez, Claudio Lozano y dos referentes de organizaciones que encabezaron un reclamo frente al Congreso, en mayo pasado, sintetizan la discusión.

El proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil que tiene media sanción del Senado es una de las temáticas que genera discusiones internas en el denominado arco progresista de la política y las organizaciones sociales. Algunas de esas voces argumentan que el texto de la ley es beneficioso por las garantías que brinda a los menores y está basado en las mejores legislaciones internacionales. Del otro lado, plantean que esa propuesta de todas maneras “judicializa a los pibes” y, por lo tanto, habría que aplicar políticas públicas de la infancia con mayor impacto.

Actualmente, en Argentina rige como legislación un decreto ley de la dictadura denominado Ley de Patronato, que permite la judicialización de los mayores de 16 años y la disposición arbitraria de los menores de 18 años por parte de los jueces.

Más allá de que existen en el país legislaciones que tratan la problemática, como por ejemplo la incorporación constitucional de la Convención de los Derechos del Niño, el cumplimiento de las obligaciones de Estado en esta materia sigue recibiendo críticas de varios sectores sociales y políticos.

Algunas de las novedades del proyecto que se debatirá próximamente en Diputados, son la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, la creación de un sistema institucional con mayor contención social que reemplace al Patronato y la imposibilidad de juzgar al menor en el ámbito penal de la misma manera que a un adulto.

A FAVOR Y EN CONTRA
El ex asesor de UNICEF y otrora diputado nacional Emilio García Méndez comentó a AUNO que “pocas veces” vio un proyecto con “tanta calidad técnica y consenso político” como el sancionado por la Cámara Alta. Por eso “es una vergüenza que el decreto de la dictadura esté vigente”, enfatizó. Además, recordó que también rige un fallo de la Corte Suprema de Justicia que “convalidó la privación de la libertad de los menores” sin ningún proceso previo.

Al cruce de esa postura salió el diputado nacional (Proyecto Sur) y economista de la CTA Claudio Lozano, quien en diálogo con esta agencia aseguró que pensar la solución a la delincuencia juvenil bajando la edad de punibilidad “es (algo) hipócrita”. En su criterio, ése es un pensamiento propio de una “sociedad que condena a los pibes”.
No obstante, concedió: “Nos parece perfecto pensar un sistema integral de atención sobre los pibes, pero no que se baje la edad de punibilidad”.

“En la nueva ley, los mayores de 18 son ‘imputables’ penalmente y los menores son ‘responsables’”, defendió García Méndez. Y agregó que con la legislación que rige hoy “la edad de imputabilidad es desde que nacen”. La referencia puede ejemplificarse con casos de la Justicia Civil en el Estado dispone de los chicos de padres separados o con problemas económicos para la crianza.

El 18 de mayo pasado, diversas organizaciones sociales que contienen a niños y niñas, y la CTA realizaron una concentración frente al Congreso bajo el lema “No a la baja de la edad de imputabilidad”. Una de ellas fue Chicos del Sur y El Palomar, de Lomas de Zamora, y Ruca Hueney, de General Rodríguez, entre otras. La referente de Chicos del sur, Estela Rojas, planteó que “parece que la única ley para la infancia aplicable es la ley penal” y afirmó que con el proyecto que se discute en el Congreso “se busca penalizar el descuido de los adultos hacia los niños”.

Desde Ruca Hueney, sostienen que “no hay jóvenes en conflicto con la ley”. Uno de sus responsables, Omar Giuliani, sugirió a AUNO que el conflicto lo tienen “los que deben distribuir la riqueza y no lo hacen”.

En esa línea, el diputado Lozano enfatizó lo que ya es un lema de las organizaciones: “Ningún pibe nace chorro”. Y evalúo que si hay delincuencia juvenil “las instituciones son responsables” de ello porque, argumentó, “el 30 por ciento de la población es pobre y la mitad de los pobres son pibes”, y “la mayoría de los presos son jóvenes menores de 25 años”.

En diálogo con esta agencia sobre el trasfondo del proyecto de ley, Rojas analizó con una medida de esa naturaleza “se encubre la criminalización de la pobreza y la niñez”. En la misma dirección, Giuliani sentenció: “La idea es penalizar la pobreza y la juventud”.

PROMOVER POLÍTICAS O JUDICIALIZAR
“No queremos cambiar ninguna ley, queremos otra política de infancia”, dejó en claro Rojas. Giuliani sostuvo: “Sabemos que hay otras respuestas para los pibes como trabajar en su salud y educación”, cuestiones que “no necesitan” la creación de un nuevo régimen penal.

Lozano priorizó “hacer foco sobre el combate a la pobreza y las políticas integrales para la niñez”. Igualmente contó que desde su espacio político tienen un proyecto que intenta modificar el sistema institucional juvenil pero manteniendo la edad de punibilidad que rige actualmente.

Según García Méndez: “La ley tiene que estar para administrar el problema de forma ordenada y racional, pero para resolver la delincuencia juvenil, están las políticas sociales”, y marcó que “los que quieren reemplazarlas por leyes penales, se equivocan”.
Giuliani insistió que “si no se garantiza una vida digna no se puede discutir un proceso penal”.

¿PROGRESISMO VERSUS PROGRESISMO?
“Los que se oponen a la nueva ley de algún modo defienden el decreto de la dictadura”, criticó García Méndez. También dejó a entrever que en los sectores progresistas que rechazan la ley “hay un poco de desconocimiento, pero también una defensa de intereses corporativos”.

Desde otra posición, Rojas interpretó que “hay gente que con buena intención habla de las garantías de esta ley, pero es difícil que las haya en un sistema que no las ofrece”.
Giuliani interpretó que los referentes del progresismo que apoyan la ley “están viendo la cuestión jurídica y no la cuestión social”. Además, los acusó de “avalar la judicialización” de los pibes. Y remató: “Vemos peligroso ese doble discurso progresista”.

ARGUMENTOS CRUZADOS
“Nunca movieron un dedo frente a menores de 16 años privados de la libertad sin un debido proceso”, señaló García Méndez sobre quienes critican la baja de edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Y fue más directo: “Claudio Lozano es responsable de esa posición”.

“García Méndez viene trabajando en el limbo de la academia y yo vengo trabajando con las organizaciones de la niñez”, respondió Lozano, que defendió que en la CTA hay organizaciones que “se comprometieron con los pibes imputados” por la justicia y que “caminan ‘la calle’, por la cual García Méndez nunca anduvo”.

Para el asesor de Unicef, “hasta en los países más avanzados tienen delincuencia, y tienen este tipo de legislación”, como el que se discute en Diputados.

Para Lozano, García Méndez “piensa la ley para una realidad como la de los países nórdicos, para una sociedad que tiene necesidades resueltas que aquí (en Argentina) no lo están”.

LR-AFD
AUNO-04-06-10

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Puedes usar estas etiquetas y atributos HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>